Pese a que la Fiscalía había solicitado penas elevadas de prisión e indemnizaciones millonarias para los encausados, entre los que estaba el exalcalde de Alhendín y tío del actual presidente del PP granadino, así como el marido de Ana Rosa Quintana, la «duración extraordinaria» del proceso les deja sin pisar la cárcel
Hemeroteca – La macrocausa de corrupción que apunta al PP granadino encara tras 20 años su recta final con visos de archivarse
La macrocausa de corrupción urbanística que afectaba al PP de Granada, conocida como ‘caso Marchelo‘, se cierra sin que ninguno de los condenados vaya a ir a la cárcel. Pese a que tanto la instrucción judicial como la petición de penas por parte de la Fiscalía apuntaban a que la mayoría de los acusados tendrían que ir a prisión, eso no sucederá. La macrocausa se cierra con penas leves precisamente porque ha durado demasiado tiempo, según reconoce la Audiencia Provincial de Granada.
La “duración extraordinaria” del caso, de casi 20 años, ha hecho que se les aplique el atenuante que hará que ningún condenado sea privado de libertad. De las tres piezas en las que estaba dividida la causa, queda solo una abierta que afecta principalmente al exalcalde de Alhendín, José Guerrero, que es tío del actual presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez. Aunque por su edad -94 años- y su salud, tampoco tendrá mucho recorrido judicial. También afecta a Manuel Fernández, exconcejal de Urbanismo, que es el principal condenado de toda la macrocausa, que si esta pieza prospera podría acabar siendo el único de los condenados que acabe en prisión.
De este modo, la Audiencia Provincial de Granada da casi carpetazo a la macrocausa urbanística que ha puesto en el foco al Ayuntamiento de Alhendín en las últimas dos décadas, a la espera que se resuelva la última pieza -la de menor importancia procesal y mediática-, en uno de los casos más prolongados en la historia judicial de la provincia. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, fechada el pasado 23 de mayo y avanzada por El Independiente, impone condenas a varios exconcejales y empresarios por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos en grado de tentativa y prevaricación administrativa y urbanística.
Sin embargo, la extensa duración del proceso -18 años y 11 meses- ha dado lugar a la aplicación de “la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas”, lo que ha rebajado de forma significativa las penas. A pesar de que la Fiscalía pedía más de una década de cárcel para los principales investigados e indemnizaciones millonarias, ninguno de los condenados tendrá que enfrentarse a ello.
El procedimiento, iniciado en 2006, estaba dividido en tres piezas separadas. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial, resuelve ahora dos de ellas: la relativa al desarrollo del polígono industrial Marchalendín y la urbanización del sector Novosur en Armilla. La tercera, relacionada con la construcción de una gasolinera, permanece aún abierta en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Fe, que sigue investigando la adjudicación de esa instalación.
En las dos piezas resueltas, el principal condenado es Manuel Fernández, exconcejal de Urbanismo de Alhendín y mano derecha de José Guerrero, el entonces alcalde, que dimitió tras ser imputado, dejando el puesto a su sobrino, Francisco Rodríguez, actual presidente del PP de Granada y edil en el Consistorio. Fernández ha sido condenado a dos años de prisión, seis meses de multa con cuota diaria de diez euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público electivo. Si la causa de la gasolinera, que sigue abierta, se cerrase con otra condena para Fernández que incluyese prisión, sí tendría que ir a la cárcel al superar los dos años mínimos que exige la legislación para ser privado de libertad.
Además de en esa pieza separada, en las otras dos, según recoge la sentencia, Fernández recibió participaciones en la sociedad Parque Empresarial Alhendín S.L. y aceptó una vivienda gratuita en la urbanización Novosur, como contrapartida por garantizar la aprobación de licencias y convenios urbanísticos. El tribunal señala que, en estas operaciones, se vulneraron normas básicas, como la exigencia de informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio de Defensa.
De multas millonarias a apenas miles de euros
La Audiencia también condena a los empresarios Manuel Melguizo Ruiz, Juan Muñoz Tamara (marido de Ana Rosa Quintana), Fernando Muñoz Nogueras (suegro de Ana Rosa Quintana), Rafael Alonso Polo y Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez, a un año de prisión, cinco meses de multa y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En la sentencia se señala que todos ellos participaron en los acuerdos y actuaciones que llevaron a la aprobación de licencias y convenios que incumplían la normativa. Además, en casos como el de Muñoz Tamara y Fernando Muñoz, a los que la Fiscalía les pedía una indemnización de 3,5 millones de euros, solo tendrán que abonar algo más de 18.000 euros.
La sentencia detalla cómo el Ayuntamiento de Alhendín, a través del edil de Urbanismo, malvendió un terreno para la construcción del polígono industrial mencionado, perjudicando a las arcas municipales en 9,5 millones de euros, teniendo el concejal participaciones en la empresa que estaba detrás de ese polígono rebautizado como Marchalhendín. También cómo se adjudicaron contratos a esos mismos empresarios condenados, como la obra de un parque municipal-mercadillo ambulante, a través de concursos públicos modificados para adaptarse a la oferta de la empresa Tarje. Así como el hecho de que el Ayuntamiento de Alhendín aprobara licencias de construcción en terrenos que invadían servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Armilla sin esperar a los informes del Ministerio de Defensa, lo que finalmente obligó a adoptar medidas correctoras.
Uno de los puntos que resalta la sentencia es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no fue integrada en la Junta de Compensación de la urbanización Novosur, pese a ser propietaria de terrenos afectados por el encauzamiento del Barranco de la Calera. La Confederación estima un perjuicio económico de más de 300.000 euros, aunque no lo reclama en este procedimiento y lo hará en otro proceso civil.
Con respecto al exalcalde José Guerrero, la causa contra él ha quedado archivada provisionalmente por motivos de salud y edad avanzada, pese a que se pedían 15 años de prisión contra él. El tribunal deja la puerta abierta a reanudar la causa si su estado mejora. Algo poco probable, por lo que también quedaría excluido de la pieza que queda abierta, en la que se investiga la concesión de la licencia para una gasolinera en un suelo no apto.
Según la Fiscalía, el entonces alcalde y su concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, infringieron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al favorecer al empresario Rafael Tallón -también investigado-, que ni siquiera era propietario de la parcela donde se construyó la gasolinera. La finca pertenecía a la familia del propio alcalde Guerrero, que la vendió por 180.000 euros.
En definitiva, la macrocausa de corrupción urbanística, que llegó a generar portadas de periódicos y un terremoto político a nivel local, se cierra casi sin hacer ruido. La Audiencia justifica la reducción de las penas aplicando la “atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada”, por la duración extraordinaria del proceso y las “numerosas y extensas paralizaciones” que recoge la sentencia.
Además, el Ayuntamiento de Alhendín, en el que sigue como concejal Francisco Rodríguez, presidente del PP de Granada y sobrino del exalcalde Guerrero, y que en su día se personó como perjudicado, no ha reclamado indemnizaciones en esta sentencia, aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo en el ámbito civil.
