La Comisión Europea cree que la falta de vivienda asequible puede acabar lastrando el crecimiento económico, impulsado en buena medida por la fuerza laboral migrante
Bruselas pide a España que la presión fiscal pase del empleo al consumo, el sector inmobiliario y la contaminación
La crisis de vivienda en España preocupa cada vez más en Bruselas. En la Comisión Europea no son ajenos a los preocupantes datos de entidades como el Banco de España: se necesitan 600.000 viviendas para paliar situaciones como la del alquiler ya que el 40% de los españoles le destina más del 40% de su salario frente al 27% de la media europea. Lo que hasta ahora es un problema social puede acabar convirtiéndose en un lastre para la economía española, señalan fuentes comunitarias. Y la Comisión Europea introduce por primera vez el asunto en sus recomendaciones a España en el marco del análisis económico del semestre.
“La escasez de viviendas y su efecto en el precio de la vivienda repercute en la renta disponible de los hogares y representa un reto, especialmente para las familias con rentas bajas y los jóvenes”, recoge el informe elaborado por la Comisión Europea sobre la situación en España. No es la primera vez que Bruselas alerta de los riesgos de la falta de vivienda asequible y de los disparados precios del alquiler en España. Pero sí que ahora introduce recomendaciones concretas para intentar paliar esa situación que, de no mejorar, puede suponer un problema para el crecimiento de la economía del país, según admiten fuentes comunitarias.
“Aumentar la oferta de viviendas completando la reforma de la ley del suelo, reduciendo los plazos de tramitación de permisos, eliminando los cuellos de botella administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Reforzar la oferta de viviendas sociales y asequibles”, señala Bruselas en sus recomendaciones.
La Comisión Europea centra, por tanto, parte de su evaluación en la necesidad de aumentar el parque de viviendas. Esa era una de las pretensiones de la ley del suelo que el Ministerio de Vivienda tuvo que retirar para evitar una derrota en el Congreso al no contar con el apoyo ni de sus socios ni del PP para sacar adelante. Pedro Sánchez pedirá a los presidentes autonómicos que se tripliquen los fondos destinados a vivienda. Pero Bruselas también pide reducir las trabas administrativas para fomentar la construcción al igual que para encontrar mano de obra ya que, según los cálculos recogidos por el gobierno comunitario, el 50% de los empleadores dicen no encontrar trabajadores.
La otra pata en la que se centra la Comisión Europea es la necesidad de que esa vivienda sea asequible. La gran preocupación es que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda y tampoco los grupos vulnerables, entre los que los técnicos comunitarios incluyen a las personas migrantes, en cuya fuerza laboral se sustenta parte del crecimiento de la economía española. Y sin ese colectivo, los datos macroeconómicos pueden quedar lastrados, según fuentes comunitarias.
“El reto de la pobreza infantil para la competitividad futura”
La radiografía que hace la Comisión Europea sobre el riesgo de pobreza y exclusión social de los niños también es dramática al recordar que más de uno de cada tres está en esa situación, a pesar de medidas como el Ingreso Mínimo Vital o el Complemento de Ayuda para la Infancia, para los que pide también simplificación burocrática que eviten las trabas en el acceso.
Y en Bruselas lanzan una advertencia con un cariz económico sobre esa situación: “En un contexto de elevados riesgos de pobreza y exclusión social, la pobreza infantil constituye un importante reto estructural para la equidad social y la competitividad futura”.
Otra de las crisis que en la Comisión Europea leen con la calculadora es la emergencia climática. La estimación es que puede suponer una caída del 7% del PIB de la Unión Europea y España no es ajena a esa situación. Es más, ha vivido en sus propias carnes cómo la DANA, más allá de las más de 220 víctimas mortales, ha provocado daños materiales que se cifran en torno al 0,4% del PIB.
Preparación frente a catástrofes naturales
Ese impacto ha quedado reflejado en la cifra déficit, que aumentó al 3,15% frente al 2,8% que tenía previsto el Gobierno. El cambio no es menor dado que la ortodoxia fiscal europea obliga a los estados miembros a estar por debajo del umbral del 3%. No obstante, España ha sorteado la apertura de un expediente sancionador precisamente porque el exceso se debe a una catástrofe natural. Las ayudas del Gobierno por el momento han supuesto 10.600 millones de euros.
“Los riesgos climáticos afectan directamente a la economía y la sociedad españolas, con un elevado número de víctimas mortales y pérdidas económicas derivadas de fenómenos meteorológicos y extremos relacionados con el clima”, apunta el informe de la Comisión Europea, que también señala que la “degradación de la naturaleza supone un riesgo significativo para la economía y la competitividad españolas”.
“Es necesario invertir más en infraestructuras para que el sistema hídrico sea más resistente. Anticiparse y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, como las inundaciones, la erosión costera y del suelo, la desertificación, las sequías, las olas de calor y los incendios forestales, sigue siendo un reto fundamental en España. Redoblar este trabajo también mejoraría la resiliencia hídrica del país”, apunta la Comisión Europea, que también incluye en sus recomendaciones la necesidad de incrementar las interconexiones energéticas con el resto de la UE, que es una de las peleas que están liderando España y Portugal desde el apagón ante las resistencias de Francia.
