Diez años después de su nacimiento en Argentina, el colectivo de feminismos se ha movilizado resignificando el leit motiv de entonces: «Nuestras vidas cuentan», ante un gobierno ultraderechista que se muestra hostil a la vida de jubilados, personas con discapacidades y médicos
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Diez años después de la primera marcha de Ni Una Menos, los feminismos se han dado cita frente al Congreso de la Nación acompañando la protesta de jubilados, trabajadores de la salud y personas con discapacidad. Porque la vulneración de los derechos fundamentales está en el centro del reclamo colectivo: la motosierra del gobierno ultraderechista de Javier Milei ha desmantelado políticas públicas y programas de género y ha cercenado pensiones y salarios.
Desde que asumió el gobierno de Milei, en diciembre de 2023, el escenario se volvió alarmante para los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. María Pía López, exintegrante de Ni Una Menos, académica y escritora, participa de esta movilización y señala a elDiario.es que el Ejecutivo actual ha definido como enemigos a los feminismos y a todo grupo que apueste por un enlace social no mercantil. “Es un gobierno homofóbico, transfóbico, que también ataca fuerte los derechos de las personas jubiladas y las que tienen discapacidades. Todo el tiempo parte de una idea de que hay un conjunto de la población desechable. Hace diez años nosotras dijimos que nuestras vidas cuentan, ese fue el corazón del movimiento. Este gobierno dice que no todas las vidas cuentan, que un jubilado puede ser tratado como un número en un posible déficit fiscal, y eso hace que las jubilaciones estén congeladas”.
Un informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) destaca que durante 2024 casi el 20% del ajuste del Estado estuvo explicado por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima es de 304.726 pesos (224 euros), a la que se le suma un bono de 70.000 pesos congelado desde marzo de 2024.
Todas las cuestiones que hacen a los derechos atravesaron esta marcha en las inmediaciones del Congreso en el centro de la ciudad de Buenos Aires, mientras dentro del recinto se debatía la emergencia en las prestaciones de personas con discapacidades y un aumento en las jubilaciones. Más tarde, los diputados darían media sanción a una subida del 7,2% de las jubilaciones y una actualización del bono, que pasaría a ser de 110.000 pesos. Sin embargo, el gobierno ya anticipó que vetará la iniciativa en caso de convertirse en ley por atentar contra el equilibrio fiscal.
Rita Merlo, mamá de Mateo, de cinco años, un niño con trastorno en el desarrollo del lenguaje, cuenta el drama que vive con un sector que el Estado ha desfinanciado. “Nos están dejando totalmente vulnerados, no están pagando las cinco terapias de mi nene. Desde febrero que no les pagan a los terapeutas de mi hijo; nos están quitando el derecho a un acompañante en el ámbito educativo, que para Mateo es importantísimo para que siga estudiando”.
El gobierno planea reducir, por lo menos, el 30% del total de las pensiones por discapacidad vigentes a través de una auditoría, que las organizaciones sociales denunciaron ante la ONU por las irregularidades que detectaron en el proceso.
Diez años de lucha
Ni Una Menos nació primero en torno a lo más urgente: los femicidios. Movilizó a multitudes y generó un consenso desde el cual reclamar al Estado por su responsabilidad. Los observatorios feministas calculan que serán más de 2700 los femicidios en estos diez años. Una década en que se lograron conquistas como la ley de paridad de género y el derecho al aborto.
Luci Cavallero, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda y miembro de Ni Una Menos en sus inicios afirma que “la velocidad con que el gobierno de Milei está atacando al pueblo en su conjunto, al movimiento feminista y al movimiento sindical es de una intensidad de un shock neoliberal que no tiene antecedentes por su capacidad de destrucción”. “Necesitamos como gesto político unidad de todas las luchas de todos los sectores, necesitamos crecer en la transversalidad, en la capacidad de coordinación política, más allá de las internas, más allá de las coyunturas electorales, necesitamos enfrentar hoy el daño que están generando estas políticas”.
El gobierno ha desmantelado todas las políticas para prevenir la violencia de género. La línea telefónica 144 de atención a las víctimas de violencia machista ha sufrido un recorte drástico de personal; se pusieron en pausa las capacitaciones de la Ley Micaela (promulgada en 2019 en homenaje a Micaela García, víctima de femicidio), se cerró el Ministerio de la Mujer y también 13 programas de género dependientes del Ministerio de Justicia.
María Pía López advierte los efectos de la motosierra a la gestión pública. “Los recortes afectaron los dispositivos que tenían que ver con la prevención y atención de violencia de género, por ejemplo, el desguace de programas centrales como el de acompañamiento a personas en situación de amenaza de violencia femicida, que no podían salir de circuitos de violencia hogareña por razones económicas y podían tener un auxilio del Estado para hacerlo. En un sentido más general, cuando hoy se atacan las instituciones universitarias, las instituciones científicas, uno de los argumentos que se ponen para atacarlas es que son instituciones en las que prima o existe lo que la derecha llama la ideología de género”.
“Privatizar los cuidados”
Para López el poder político combate los feminismos como parte de un proyecto de las ultraderechas globales. “Cuando no se financian las escuelas, cuando no se financian las atenciones específicas para discapacitadas y discapacitados, cuando se hambrea a jubilados, en realidad lo que se está haciendo es producir una privatización cada vez mayor de los cuidados y esa privatización de los cuidados sobre personas vulnerables, adultas mayores o niñas, recae sobre la población feminizada. Entonces, todo lo que llaman recorte estatal tiene una dimensión clave, que es la de tirar sobre el cuerpo de las mujeres una cantidad de trabajos y de esfuerzos. El proyecto de Milei, pero también el de Trump, también el de las ultraderechas mundiales, ese proyecto volverá a condenarnos a la reproducción y al hogar, a El cuento de la criada”.
Habrá que apostar por la unidad en la calle, en la transversalidad, señala Cavallero, para defender los avances de la sociedad argentina. “Tenemos variadas conquistas institucionales que obviamente tienen su punto más alto en la consecución de la ley de aborto. Las conquistas fueron parciales, hay muchas que quedaron sin cumplir, por ejemplo aquellas que tienen que ver con la autonomía económica, el acceso a la vivienda, la remuneración del trabajo comunitario, pero, sin embargo lo poco o lo mucho que se consiguió está siendo desmantelado, por lo tanto ahí vemos un punto muy preocupante que nos lleva a crecer y a sentir que el movimiento feminista tiene que seguir organizado. Aún si estamos en un momento de gran retroceso, hay un movimiento feminista organizado que todavía está dispuesto a tomar las calles en unidad”.
Esta vez, la masividad de la protesta mantuvo a las fuerzas de seguridad detrás de las vallas. Es que cada miércoles, los policías golpean y lanzan gases lacrimógenos a grupos reducidos de jubilados.
