La defensa de Alberto González Amador solicita al juez Hurtado un auto de procesamiento con un extenso escrito en el que omite datos relevantes, como las diferencias entre la declaración del empresario y la de su abogado, el papel que jugó el jefe de gabinete de Ayuso en la difusión de datos de su causa o que le mandaron su confesión a un Abogado del Estado
Las contradicciones de la pareja de Ayuso sobre su confesión marcan la recta final de la investigación al fiscal general
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha pedido al Tribunal Supremo que el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid sean juzgados por la filtración de un correo de su abogado. El empresario, tal y como ha adelantado El Mundo y ha podido confirmar elDiario.es, ha presentado un escrito en el que denuncia una “inconcebible” vulneración de su intimidad y un “uso político” de la causa por fraude fiscal por la que acaba de ser procesado, omitiendo detalles relevantes que han aflorado en los últimos meses de investigación: las contradicciones con su abogado sobre si consintió o no una confesión, el hecho de que esa confesión fuera mandada no solo a Fiscalía sino también a la Abogacía del Estado y, finalmente, el papel que jugó Miguel Ángel Rodríguez en la difusión de bulos sobre su caso.
La causa que dirige desde octubre el juez Ángel Hurtado por la filtración de esa confesión se encuentra ya a la espera de una decisión final del magistrado: si Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez se sientan o no en el banquillo acusados de dirigir esa difusión de datos del caso de fraude fiscal de González Amador. Hace varias semanas la acusación popular de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya solicitó un auto de procedimiento abreviado contra los dos imputados y ahora es el empresario el que se suma a esa petición de juicio.
El escrito de la pareja de Isabel Díaz Ayuso incide en el relato que ha expuesto desde el principio. En que la Fiscalía General, tan pronto supo que la pareja de la presidenta madrileña había sido denunciada por fraude fiscal, se lanzó a urdir una estrategia para difundir su caso y perjudicar así a la líder del PP regional. Su defensa habla de una dación de cuentas “completamente anormal” para que la información acabara en manos de García Ortiz y revelárselo, finalmente, a diversos medios de comunicación. Un proceso que, según González Amador, culminó con la difusión de su confesión en la noche del 13 de marzo de 2024 por parte de la Cadena SER primero y otros medios después.
Para González Amador, el comunicado con el que la Fiscalía de Madrid buscó desmentir informaciones falsas sobre el caso fue la “sacralización institucional” de esta revelación de secretos, una “inconcebible” vulneración de sus derechos. Todo entre acusaciones de “destrucción de pruebas” al fiscal general por borrar sus mensajes una vez la causa se había abierto, de “mentir de principio a fin” a Pilar Rodríguez y, finalmente, de un “uso político” de su caso para perjudicar a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El relato que hace el empresario en su petición de juicio para el fiscal general omite una serie de datos que han aflorado a lo largo de la causa y que, según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tienen al menos relevancia para cuestionar las acusaciones de revelación de secretos. En primer lugar, este escrito oculta un dato que González Amador y su defensa han ocultado desde el principio: que su abogado Carlos Neira no solo mandó esa propuesta de confesión al fiscal Julián Salto el dos de febrero de 2024. También se lo mandó a un Abogado del Estado, representante de Hacienda en este tipo de procesos por fraude fiscal.
El escrito se hace eco de la testifical de González Amador para subrayar el daño reputacional que ha supuesto para él que se conozca esta confesión y pasar a ser llamado “defraudador confeso” -algo que, según el Supremo, –no vulnera su honor– pero pasa por encima de otro aspecto clave de su comparecencia. Las contradicciones entre su testifical y la de su abogado Carlos Neira sobre si esa confesión fue enviada de forma unilateral por su abogado o si contaba con el consentimiento de González Amador. El empresario fue muy claro al explicar que el abogado había enviado esa propuesta sin su consentimiento, y Neira sin embargo aseguro que, cuando se lo planteó en una reunión de enero de 2024, González Amador tenía claro que iba a aceptar cárcel y multa a cambio de cerrar el asunto con poco “ruido”.
El escrito también describe lo que sucedió la noche del 13 de marzo de 2024. Cuando El Mundo publicó que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, aunque había sucedido al revés. Según González Amador, la Fiscalía General se puso en marcha a raíz de esa noticia para conseguir el correo con la propuesta de pacto y, posteriormente, filtrarlo a los medios antes de emitir un comunicado a la mañana siguiente. El juez, hasta la fecha, ha entendido que esta fue una “difusión autorizada” de un correo de un fiscal.
La defensa del empresario omite varios aspectos. Como, por ejemplo, que la versión que difundieron varios medios esa noche era incorrecta y que, además, también reflejaba comunicaciones del fiscal con su abogado, aunque eso no sea considerado una revelación de secretos. Y que fue él mismo quien, en la mañana del 12 de marzo, remitió un correo del fiscal Salto a Miguel Ángel Rodríguez para después autorizar su difusión. “Haz lo que veas”, dijo al jefe de gabinete de su pareja, que ya a media tarde del 13 de marzo difundía esa versión falsa entre varios periodistas.
