En agosto de 2007 casi una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y ocho secretarios judiciales irrumpieron en las oficinas de Mutua Universal en Barcelona. La documentación incautada en el registro, que , apuntaló la denuncia que había formulado la Seguridad Social un mes antes por un fraude de 200 millones de dinero público. Tras siete años de investigación, un juez de Barcelona acordó sentar en el banquillo a 11 exdirectivos y 2.289 empresas en diciembre de 2015 y señaló al gerente, Juan Aicart, como máximo responsable, para el que la Fiscalía pidió 15 años y medio de prisión. Una década después, Aicart ha fallecido y aún no hay fecha de juicio, una demora que en los órganos judiciales atribuyen a problemas de “espacio” y “calendario”.