Muerte, abusos y esclavitud: los pescadores indonesios revelan cómo es la vida en los buques de pesca de altura

Ricky* fue uno de los primeros en ver el cadáver de su compañero de tripulación. Era 2023 y llevaba seis meses en alta mar, faenando en un palangrero atunero en el océano Índico por un salario mensual de 480 dólares. La tripulación era en su mayoría de nacionalidad indonesia, como Ricky, o china, como el capitán y los propietarios del barco. 

En los días previos a su muerte, el trabajador indonesio de 29 años, conocido como YK, se mostraba cada vez más deprimido a bordo y pedía repetidamente que lo mandaran a casa. Ricky señala que el capitán se había negado y que YK le agredió. “Salí de mi camarote y vi que [YK] se estaba peleando con el capitán y otros miembros chinos de la tripulación, mientras los indonesios intentabas separarlos”, recuerda.

Ricky cuenta que ayudó a parar la pelea y luego vio cómo encerraban a YK en un almacén, con un ojo hinchado y un diente de menos. Allí estuvo durante días. El cocinero le servía la comida y utilizaba una llave del camarote del capitán para abrir el almacén. Según el relato de Ricky, alrededor de la hora de comer del tercer día, el cocinero llegó y se encontró a YK muerto. Al oír el alboroto, Ricky corrió al almacén. Recuerda que el cadáver de YK “estaba rígido, morado e hinchado” y yacía tendido en el suelo. “Lo extraño era que tenía una cuerda alrededor del cuello que no estaba atada a nada”, señala. 

Ricky explica que la tripulación está dividida; unos creen que se suicidó y otros, que lo mataron. Al final, la empresa resolvió que se trataba de un accidente laboral mortal y su familia recibió una indemnización de 200.000 rupias (12 euros), según una notificación que fue posteriormente borrada, pero muestran las fotos de un sindicato de pescadores facilitadas por la Environmental Justice Foundation. Esta fundación apoya a los pescadores migrantes y ha propiciado que The Guardian pueda entrevistar a Ricky. 

“Alguien había muerto en el pesquero, pero todo siguió igual. Seguimos con el ritmo previsto, sin descanso. Una hora después de amortajar el cadáver ya estábamos trabajando”, explica Ricky, que no tiene constancia de que se haya investigado las circunstancias de la muerte. 

El cuerpo de YK estuvo almacenado en el congelador del barco otros seis meses, y la tripulación tuvo que trabajar cerca de él todos los días. Ricky afirma que el capitán les dijo que guardaran silencio durante una inspección de las autoridades cuando desembarcaron en una de las islas del Pacífico. Ricky explica que ninguno de ellos podía hablar con nadie en tierra. No había wifi y solo la tripulación china podía utilizar el único teléfono por satélite. 

“Mientras envolvía su cuerpo tenía sentimientos encontrados. Estaba triste, pero también me preguntaba cómo había acabado así”, reflexiona. 

Como Ricky, decenas de miles de pescadores indonesios dejan su país, a veces durante años, para trabajar en barcos extranjeros. Según un informe publicado en 2023, los buques de empresas chinas o taiwanesas son los que cometen los peores abusos.

Según estimaciones de Pew Charitable Trusts, muertes como la de YK no son infrecuentes. Cada año se producen más de 100.000 fallecimientos relacionados con la pesca, muchas de las cuales son evitables, y la mayoría no se registran oficialmente.

La cuestión saltó a la luz pública en marzo, después de que un grupo de pescadores indonesios interpusiera una demanda en Estados Unidos contra la empresa estadounidense de productos del mar Bumble Bee Foods —propiedad del gigante taiwanés de suministro de atún Fong Chun Formosa (FCF)—, en la que alegaban que sabía o debería haber sabido que vendía productos elaborados mediante la explotación y el abuso de los trabajadores.

Según la demanda, los demandantes, procedentes de aldeas rurales indonesias, faenaban en barcos que formaban parte de la “red de confianza” de proveedores de Bumble Bee Food. Pero una vez a bordo eran “sometidos a abusos físicos y violencia, privados de alimentos adecuados y de atención médica (y puestos de nuevo a trabajar) incluso cuando estaban gravemente heridos”. Uno de los trabajadores afirma que fue agredido repetidamente con un garfio metálico por su capitán. 

Según Greenpeace, la demanda puede ser “pionera” al vincular las empresas estadounidenses con los abusos de la pesca en alta mar, ejerciendo así presión comercial sobre las empresas allí donde la defensa de sus derechos no ha funcionado. En declaraciones a los medios de comunicación, Bumble Bee Foods ha afirmado que no hará comentarios sobre litigios en curso. 

Según los pescadores y defensores de los derechos humanos con los que ha hablado The Guardian en Indonesia y que relataron sus propias experiencias “aterradoras”, este no es un caso aislado, sino que es representativo de los abusos sufridos por muchas otras personas. 

Según el relato de los trabajadores y también de las organizaciones que defienden sus derechos, los problemas comienzan con la contratación. Legalmente, los agentes deben registrarse para contratar directamente a la tripulación, pero en la práctica existe una red informal de intermediarios que obtienen comisiones de las referencias y recomendaciones. 

Jeremia Humolong Prasetya, de la Iniciativa de Justicia Oceánica de Indonesia explica en Yakarta que “los agentes e intermediarios aprovechan este vacío de información para manipular a los pescadores migrantes, de modo que no saben realmente qué esperar [en el trabajo al que les envían], o si les están esclavizando o maltratando”. “Hay muchos actores implicados cuando no se da un traslado directo del hogar al barco”, subraya. 

Una vez reclutados, los pescadores migrantes esperan semanas o meses antes de ser enviados a un buque, y los reclutadores retienen sus pasaportes y otros documentos importantes. A menudo se les obliga a quedarse en determinados alojamientos y más tarde se les dice que deben cientos o miles de euros por el coste de su hospedaje y contratación. Los salarios rara vez superan los 540 euros al mes. Ricky afirma que le cobraron 1.200 euros por gastos no especificados de contratación y desplazamiento.

Siervos del armador

Los trabajadores también pueden verse obligados a pagar por adelantado “fianzas” equivalentes a varios meses de salario para garantizar que trabajan hasta el final de su contrato, una tasa que, según los defensores de los derechos humanos, añade presión para no denunciar los abusos o dejar el barco. En el caso Bumble Bee se esbozaron acusaciones similares. Los demandantes estaban atrapados en una servidumbre por deudas, lo que significaba que debían dinero si abandonaban el trabajo. 

Según declararon trabajadores y las organizaciones que los defienden a The Guardian, una vez a bordo y en alta mar, hay pocas medidas de control para evitar los abusos. Los tripulantes suelen ser trasladados de un barco a otro y no existe ningún mecanismo gubernamental indonesio que mantenga datos sobre los pescadores migrantes. 

Akhmad, un pescador indonesio que participa en la demanda contra Bumble Bee Food, afirma: “Una vez, el cabo que sujetaba el equipo de pesaje se rompió y me cayó encima una carga de pescado, que me abrió la pierna desde el muslo hasta la pantorrilla. Me ordenaron que siguiera trabajando… Podía ver el hueso. Me dejaron que me limpiara y vendara la pierna yo mismo, sin material médico estéril, y seguí sangrando durante dos semanas. Todavía me duele y probablemente siempre lo hará”.

Ricky dice que pasó más de tres años en el mar a bordo de buques de armadores extranjeros y afirma que los trabajadores indonesios recibían un trato diferente. “La tripulación china come más y trabaja menos. La mayoría de los indonesios tienen que ocuparse de las tareas pesadas, aunque tengan el mismo puesto”, dice Ricky. Según él, la tripulación china también cobraba más, dice, entre 800 y 1.100 euros al mes. 

Los trabajadores que hablaron con The Guardian afirman que también fueron testigos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en sus barcos. Dimas* mostró un vídeo de compañeros de tripulación capturando un delfín, y describió el sacrificio de una falsa orca para poder conservar sus dientes como recuerdo. Otro trabajador, Edi*, afirma que capturaban “casi todos los tipos” de tiburón para cercenar sus aletas y que ocultaban las pruebas en el fondo del congelador. 

Cuando atracan en puertos extranjeros, los trabajadores están a merced de capitanes y armadores que controlan sus pasaportes y el acceso a fondos para que no se queden en tierra. AJ* relata una “experiencia verdaderamente aterradora” después de que el año pasado, durante el tifón Krathon en Taiwán, él y sus compañeros de tripulación recibieran la orden de arriesgar sus vidas para proteger el barco, incumpliendo directamente las órdenes municipales de refugiarse.

Achmad Mudzakir, presidente de la organización para la defensa de los trabajadores en alta mar Indonesian Seafarers Gathering Forum de Taiwán, afirma: “A la empresa propietaria le importaba más los buques que la vida y la seguridad de la tripulación”.

El salvavidas de la conexión a Internet

Las autoridades taiwanesas han introducido en los últimos años algunos cambios para mejorar la protección de los pescadores y marineros migrantes, como el aumento del salario mínimo mensual a 500 euros y la orden de pagar directamente, evitando las agencias de contratación. También se prometió instalar cámaras de vigilancia y proporcionar wifi gratuito en los buques, pero no hay base legal para obligar a los armadores a instalarlo. Todos los pescadores que hablaron con The Guardian señalaron que el wifi cambiaría sus vidas laborales ya que les permitiría estar en contacto con sus hogares y denunciar cualquier maltrato u otros problemas. 

Steve Trent, fundador de EJF, afirma que, aunque Taiwán y Corea del Sur han hecho algunos progresos, “la situación en China es idéntica e incluso peor”. Tras las recientes acusaciones de que sus flotas de altura utilizan ilegalmente mano de obra forzada de trabajadores norcoreanos, Pekín ha afirmado que toda su pesca cumple la legislación internacional.

A pesar de sus traumáticas experiencias, Ricky, Dimas y Edi afirman que no tienen otra opción que trabajar a bordo de los arrastreros. “Mis hijos se están haciendo mayores, es difícil encontrar trabajo aquí [en Indonesia]”, dice Dimas. Por su parte, Ricky está buscando trabajo en una flota de un país que no sea China o Taiwán. 

Todos ellos esperan, sin embargo, que al hablar de sus experiencias mejoren las condiciones de trabajo. “Esperamos que todo el mundo pueda abogar por unas condiciones mejores”, afirma Edi, que insiste: “Los dueños de los barcos nos tratan como esclavos: no hay contacto humano, es solo trabajo, órdenes y obediencia. Solo queremos tener mejores condiciones”. 

* The Guardian ha cambiado los nombres de los testimonios para proteger su identidad.

Traducción de Emma Reverter.