Los magistrados del Constitucional y el Supremo rechazan los principales recursos y leyes de la Comunidad de Madrid, sancionando en repetidas ocasiones que la administración regional haya invadido competencias estatales en materia como eutanasia o defensa de los derechos LGTBI
El Constitucional tumba la norma de Ayuso que limitaba la capacidad de acción de las asociaciones LGTBI
La guerra de recursos y sentencias de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno no termina de despegar. El Tribunal Constitucional ha tumbado esta semana la modificación legal que cercenaba la capacidad de las asociaciones LGTBI de impulsar causas judiciales en defensa del colectivo, acusando a la Comunidad de Madrid de pisar competencias estatales. Un varapalo judicial que se suma al rechazo de los magistrados a su ley de eutanasia o sus intentos de tumbar el impuesto a las grandes fortunas.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han convertido en el ariete judicial del partido de Alberto Núñez Feijóo, y la administración regional que preside con mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso se ha colocado, por el momento sin éxito, a la vanguardia de esa oposición a golpe de recurso. Se trata de impugnaciones de leyes y medidas, en su mayor parte, ante un Tribunal Constitucional al que el PP deslegitima por su mayoría progresista, aunque buena parte de las iniciativas judiciales de Ayuso se han rechazado también con el apoyo de su sector conservador.
El último episodio llegó a principios de mes con el rechazo mayoritario del pleno a su modificación legal de 2023 que, en la práctica, limitaba una de las principales misiones legales de las asociaciones LGTBI: defender los intereses del colectivo en los tribunales. Estas organizaciones suelen ejercer esa labor como acusación popular en procesos penales por delitos de odio o impulsando procesos administrativos relacionados con la discriminación. La propia Ayuso, tras la suspensión cautelar de esta norma, se abrió a introducir unos cambios que no llegaron a materializarse.
La normativa impulsada por el PP de Ayuso ha conseguido poner de acuerdo a buena parte de los conservadores y los progresistas del Constitucional. Decidir quién puede personarse como acusación popular en un proceso penal, explica el Constitucional, “está vedado al legislador autonómico”. Sobre su papel en los procedimientos administrativos relacionados con la diversidad, el tribunal recuerda que la norma estatal conocida como ‘ley Zerolo‘ actuaba, precisamente, en sentido contrario: “Remover los obstáculos” para que esas asociaciones puedan combatir “situaciones de discriminación”.
La sentencia salió adelante con 12 votos a favor y un solo voto discrepante, lejos de la división entre bloques que el PP esgrime como símbolo de una supuesta decadencia del Constitucional a favor del Gobierno central. Y llegó apenas unas horas después de que el mismo pleno frenase de forma cautelar otra de las principales batallas ideológicas del momento en la Puerta del Sol: la maniobra legal de Ayuso para obstaculizar que el ejecutivo central pueda recordar, mediante una placa o actos, que la Real Casa de Correos donde tiene su gobierno la Comunidad de Madrid fue uno de los epicentros de la tortura policial franquista.
Los servicios jurídicos de la Asamblea y la Comunidad de Madrid acumulan media decena de derrotas ante el Constitucional pero también ante el Supremo, en algunas ocasiones viendo cómo normas autonómicas quedan anuladas y en otras cómo sus recursos contra leyes estatales –muchas en el centro de una pelea ideológica encabezada por el PP– también naufragan. Por el momento, la decisión del Supremo de anular dos millones en subvenciones a varias comunidades tras un recurso de la Comunidad de Madrid supone el único triunfo regional en los últimos años.
De la eutanasia al impuesto a las grandes fortunas
La administración que preside con mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de llevar al Constitucional y al Supremo algunas de las grandes peleas ideológicas del PP frente al ejecutivo central: eutanasia, impuestos o la amnistía. Con los recursos de Madrid y otras autonomías contra la ley de perdón pendientes de una sentencia prevista para antes del verano, el resto de iniciativas legales de la presidenta madrileña se han encontrado con un muro judicial, en ocasiones certificando que ha invadido competencias estatales de forma irregular.
En el caso de la eutanasia Ayuso modificó la normativa de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad para, en la práctica, introducir limitaciones a los derechos de estas personas. El objetivo de la Comunidad de Madrid era exigir una autorización judicial para que una persona con discapacidad tutelada pudiera acceder a este derecho y el Constitucional, con unanimidad de conservadores y progresistas, constató que la administración regional había entrado de forma irregular en un terreno legislativo exclusivo del Estado.
Otros choques de Ayuso con el Estado no se han limitado a un asunto competencial. El pleno del Constitucional, en este caso dividido entre conservadores y progresistas, rechazó sus alegaciones contra el impuesto a las grandes fortunas en plena batalla ideológica del PP en materia fiscal. El recurso fallido de la Comunidad de Madrid sirvió para que el Constitucional estableciera que ese tributo no era, como afirmaba Ayuso, un “impuesto para hacer daños a Madrid y espantar inversores”.
Los altos tribunales también han fallado en contra de la Comunidad de Madrid en sus diversas batallas en materia energética. Por ejemplo, rechazando sus alegaciones contra el Real Decreto de 2022 que impuso medidas de ahorro energético para hacer frente al encarecimiento de los precios de la electricidad y el gas tras el estallido de la guerra de Ucrania y que, según dijo Ayuso en su momento, atentaba “contra los comercios”.
Las acusaciones de “adoctrinamiento” que la presidenta madrileña esgrime contra el Ejecutivo central tampoco prosperaron ante el Tribunal Supremo. Los jueces rechazaron las alegaciones de la Comunidad de Madrid contra el currículo de Bachillerato puesto en marcha por el Gobierno, al entender que no había invadido competencias de la administración regional: “Podría habernos ilustrado en qué medida no habría podido complementar la norma estatal”, reprocharon los magistrados contra las acusaciones de carga ideológica de Isabel Díaz Ayuso.
La pelea judicial de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno central sigue viva en diversos pleitos pendientes de sentencia, la mayor parte en el Constitucional. La amnistía, la conmemoración de la tortura franquista en los calabozos de la Puerta del Sol o la modificación de la norma sobre transexualidad serán los próximos episodios del choque judicial constante entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central.
