Marihuana, fraude eléctrico y «sensación de abandono», el caldo de cultivo tras los cortes de luz en barrios de Andalucía

Miles de personas en Andalucía –sobre todo en Sevilla, Granada y Almería– conviven desde hace años con interrupciones constantes en el suministro de luz, pese a estar pagándolo. Detrás de estos fallos en la red eléctrica subyace un “problema grave”, donde confluyen factores como el fraude eléctrico, la pobreza energética, la “proliferación” de plantaciones de marihuana, las dificultades que encuentran las fuerzas de seguridad para combatirlas o la “sensación de total abandono por parte de las instituciones” que se respira en los barrios afectados.

Mientras los vecinos denuncian falta de inversión en las infraestructuras eléctricas de las barriadas más desfavorecidas, Endesa insiste en que el problema radica en los enganches ilegales vinculados con el cultivo de marihuana que “cometen unos pocos”, pero perjudica a muchos clientes con contrato en vigor porque sobrecargan la red al demandar una potencia “excesiva”. Entre ambas versiones, cientos de familias siguen atrapadas en una situación “extrema”, especialmente para personas enfermas y electrodependientes, como denuncian colectivos vecinales como Barrios Hartos.

Tras recibir “numerosos escritos” de ciudadanos afectados e investigar el asunto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha concluido que los apagones entrañan “un problema grave de salud pública y una vulneración del derecho” a un servicio “esencial” como es el suministro de energía. Por ello, a principios de 2025 instó a Endesa y a las administraciones implicadas (Junta de Andalucía, subdelegaciones del Gobierno y ayuntamientos) a adoptar “soluciones definitivas”, después de comprobar “los escasos resultados prácticos alcanzados” hasta ahora, cada vez que se ha intentado combatir este drama social.

La falta de “un enfoque coordinado de desarrollo y seguimiento” de las actuaciones desarrolladas por parte de las administraciones y la empresa ha llevado a que el problema siga enquistado en las barriadas que sufren mayor número de incidencias. Según Endesa, las zonas más afectadas por provincias son Pescadería, El Puche o La Chanca en la ciudad de Almería; la Zona Norte, Haza Grande y Caserío de Montijo en la capital granadina, y Pinos Puente, Iznalloz, Atarfe en la provincia de Granada; Polígono Sur, Su Eminencia, Torreblanca, Palmete, Padre Pío y La Plata en Sevilla capital.

El problema en cifras

De las “diversas causas” que provocan apagones en el suministro eléctrico de las barriadas afectadas, Endesa destaca “la proliferación en estas zonas de enganches fraudulentos que no solo hacen un uso indebido del suministro, sino que comportan un grave riesgo para la seguridad”, según recuerdan desde la compañía eléctrica. Dentro de esos enganches ilegales, hay que diferenciar entre los motivados por la pobreza energética –“mal atendida por el sistema público de servicios sociales”, según el Defensor del Pueblo– y los relacionados con actividades ilícitas como el cultivo de marihuana.

Este último factor es el que Endesa señala como “raíz del problema”, esgrimiendo que, aunque imputable a una minoría, tiene un impacto “desproporcionado” en el suministro eléctrico. En 2024, del total de la energía defraudada, el 43% procedía de plantaciones de cannabis en Almería; el porcentaje se elevó al 44,5% en Granada; mientras que en Sevilla representó un 7%, según datos de la compañía. Endesa explica que, aunque el índice sea menor en la capital andaluza, al estar concentrado en barrios concretos, se intensifica su impacto, ya que las plantaciones indoor de marihuana demandan una potencia equivalente al consumo de 80 viviendas, de forma “ininterrumpida” las 24 horas del día durante todo el año.

Se da la paradoja de que Sevilla es la provincia donde más energía se defrauda, pero la que cuenta con un porcentaje menor de fraude vinculado con marihuana (de los 113.672.502 kilovatios-hora defraudados en 2024, solo 8.145.421 procedían de plantaciones). Cifra que se refleja también en el número de expedientes por fraude que abrió la compañía en el ejercicio anterior: en Sevilla el 0,7% se relacionó con el cultivo de cannabis (144 de 19.448 de los expedientes por fraude). En Granada ese dato se eleva al 11%, mientras que en Almería el 6,6% de los expedientes por fraude se corresponden con marihuana.

De vuelta a Sevilla —la ciudad donde el problema ha cobrado más visibilidad al calor del movimiento vecinal organizado—, fuentes gubernamentales apuntan que este problema “poliédrico” no puede reducirse únicamente al cultivo de marihuana, pues en algunas de las zonas donde se registran continuos cortes no constan denuncias por plantaciones. Según datos proporcionados por la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y por la comisaria provincial de la Policía Nacional, ambos cuerpos intervinieron algo más de 10.000 kilos de marihuana en la provincia en 2024, en un total de 208 intervenciones (entre ambos cuerpos).

Expediente sancionador a Endesa

Desde Endesa insisten en que no se trata de un fallo de la red eléctrica, sino de un problema social derivado del uso fraudulento que se hace de ella. “La excesiva potencia que demandan estas actividades ilícitas, unida a las deficientes conexiones que utilizan y a la manipulación de las instalaciones para la defraudación del fluido eléctrico, provoca que salten las protecciones de seguridad, se produzcan interrupciones en el suministro y se ponga en riesgo la seguridad de personas y bienes”, señalan desde la empresa.

Sin pretender “estigmatizar” a los vecinos que habitan las zonas afectadas y están “en situación legal”, Endesa insiste en que se trata de “un problema social” y no de la instalación eléctrica, pues la sobrecarga de la red que provoca las incidencias “no tiene ninguna justificación ni explicación técnica”. En este sentido, fuentes de la empresa recuerdan que la red de distribución está “sobredimensionada” en esos barrios, puesto que se ha incrementado “la potencia instalada respecto de la necesaria” para tratar de “aliviar” los apagones.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía (como responsable de supervisar la distribución de la energía) encargó una auditoría externa (a Applus+, una subcontrata de Endesa) para evaluar el estado de las instalaciones eléctricas en las zonas más afectadas por los cortes de la capital andaluza. El resultado, hecho público en junio de 2024, vino a reafirmar la tesis de la compañía eléctrica, al descartar que la falta de potencia fuese la causante de las incidencias en el suministro eléctrico. No obstante, la auditoría detectó una serie de “anomalías en la red de distribución” atribuibles a la empresa distribuidora y se saldó con la apertura de un expediente sancionador a Endesa “ante la gravedad de algunas de las deficiencias encontradas”, según expresó el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

La saturación de la red eléctrica supone un problema para la seguridad de los vecinos, ya que puede provocar incendios como los ocurridos en centros de transformación del Polígono Sur de Sevilla

Un problema con rostro humano

El Defensor del Pueblo también ha apuntado a “la responsabilidad que recae sobre la empresa suministradora como titular de las redes de suministro y de las instalaciones eléctricas en estas zonas”, haciéndose eco del sentir de las familias que habitan estos barrios y que dicen sentirse “desatendidas” ante la falta de respuestas efectivas por parte de las administraciones.

De ello da cuenta la plataforma Barrios Hartos, que ha encabezado las protestas contra el “abandono” de los barrios obreros, en representación de cientos de vecinos afectados por no recibir “el servicio que están pagando”. “Las familias están desesperadas, se han comprado camping gas para cocinar, pero cuando llega el calor no saben dónde meterse… trabajan todo el día para volver a casa con ansiedad, porque no saben si tendrán luz”, relata una de sus portavoces.

Así lo trasladan también los vecinos del Polígono Sur asistidos por la Fundación Don Bosco, dedicada a atender a jóvenes en riesgo de exclusión social en esta zona, una de las más castigadas por los cortes de luz en Sevilla. “Es una realidad muy sangrante: la comida que se echa a perder, no poder cargar el móvil, dormir sin ventilación… hay personas electrodependientes que necesitan respiradores o maquinaria médica”, traslada el director territorial de la Fundación Don Bosco, Antonio Mengual, como conocedor de la “tragedia” que viven los vecinos del barrio.

Los vecinos achacan los cortes a que las infraestructuras están obsoletas

Desde esta fundación, trabajan para mitigar los efectos de este problema, promoviendo el acceso al bono social eléctrico o ayudando a regularizar contratos con la compañía suministradora para evitar que los vecinos con necesidades económicas recurran a los enganches ilegales: “Muchas veces las personas no saben cómo gestionar las ayudas a las que tienen derecho y trabajamos para acompañarlas en ese proceso”, explica Mengual. Sin embargo, el director en Sevilla de la Fundación Don Bosco lamenta que su margen de actuación es limitado ante los cortes: “Percibimos mucho sufrimiento, pero nosotros poco más podemos hacer”.

Trabas para erradicar las plantaciones

Además de invertir en la mejora y sobredimensionamiento de la red (con la instalación de nueve transformadores nuevos en las zonas con más incidencias de Sevilla), desde la distribuidora indican que han intensificado la colaboración institucional para “atajar la raíz del problema”. Para ello, se están realizando inspecciones periódicas junto a la Policía Nacional como medida preventiva para detectar conexiones ilegales, como paso previo a desmantelar cultivos de marihuana.

Desde Endesa se asegura que la relación entre este tipo de plantaciones y la calidad del suministro en determinadas zonas es tal que, tras las redadas para desmantelar cultivos indoor, “el consumo eléctrico se desploma y las incidencias se reducen hasta un 90%”. No obstante, los descensos que se registran tras las intervenciones policiales solo son temporales, pues “a los pocos días vuelve a intensificarse”, demostrando que “el defraudador es reincidente”, en palabras de la empresa.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno aseveran que la Policía Nacional trabaja para desmantelar el cultivo indoor, que lleva aparejado “la defraudación del fluido eléctrico debido al alto consumo de energía necesaria para forzar el desarrollo de la planta”. Pero en su labor de combatir estas actividades delictivas interfieren diferentes trabas. Por un lado, señalan que las investigaciones se ven a menudo lastradas porque, para intervenir en una vivienda, primero es necesario que la compañía suministradora presente una denuncia formal y, posteriormente, que el juez autorice la entrada. “La protección jurídica de los domicilios es muy rigurosa, la orden de entrada y registro puede tardar semanas en llegar, y no siempre se concede”, explican las mismas fuentes.

Laxitud de las penas

A esto se suma otro factor clave: la legislación española es más laxa que la de otros países europeos, tanto en lo relativo a los delitos de defraudación de fluido eléctrico como al cultivo de cannabis. Mientras que en Alemania el fraude eléctrico puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años, y en Francia se equipara al robo con condenas de hasta tres años y multas de 45.000 euros, en España este tipo de delitos apenas se castigan con sanciones económicas que no comportan un carácter disuasorio para la comisión del delito.

Así lo sostiene la Fiscalía de Andalucía en su última memoria anual de 2023, donde reitera su apuesta por endurecer las penas en los casos de “las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a delitos de tráfico de drogas”. Lo justifica remarcando que, en la actualidad, se castigan con sanciones económicas que, en muchos casos, “no son pagadas por los condenados”, según recoge el documento.

En concreto, el artículo 255 del Código Penal establece que si la cuantía defraudada no supera los 400 euros, la pena será una multa de entre uno y tres meses. En los casos en que no se pueda determinar el importe exacto, se calcula aplicando el 100% de la potencia contratada durante seis horas al día durante el último año. El resultado, según fuentes judiciales y policiales, es que “las penas no tienen un carácter disuasorio y los reincidentes se multiplican”.

Qué pueden hacer las administraciones

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha concluido que “de poco sirven las intervenciones puntuales para incautación de marihuana en las viviendas donde se produce el delito de defraudación eléctrica, o las inversiones para mejorar las instalaciones de red de distribución eléctrica, si no se acompañan de una actuación de seguimiento continuo y coordinado” por parte de las distintas administraciones, que “siguen echando mano de las competencias ajenas para justificar que el problema se perpetúe”.

En ese sentido, esta institución aboga por llevar a cabo “un abordaje amplio y global, en el que se valore la situación a nivel de Andalucía y se formulen propuestas de intervención escalables desde un nivel de comunidad autónoma a un nivel local”. A la Junta de Andalucía, como administración competente en la supervisión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, el Defensor del Pueblo le ha reclamado que adopte las medidas necesarias para “impulsar un plan extraordinario de renovación y mejora de las redes eléctricas de las zonas y barriadas que lo precisen”.

En lo que respecta a los ayuntamientos, ha encomendado a los servicios sociales la tarea de informar y facilitar el acceso al bono social y otras ayudas para que las personas en situación de pobreza energética puedan regularizar su suministro eléctrico y no tengan que acudir a los enganches ilegales. Por parte de la Subdelegación del Gobierno, como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Defensor del Pueblo aboga por “identificar todas las viviendas en las que se realiza la actividad delictiva dedicada a plantaciones de marihuana en el interior de viviendas y proceder al desmantelamiento”, así como por “mantener una función de acompañamiento de los técnicos de Endesa” en sus inspecciones.

Finalmente, ha solicitado a Endesa que garantice una potencia suficiente para evitar los cortes de luz y trabaje en “un plan especial y urgente de renovación y mejora de las redes e instalaciones eléctricas existentes en las zonas afectadas”. En resumen, el Defensor ha argumentado que la solución debe ir más allá de intervenciones puntuales y debe abordar también los problemas de infraestructuras, las desigualdades sociales y la pobreza energética.

Con este planteamiento, el Defensor del Pueblo Andaluz ha tratado de hacer “reflexionar” a las administraciones “sobre el grave problema social que afecta a miles de personas que residen en los barrios perjudicados por los cortes”. Hasta ahora, la “falta de coordinación” entre ellas y la “escasa efectividad” de las medidas adoptadas han contribuido a prolongar un problema que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, en barrios donde cada día es una incógnita si habrá o no luz.