El nuevo magistrado que investiga los contratos de emergencia a dedo en la sanidad andaluza ahonda sus pesquisas en el acuerdo de Consejo de Gobierno de octubre de 2020, firmado por el exconsejero de Hacienda Juan Bravo y avalado por la exinterventora y actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, que sustituyó la fiscalización previa por el control posterior para esos gastos
El PSOE andaluz reconduce su estrategia judicial con los contratos de salud tras su fiasco al querer abrir una “causa general”
El juzgado de Sevilla que investiga la adjudicación a dedo de cientos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024 -por más de 234 millones de euros- amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado ha emitido una providencia en la que pide nueva documentación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Destaca en su primer requerimiento la solicitud de los documentos que dieron pie al acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 que, siete meses después de la declaración oficial de la pandemia de Covid-19, retiró el control previo sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Es la primera vez que el juzgado apunta al Consejo de Gobierno andaluz que retiró ese control previo a los contratos sanitarios a dedo y que fue suscrito por el entonces consejero de Hacienda —hoy vicesecretario general del PP—, Juan Bravo, y rubricado por el propio presidente, Juan Manuel Moreno. El acuerdo incluyó una relación de gastos, órganos y servicios del Gobierno andaluz que pasan a fiscalizarse a posteriori por la Intervención, entre ellos específicamente los contratos de emergencia en el SAS, para acelerar las adjudicaciones a dedo.
En la providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el magistrado José Antonio Gómez requiere a la Intervención General de la Junta de Andalucía a fin de que remitan concretamente “el expediente -o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado- que dio lugar a la emisión de la Memoria sobre el proyecto de acuerdo de Consejo de Gobierno”. El juzgado recuerda en virtud de aquel acuerdo, avalado también por la exinterventora y actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, “se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente”, y, además, “se actualiza la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control”.
Martínez, como ya informó este periódico, avaló la retirada del control previo a los contratos de emergencia en el SAS sin un argumento específico —ni siquiera lo relacionó con la pandemia— y se limitó a subrayar que “considera oportuno actualizar la relación de gastos, órganos y servicios” que cambian su sistema de fiscalización interna “de cara a una mayor agilidad y eficacia en la gestión”.
La memoria a la que ahora alude el juez no recogía argumentos específicos a favor del control a posteriori sobre los contratos de emergencia del SAS, más allá de una consideración “de carácter general” para todos los gastos relacionados en el acuerdo, donde destaca la confianza de la exinterventora en el “grado de madurez o autodisciplina de los procesos de gestión”. En este caso, la gestión de los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas quedó en manos de quien entonces era director gerente del órgano de contratación, Miguel Ángel Guzmán, hoy imputado por el juez en la causa que investiga un supuesto delito de prevaricación, junto a sus dos sucesores, Diego Vargas, y la actual gerente del SAS, Valle García.
También requiere el juzgado a la Intervención General de la Junta otra documentación como los “expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS” fechado en agosto de 2020, así como “cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa” en caso “de haberse emitido por la Intervención central del SAS”.
El juzgado reitera el oficio a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que aporte “la relación de auditores que hayan participado” en la documentación relativa al Informe de Fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, ejercicio 2020 aprobados por el Pleno de la Cámara el pasado 26 de julio.
Posible declaración testifical-pericial de la Interventora Central del SAS
El magistrado también acuerda “esperar a recibir toda la documentación ya acordada antes de recibir declaración a los querellados a fin de tener una idea clara de los indicios existentes contra los mismos”. Es de recordar que la gestión del SAS tiene dos causas judiciales abiertas, en Sevilla y en Cádiz, relacionadas con la contratación a dedo con la sanidad privada y cuatro altos cargos que están siendo investigados (los tres últimos gerentes del SAS en la primera -por posible prevaricación- y un directivo de compras en la segunda -por posible malversación-). Un par de informaciones publicadas en exclusiva por elDiario.es Andalucía (en marzo de 2023 y en septiembre de 2024) han puesto bajo sospecha los millonarios beneficios para las empresas sanitarias. Son dos causas distintas y dos tipos de contratación distintas, pero son dos juzgados de diferentes provincias investigando posibles delitos por parte de la Junta de Andalucía en las adjudicaciones a dedo de dinero público a empresas privadas.
En la misma providencia, avanzada por el diario ABC, rechaza recibir “las declaraciones testificales interesadas de modo genérico” como había pedido el PSOE “sin perjuicio de las que, en su momento oportuno, se estime pertinente acordar, como podría ser específicamente la declaración testifical-pericial de la Interventora Central del SAS”.
Tampoco ha lugar, según el juzgado, a recabar informe policial de la BCI de Blanqueo de capitales y anticorrupción, al no apreciarse su utilidad, ni las diligencias genéricas interesadas por la parte querellante en orden a recabar la totalidad de los expedientes de contratación, en atención al objeto ya definido del presente procedimiento, tal y como ya había determinado el juzgado.
La providencia, según fuentes del PSOE consultadas, “pone de manifiesto que la instrucción del caso de los contratos de emergencia sigue avanzando” y “pospone, en ningún caso niega, a que se recabe la totalidad de la documentación que aún no ha llegado al juzgado, la práctica de diligencias importantes como el interrogatorio de los querellados, la testifical de la Intervetora Central del SAS, o el auxilio pericial de la Intervención General del Estado”.
“La instrucción del caso de los contratos de emergencia sigue a buen ritmo y a la espera de que llegue el conjunto de pruebas documentales para pasar a adoptar diligencias de otra naturaleza como los interrogatorios, testificales o periciales”, apuntan las fuentes.
