ClientEarth y Oceana han presentado una demanda contencioso administrativa contra las autoridades españolas por no actuar ante los indicios –afirman– de que barcos de pesca de beneficiarios españoles podrían estar actuando irregularmente en África Occidental
Explotación pesquera en Senegal: “Si ya no puedo usar mi cayuco, lo haré para ir adonde se llevan los peces”
Dos grandes organizaciones ecologistas internacionales ClientEarth y Oceana han emprendido acciones judiciales contra las autoridades españolas por, supuestamente, “no investigar ni, en su caso, sancionar” a barcos de pesca de beneficiarios españoles que podrían estar actuando ilegalmente en África Occidental. “Las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa”, explican.
En la demanda, presentada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Madrid, señalan dos prácticas que podrían ser indicios de estas actividades ‘fantasma’. Por un lado, afirman que han detectado —mediante un análisis de Global Fishing Watch— que hay o ha habido casos de buques en las zonas de Senegal o Guinea Bissau que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) durante periodos prolongados, lo que, apuntan, “supone una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE)”.
“Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose ‘a oscuras’ durante períodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude. Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos, pero se han negado a hacerlo”, afirma Nils Courcy, abogado de ClientEarth. Ahora, asegura, acuden a los tribunales para “exigir que cumplan sus obligaciones legales”.
“El Sistema de Identificación Automática es la única herramienta que tiene la sociedad civil o los periodistas de ver qué es lo que están haciendo los barcos en alta mar. Solo podemos fiarnos de la administración española de que no están haciendo nada ilegal
“Existe la obligación legal de mantenerlo encendido constantemente. La explicación a grandes rasgos que da la Secretaría General de Pesca es que esos sistemas no importan tanto, porque ellos controlan que la embarcación no cometa ilegalidades por otro sistema satélite que se llama VMS. Sin embargo, mientras el AIS es una señal pública, el VMS es una herramienta de los estados, y es algo cerrado”, desarrolla Ignacio Fresco, asesor político de Oceana en Europa.
Para la organización es una cuestión de transparencia: “Es decir: vale, me puedo fiar de ti, administración española, pero si otro país quiere acceder a los datos de tu barco, no puede, porque está apagando este sistema. Te tienen que pedir a ti los datos VMS. Además, es la principal herramienta que tiene la sociedad civil o los periodistas de ver qué es lo que están haciendo los barcos en alta mar. Solo podemos fiarnos de la administración española de que no están haciendo nada ilegal, salvo que pidamos explícitamente los datos, algo a lo que suelen poner trabas”.
Por otro lado, denuncian que existen empresas españolas que operan en estas zonas con buques sin bandera, o que faenan bajo banderas de países africanos fuera del control de las organizaciones internacionales para eludir controles europeos. “Allí había embarcaciones que en la teoría eran senegalesas, pero que, en realidad, se trataba de sucursales de empresas españolas. Quienes se benefician de esas embarcaciones son empresas españolas que crean una sociedad pantalla en estos países para aprovecharse, por un lado, de impuestos más bajos, y por otro, de menos control”, sostiene Fresco.
El Ministerio de Agricutura y Pesca no se ha pronunciado sobre las cuestiones demandadas por las ONG.
Freco habla en pasado porque, en el caso específico de Senegal, el acuerdo que permitía la pesca de buques europeos en aguas senegalesas finalizó el año pasado, pero la demanda alude a datos de lo que, supuestamente, estaba ocurriendo en esas aguas antes de su disolución.
Las ONG han identificado irregularidades de AIS en ocho buques de bandera española, y muchos indicios de posibles actividades ilegales de tres buques con bandera senegalesa, pero de propiedad de ciudadanos españoles, entre 2020 y 2023.
Las ONG han identificado irregularidades de AIS en ocho buques de bandera española, y muchos indicios de posibles actividades ilegales de tres buques con bandera senegalesa, pero de propiedad de ciudadanos españoles, entre 2020 y 2023
El drama humanitario y ecológico
Según un informe de la Financial Transparency Coalition, la mitad de los buques de pesca INDNR (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) industriales del mundo operan en África. De estos, la mayoría son chinos y europeos. “El continente pierde alrededor de 11.500 millones de dólares anuales debido a la pesca ilegal”, expuso la coalición.
Steve Trent, CEO y fundador de la fundación senegalesa Environment Justice, explica a elDiario.es que “la pesca ilegal y la sobrepesca devastan las comunidades de toda África Occidental. Perjudican directamente la seguridad alimentaria y los medios de vida. Los pescadores locales no pueden competir con los grandes arrastreros industriales extranjeros, que con frecuencia utilizan los métodos de pesca más destructivos, dejando un desierto donde antes existían ecosistemas prósperos”.
Y prosigue: “La flota de arrastre de fondo de Senegal está controlada principalmente por actores extranjeros mediante acuerdos de propiedad opacos, y la mayor parte de las capturas se destina a mercados extranjeros, mientras que los senegaleses tienen dificultades para comprar pescado”. Instan a la UE, China, y los países de África Occidental a que implementen una transparencia pesquera sistemática, que “permita detectar y exigir responsabilidades a los culpables de la pesca ilegal”.
«La pesca ilegal y la sobrepesca devastan las comunidades de toda África Occidental. Perjudican directamente la seguridad alimentaria y los medios de vida. Los pescadores locales no pueden competir con los grandes arrastreros industriales extranjeros, que con frecuencia utilizan los métodos de pesca más destructivos, dejando un desierto donde antes existían ecosistemas prósperos
“Si vas a Canarias y hablas con los senegaleses que vienen en cayucos, muchos te van a decir que uno de los motivos de migración es que trabajaban en el ámbito pesquero y se quedaron sin métodos de subsistencia”, explica Fresco. La propia UE reconoce el creciente riesgo de pesca ilegal en África Occidental. En mayo de 2024, la Comisión amonestó a Senegal con una “tarjeta amarilla” como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal.
“Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países”, sostienen desde Oceana.
La ‘triquiñuela’ a la que se acogen los buques
El ‘vacío legal’ al que se suelen acoger estos buques, según explican estas organizaciones es el siguiente. En derecho marítimo, cada buque debe estar registrado en un país, lo que se llama “estado de abanderamiento”. El país en el que se registra tiene la responsabilidad de regular y supervisar que el barco cumpla con normas de seguridad, medio ambiente, y condiciones laborales, abundan las mismas ONG.
Sin embargo, muchos armadores (los dueños de los barcos) no registran sus buques en su país de origen, sino en otros países donde las leyes son más laxas (como Panamá, Liberia, las Islas Marshall, o los propios países africanos a los que van a operar). A eso se le llama usar una “bandera de conveniencia”.
En base a esto, aseguran desde Oceana, las autoridades españolas alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques pesqueros ilegales.
«Muchos armadores (los dueños de los barcos) no registran sus buques en su país de origen, sino en otros países donde las leyes son más laxas (como Panamá, Liberia, las Islas Marshall, o los propios países africanos a los que van a operar)
Ese es, precisamente, uno de los puntos centrales de la demanda: “La UE prohíbe explícitamente a sus ciudadanos y empresas apoyar la pesca ilegal en cualquier parte del mundo. Lo que nosotros planteamos con el recurso, a nivel técnico-legalístico, es si el derecho europeo obliga a España a tomar acción contra empresas que están en terceros países o no”, relatan.
Una tarea pendiente para la Unión Europea
Sin embargo, España está lejos de ser el único país europeo con posibles casos de buques ilegales. Es por ello que, explican desde Oceana, el año pasado se creó un grupo de trabajo con los 27 estados miembros. “En vez de ponerse a sancionar a los países, que entonces tendrían que sancionarlos a todos, decidieron crear un grupo de trabajo para ver qué es lo que están haciendo, e intentar ver cómo mejorar. Se sabe que las empresas europeas están generando un impacto, pero no se sabe muy bien cómo sancionarlas.”
Este año se propondrá en España una nueva ley de control pesquero, cuyo anteproyecto ya se sacó a consulta pública en septiembre del año pasado. Desde Oceana piden que dicha ley “no se centre solo en las embarcaciones españolas, sino que atienda también a los pabellones de conveniencia y las empresas españolas que operan en el exterior. Abordar estas deficiencias representa una oportunidad para que España sea líder a la hora de establecer un nuevo estándar global en materia de control pesquero responsable”.
