El Ministerio de Derechos Sociales presenta por primera vez los datos del Sistema para la Autonomía y la Atencion de la Dependencia (SAAD) y lo hará cada tres meses para «mejorar la transparencia»
El sistema de la dependencia necesitará 260.000 trabajadoras más en 2030 para hacer frente al envejecimiento
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) lleva años monitorizando el sistema de atención a la autonomía y la dependencia (SAAD). Sin embargo, no los presentaba ni los analizaba públicamente. El Ministerio de Derechos Sociales ofrecerá a partir de ahora las cifras trimestralmente para “mejorar la rendición de cuentas y la transparencia” sobre unos servicios de apoyo que cada vez necesitan más personas: ayuda a domicilio, centros de días, atención residencial, prestaciones económicas para cuidados en casa.
Según los últimos datos disponibles, de marzo de 2025, 182.532 personas en España llevan más de seis meses esperando una prestación. La cifra es elevada pero se ha reducido un 40% desde 2020, ha subrayado la secretaria de Estado del departamento, Rosa Martínez. Desde aquel año, que comenzó el plan de choque para rescatar el sistema de la dependencia tras años de recortes y estancamiento, la lista se ha ido aligerando. Hay un 9% menos de personas que en 2022.
Sin embargo, pese a estas mejoras, el tiempo medio que esperan los usuarios sigue siendo casi el doble de lo que permite la ley. Son 338 días cuando, según la norma, los trámites deberían quedar resueltos en 180. En el último año, además, este número ha subido en diez días. Con todo, también hay aquí una mejoría respecto a 2020: entonces la cifra se situaba en 457 días.
180 días es el umbral que utiliza el Ministerio de Derechos Sociales para calcular la lista de espera. Es decir, no se incluyen en ella a todas las personas que solicitan una prestación sino solo a aquellas que, en un plazo de seis meses, todavía no han podido acceder a ninguna ayuda. El proceso incluye la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia (del I al III), la asignación de una prestación y el acceso a ella.
Estas demoras provocaron que solo en marzo murieran 2.592 personas que, habiendo solicitado una ayuda, no la habían recibido. “Cada vez más personas piden entrar en el sistema. Hemos conseguido reducir las listas de espera y debemos seguir trabajando para reducir el tiempo de espera de solicitudes. La presión en el sistema es grande y durante ocho años tuvo su presupuesto congelado, ahora nos estamos recuperando”, ha justificado Martínez, que admite que “queda mucho trabajo por hacer”.
El Gobierno de coalición puso en marcha hace ahora cinco años un plan de choque que ha aumentado la financiación del sistema en un 150% al multiplicarse la inversión desde el Estado al conjunto, cofinanciado entre las comunidades autónomas y los usuarios (copago).
En este tiempo, el número de solicitudes no ha parado de crecer en un país cada vez más envejecido. Solo en el último año, han escalado un 5,4%, lo que se traduce en 112.026 personas más. Si el cauce del agua va creciendo, también debe hacerlo la capacidad del desagüe, en este caso del sistema, para dar respuesta a esas necesidades.
Hoy hay casi 2,2 millones de personas dentro del sistema: ya sea con una ayuda reconocida o esperándola. De ellas, 1,5 millones están atendidas con algún tipo de ayuda, un 7,6% más que hace un año. De ahora a 2030, el Ministerio calcula que se necesitarán 260.000 trabajadoras más para hacer frente al aumento de la demanda.
