El pasado 5 de diciembre, una sentencia del Supremo dio a decenas de familias unos meses de esperanza. El Alto Tribunal daba la razón a cuatro familias afectadas por la del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre, que habían reclamado que se respetase su derecho de retracto, reconocido en los contratos que habían firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, obligaba a Fidere, la socimi que gestiona los alquileres de Blackstone, a venderles los pisos por el mismo al que se los compro a la entonces alcaldesa Ana Botella.