Felicidades al Gobierno por este paso, pero hay que ir más allá. Hay que legislar claramente la prohibición total de esta práctica deshumanizadora de los vientres de alquiler y, si es preciso, tipificarla en el Código Penal. Sería una bonita forma de resaltar el liderazgo español en materia de derechos humanos
¡No quiero dolores de parto, quiero el bebé!”
El Gobierno pone hoy una piedra en el camino de la industria de explotación de mujeres con fines reproductivos y hay que felicitarle y felicitarnos por ello. No es la solución, no es la decisión definitiva, pero la inscripción automática de los bebés nacidos por vientre de alquiler en el Registro Civil si existe una sentencia del país de origen es un inconveniente que desanima. En España los vientres de alquiler no están permitidos, se trata de contratos de esclavitud, contratos inválidos, contratos ilegítimos, lo que no ha imposibilitado a parejas o individuos españoles sortear la prohibición poniendo ante las autoridades al bebé como objeto de chantaje insoslayable: ¿quién convierte a un bebé en ilegal cuando ya ha nacido?, ¿quién le priva de filiación y por tanto de derechos civiles? A eso juegan los que utilizan este sistema y a las mujeres y las numerosas empresas que obviamente se lucran con el tráfico.
Primero nos contaron el argumento de las pobres parejas infértiles, luego el de las parejas biológicamente imposibilitadas para reproducirse y, como alertamos, todo acabará derivando en el privilegio de quien puede pagar para evitar un proceso, el del embarazo y parto, que no es una bicoca para el cuerpo femenino. Eso ya ha sucedido. Mujeres ricas haciendo gestar por ellas a otras mujeres. El último caso, el de Chimamanda Ngozie Adichie, escritora declaradamente feminista, que confesaba en una entrevista a The Irish Times que sus gemelos los ha gestado otra. Cuando le preguntan cómo es posible que nazca una novela y gemelos en el mismo año, Adichie empieza a reír: “Nacieron a través de una madre de alquiler. De lo contrario, habría sido absolutamente imposible”. Mujeres que no tienen tiempo para gestar y pagan por ello, mujeres que no quieren estropearse o pasar sufrimientos, parejas infértiles, parejas de hombres que no pueden reproducirse… todos desean un bebé y la industria internacional de los deseos cumplidos está dispuesta a facilitárselo.
El cachondeo es que, no siendo legal en España, en la práctica todo se convierta en coladero. Según ha notificado Justicia, la instrucción obligará para la inscripción a realizar una adopción legal –que consta como tal– o a presentar evidencias biológicas de paternidad. Ya no valdrán las sentencias de carril de los países que admiten esta industria. Una dificultad más que no acaba con el problema, si bien avanza en el buen camino. Afirma la nota del Gobierno que con esta instrucción a la Dirección General de Registros se plasma la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha determinado en numerosas ocasiones que este tipo de explotación –me niego a llamarla gestación subrogada, se subrogan los contratos mercantiles no la maternidad–, además de explotar a mujeres pobres, “cosifica a los bebés” implicando a mujeres “que por lo general actúan impelidas por un estado de necesidad acuciante”. Es de cajón, porque lo de la voluntariedad y la empatía de gestarte un bebé por amor al arte no hay hija de madre que se lo trague, aunque no estaba de más que el alto tribunal lo determinara.
El problema de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo es que han ido dando aquí y allá, en función de los casos y de la composición del tribunal que enjuiciara. De facto, los magistrados han estado legislando a veces para refrendar la prohibición contenida en la ley de reproducción asistida y otras para sortearla. Ha habido litigios estratégicos para conseguir incluso borrar el país de nacimiento de los niños y sustituirlo en la célula registral por España ¡y se han ganado! La industria de los niños daba cada vez un pasito más, ya que, como bien decía una de las abogadas litigantes, por cuenta del lobby, “¡lo que no nos da el Parlamento nos lo da la Justicia!”. Eso es lo que estaba pasando, la dejación de la voluntad del legislador en manos de magistrados concretos.
La novedad que este jueves se publica en el BOE es una dificultad añadida para los comitentes de estos actos de explotación ya que se dificultará la inscripción aunque se sigue dejando la custodia de los bebés en manos de los compradores del niño. Cumple además la petición de las feministas de la derogación de las instrucciones de 2010 y de su reforma en 2015. Sin embargo, no es suficiente. El propio Gobierno y los partidos que lo sustentan reconocen que los vientres de alquiler en todas sus modalidades constituyen una forma de explotación de mujeres y no debe servirles que toda la regulación se limite a un artículo en la Ley de Reproducción Asistida que considera que tales contratos son ilegítimos y no tienen validez. Hay que ir más allá. Hay que legislar claramente la prohibición total de esta práctica deshumanizadora y, si es preciso, tipificarla en el Código Penal. Sería una bonita forma de resaltar el liderazgo español en materia de derechos humanos.
Queda lucha por delante y será difícil. La presión es muy grande. Existen demasiados y diversos lobbies que consideran legítimo comprar a mujeres pobres para usar su potencia reproductiva. Existen países que han claudicado y que consideran una forma de civilización superior el dar gusto a los consumidores que no quieren vivir sin un bebé que no pueden tener de forma natural y que no se avienen a la fórmula ética y generosa de la adopción. Existen personas muy relevantes que han usado o tienen previsto usar esta fórmula en ocasiones, como en el ejemplo que he puesto antes, para poder dedicarse a sus actividades sin complicarse la vida.
Las madres son madres.
Esa condición no debe estar en venta ni debe poder comprarse.
Felicidades al Gobierno por este paso, ánimo para dar todos los que vienen después.
