Este 1º de mayo levantamos la voz para reclamar que se ponga fin a la impunidad de los despidos injustos, que se garantice de una vez por todas una verdadera protección del contrato de trabajo y que se respete el derecho de las personas trabajadoras a una reparación justa
En este 1º de mayo, bajo el lema “Proteger lo conquistado, ganar futuro”, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) queremos lanzar un mensaje claro: proteger el contrato de trabajo frente a despidos injustos es hoy más urgente que nunca. No hay empleo digno ni sociedad justa si no se garantiza de verdad la estabilidad en el trabajo.
Hace ya más de un año, el 20 de marzo de 2024, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dio la razón a UGT en la reclamación que interpusimos contra el Reino de España por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea. El Comité concluyó que nuestra legislación no ofrece una protección adecuada frente al despido injustificado: las indemnizaciones actuales no son ni disuasorias ni reparadoras, como exige el derecho europeo. Algunos tribunales ya han empezado a aplicar esta resolución. Sin embargo, para trasladar seguridad jurídica a todas las personas trabajadoras y empresas, y para proteger efectivamente los derechos consagrados en la Carta Social Europea —que España ha ratificado y debe cumplir conforme al dictamen del Consejo de Estado de 8 de julio de 2021, publicado en el BOE—, es imprescindible que el Gobierno ejecute esta resolución y adapte la legislación laboral.
No partimos de cero. UGT, en su informe de noviembre de 2023 sobre el despido improcedente, ya propuso las líneas de actuación necesarias. Cumplir el mandato europeo significa abrir un proceso de diálogo social que permita reformar la normativa del despido injusto para que los jueces puedan fijar indemnizaciones suficientes para reparar el daño causado y disuadir futuras infracciones, que se restituyan los salarios de tramitación para compensar los ingresos dejados de percibir entre el despido y la sentencia, que se establezca una indemnización mínima de seis meses de salario, que se otorgue a la víctima —y no al infractor— la facultad de optar por la readmisión en su puesto de trabajo, y que los jueces tengan la potestad de ordenar dicha readmisión cuando las circunstancias del despido así lo aconsejen.
Hoy despedir injustamente en nuestro país es más barato que nunca. En 2023 se registraron más de 600.000 despidos, el récord histórico desde que existen estadísticas, y la indemnización media pagada cayó a tan solo 7.446 euros, la cifra más baja de toda la serie. Se despide más y se indemniza menos, pese a que los salarios han subido. Esta situación es aún más grave para los colectivos más vulnerables: las personas jóvenes despedidas apenas reciben 886 euros de media; las mujeres cobran indemnizaciones casi 1.400 euros más bajas que los hombres; y las personas extranjeras, aún menos, en torno a 2.895 euros. España no solo incumple su obligación internacional de proteger el derecho al trabajo, como nos ha dicho Estrasburgo, sino que perpetúa un modelo que favorece el abuso, la arbitrariedad y la desigualdad. Mientras las empresas ajustan plantillas mediante despidos baratos, miles de familias ven sus vidas truncadas sin una reparación justa.
El marco regulatorio que denunciamos ante el CEDS favorece decisiones empresariales arbitrarias y debilita la protección del empleo. No es aceptable que, en un Estado social y democrático de derecho, incumplir la legalidad en materia de despido sea una opción barata y asumible para las empresas. Proteger el contrato de trabajo es proteger la dignidad de las personas trabajadoras, es defender el presente y construir el futuro que queremos.
Por todo ello, desde UGT exigimos que España cumpla de manera inmediata sus compromisos legales internacionales y ejecute sin más demoras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que nos dio la razón. No es una opción, es una obligación. Este 1º de mayo levantamos la voz para reclamar que se ponga fin a la impunidad de los despidos injustos, que se garantice de una vez por todas una verdadera protección del contrato de trabajo y que se respete el derecho de las personas trabajadoras a una reparación justa. No aceptamos excusas ni dilaciones. Proteger lo conquistado y ganar futuro pasa hoy, necesariamente, por cumplir la Carta Social Europea y hacer efectivos los derechos que tantos años de lucha nos ha costado conseguir. Desde UGT no vamos a parar hasta que cada trabajador y cada trabajadora de este país vea garantizado su empleo y su dignidad.
