La Generalitat tilda de «huida hacia adelante» el recurso del colectivo ultracatólico contra el aval de una jueza de Barcelona a la muerte digna de N., solicitada hace casi un año
Ocho meses a la espera de la eutanasia: los pleitos de Abogados Cristianos ralentizan la muerte digna
Los ultracatólicos Abogados Cristianos se han agarrado ahora (sin presentar pruebas) a posibles deudas económicas de la joven N., que padece un trastorno límite de la personalidad y es parapléjica, para tratar de impedir su eutanasia. Así consta en el recurso que la entidad ha presentado contra el aval de la magistrada a la eutanasia de la joven, que ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Abogados Cristianos, que representa al padre de N., señala que la muerte de la joven “tiene consecuencias jurídicas en la esfera patrimonial de sus progenitores” al no tener ella descendencia. En el caso de que N. pueda acceder a la muerte digna, tal y como solicitó, “sus padres pueden verse afectados por una sucesión hereditaria si su hija tiene deudas”, agrega la entidad.
La Generalitat, que defiende a la comisión de médicos y juristas que autorizó la eutanasia de N., ha tildado el último alegato de Abogados Cristianos de “huida hacia adelante” después de que la magistrada descartara que la muerte digna de la joven lesionara el derecho a la intimidad familiar de su padre y el derecho a la vida.
El colectivo ultracatólico emprendió el pasado verano en Barcelona una ofensiva contra dos eutanasias ya concedidas por la comisión médica y legal de la Generalitat. Los dos solicitantes permanecen desde el pasado mes de agosto con su voluntad de morir dignamente en suspenso, pues Abogados Cristianos ha recurrido los avales a la eutanasia que dieron sendas magistradas de lo contencioso.
En el caso de N., la magistrada avaló no solo la eutanasia, sino que también descartó que el padre tuviera legitimidad legal para impugnarla, una decisión de enorme relevancia. Varios expertos alertaron de que se hubiera abierto la puerta a una ola de impugnaciones de familiares sobre un derecho que no les pertenece, como es el de morir de forma digna.
En su recurso, Abogados Cristianos despliega de nuevo los argumentos de los grupos contrarios al derecho a morir dignamente y lanza graves acusaciones contra la magistrada que avaló la eutanasia, de la que dice que en su sentencia mostró “a las claras” su “desconocimiento absoluto” de la situación de N.
La entidad ultra también dedica parte del recurso a cargar contra los profesionales médicos y jurídicos que la avalaron, a los que señala por convertir la norma en “una ley de suicidio asistido impulsado por las instituciones públicas”.
Lo que no aporta Abogados Cristianos (como tampoco hizo durante el juicio) es un dictamen médico que razone por qué N. no tiene derecho a morir. Todo lo contrario de lo que hicieron los profesionales de la Comisión de Garantías que, con sus 19 profesionales en pleno, autorizaron la eutanasia de la joven tras analizar detalladamente su caso y concluir que la joven estaba plenamente capacitada para pedir su derecho a morir y que los padecimientos que sufre eran irreversibles.
Abogados Cristianos tampoco ha registrado ninguna prueba (pese a que lo había anunciado en su demanda inicial) sobre el “vínculo familiar” entre el padre y N. La magistrada concluyó que el padre no estaba legitimado para impugnar la eutanasia tras constatar que la joven estuvo tutelada durante buena parte de su minoría de edad y que su relación actual “no es muy buena”.
En suma, la jueza concluyó que no existe una relación familiar “suficientemente estrecha” que permita legitimar el recurso en el derecho a la vida familiar, tal y como invocaban el padre y la fiscal.
En cambio, Abogados Cristianos insiste en una posición de máximos y no argumenta sobre si el vínculo entre padre e hija es suficiente y los efectos en él de la eutanasia (si el progenitor, por ejemplo, pudiera depender económicamente de ella). La entidad se limita a reiterar que la muerte digna “trunca el derecho [del padre] a mantener un vínculo familiar fundamental y a proteger la vida de su hija”, pese a que el derecho a la eutanasia es de la joven y de no de su padre.
La única novedad que aporta Abogados Cristianos en su recurso es una fotografía de N., que ya ha sido divulgada por algunos medios de comunicación pese a que el juicio se celebró a puerta cerrada precisamente para proteger la identidad y la intimidad de la joven.
La fotografía (que Abogados Cristianos no dice cómo ha obtenido) es usada por la asociación para alegar que la joven “mintió” en el juicio al desmentir que hubiera desistido de la eutanasia, como mantenía la entidad ultra.
En realidad, explicó N., dos mujeres de entornos católicos vinculados al centro tutelado en el que permaneció varios años durante su minoría de edad irrumpieron en la habitación del sociosanitario en el que vive y le hicieron firmar un documento que terminó rubricando estando muy medicada para que la “dejaran en paz”. Esas mismas mujeres habían llenado en otras ocasiones su habitación de “cruces y estampitas”.
Los médicos del hospital que testificaron avalaron la versión de la solicitante sobre las presiones de las dos católicas y explicaron que le recordaron a N. que podía dar marcha atrás a la eutanasia en cualquier momento, algo que la joven rechazó.
Abogados Cristianos, afea la Generalitat en la respuesta al recurso de los ultras, “ignora” las testificales de las doctoras y aporta una fotografía de N. que “solo le ha servido para difundir su identidad en los medios y seguir ejerciendo una intolerable presión” para que N. desista de su petición de eutanasia.
La Generalitat reitera que N. presenta todos los requisitos para recibir la eutanasia: limitaciones sobre su autonomía física, sufrimiento físico y psíquico constante e intolerable constatado por los profesionales médicos y ausencia de un pronóstico de mejora.
Pese a todo ello, N. verá cómo se alarga su espera: el TSJC mantiene suspendida la eutanasia hasta que no resuelva el recurso de Abogados Cristianos, que igualmente ha anunciado que proseguirá hasta la última instancia su intento de impedir su muerte digna. Ya van diez meses sin que la joven sepa si podrá ejercer su derecho a morir.
