José María Gil y Alberto Aguilar concluyen que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado se debería haber convocado «como muy tarde» a las 9.00 del pasado 29 de octubre
Un perito avala ante la jueza de la DANA los avisos de la Aemet y dice que “tenían que haberse tenido en cuenta”
Dos peritos especializados en gestión de emergencias y protección civil han apuntado ante la jueza de la DANA al president Carlos Mazón por no haber asumido el mando el pasado 29 de octubre. José María Gil Garre y Alberto Aguilar Zarco, autores de un informe pericial encargado por SOS Desaparecidos, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa, han detallado la legislación en materia de emergencias y las posibilidades que ofrecía la normativa al jefe del Consell ante la catástrofe de la barrancada.
Ambos peritos, según fuentes conocedoras de su declaración, han asegurado que el Es-Alert se debería haber enviado cuando se decretó la alerta hidrológica (el 29 de octubre se envió a las 20.11, cuando ya había fallecidos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones).
También consideran que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se debería haber convocado “como muy tarde” a las 9.00 del día de la DANA. Por el contrario, la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, convocó el Cecopi a las 17.00.
A juicio de Gil Garre y Aguilar Zarco, falló la preemergencia. Los peritos han descartado que exista responsabilidad por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a tenor de la normativa vigente. Además, consideran que la CHJ transmitió los avisos por todos los canales de los que dispone la entidad.
La Generalitat “falló en liderar, alertar y coordinar”
En el informe pericial que aportaron a la causa, los autores concluyen que la Generalitat Valenciana “falló en liderar, alertar y coordinar” ante la emergencia, “causando pérdidas humanas evitables”.
Además, también apuntan a la “responsabilidad” de los ayuntamientos de las zonas afectadas, que “traicionaron su deber”, a la Diputación Provincial y a la Administración estatal, por la falta de activación del nivel 3 de la emergencia nacional. “El nexo causal es irrefutable: estas omisiones mataron y dejaron desaparecidos”, agrega el informe.
Por otro lado, la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, Emilio Argüeso, remitió este pasado jueves un escrito a la jueza instructora advirtiendo de la vinculación política de los dos peritos con el PSOE y Ciudadanos.
