La coordinación de parentalidad, un mecanismo obligatorio de resolución de conflictos que utilizan algunos juzgados, se está aplicando en casos en los que existe un trasfondo de violencia de género. Así lo recoge el informe , publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis con la colaboración de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. El documento asegura que su uso en este tipo de casos se está convirtiendo en una “forma de violencia institucional” contra las mujeres, algo que ha llevado al Ministerio de Igualdad a plantear la necesidad de regular esta figura para garantizar que no se aplique cuando hay indicios de violencia machista.