La fiscal de Memoria Democrática habla con elDiario.es en el lugar en que se alzó el campo de concentración de Gusen. Dolores Delgado justifica su investigación sobre la responsabilidad franquista en la deportación y muerte de miles de españoles en los campos de concentración nazis y explica las consecuencias que podría acarrear su actuación. La fiscal piensa recabar pruebas y escuchar a los familiares de las víctimas
Dentro de Mauthausen, el campo de concentración donde miles de españoles fueron víctimas del terror nazi
La Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha visitado el campo de concentración nazi de Gusen este sábado con motivo del 80 aniversario de su liberación. Hace solo unos días, la Fiscalía anunció que había abierto diligencias de investigación para esclarecer las responsabilidades pertinentes del franquismo en el exilio de miles de españoles a diferentes campos de exterminio, entre ellos Mauthausen y Gusen. “Los responsables han fallecido. Sentarles en el banquillo no va a ser posible. Por eso la justicia se puede conseguir a través de la investigación exhaustiva, conociendo lo que pasó y haciendo, desde la justicia, un relato de lo que ocurrió”, afirma en declaraciones a elDiario.es.
¿Qué supone para usted volver a Mauthausen y a Gusen ahora que ha abierto una investigación sobre la complicidad del franquismo con la deportación y muerte de los españoles que acabaron en este campo?
Estar en Mauthausen y en Gusen siempre abre un espacio de encuentro con uno mismo y con la maldad de otros. Con hombres que dieron su vida por la libertad y la democracia a los que hay que recordar. Hay que recordar su historia. Tenemos ahora una ley de Memoria Democrática que establece dos cosas muy importantes: el derecho de las víctimas a una investigación efectiva de este espacio de Justicia y la obligación del estado a hacer esa investigación. Nos abre, por tanto, una herramienta con muchas posibilidades para investigar. ¿Para qué y por qué? Porque aquí se cometieron crímenes contra la Humanidad. Los más graves que pueden cometerse: asesinatos, torturas, desapariciones. En el caso de los españoles fue por motivos políticos. Las circunstancias en que esto ocurrió, los que pudieron evitarlo y no lo evitaron, los que pudieron participar en estos crímenes contra la Humanidad… Todo eso hay que conocerlo. Pensemos que la Justicia llegó a Europa a través de los Juicios de Núremberg y de otros procesos. Nosotros no lo hemos tenido en el caso de los españoles que fueron internados y que murieron en campos de concentración como Mauthausen. Ahora la ley reconoce ese derecho a la investigación y esa obligación del Estado. Es lo que, además, dice la Constitución en su artículo 10.2: que los derechos fundamentales deben interpretarse de acuerdo a los tratados internacionales.
Vamos a desarrollar esa tutela judicial efectiva, ese derecho fundamental a partir de los derechos humanos y del derecho a la verdad a la justicia y a la reparación. Una justicia para las víctimas, que son víctimas en presente. A lo mejor los crímenes han prescrito, pero la condición de víctima no prescribe. Conociendo la verdad, con una investigación podemos contribuir a que no se vuelva a repetir.
¿Qué les puede decir a los familiares de esos deportados y deportadas españoles que están en estos actos y que han puesto muchas esperanzas en esa investigación. Les puede garantizar que esta vez sí van a conseguir justicia?
La justicia que podemos dar es la de una investigación exhaustiva. Tristemente han pasado muchos años. Los responsables han fallecido. Sentarles en el banquillo no va a ser posible. Por eso la justicia se puede conseguir a través de la investigación exhaustiva, conociendo lo que pasó y haciendo, desde la justicia, un relato de lo que ocurrió.
¿Sería solo una reparación moral?
No. Sería una reparación real. Una investigación nos permitirá conocer lo que pasó, poner nombre y apellido a posibles responsables. Poner nombre a las víctimas. Conocer en qué condiciones murieron y por qué. Y hacerlo con parámetros de justicia, en un procedimiento penal que luego tendrá consecuencias. Consecuencias en el registro civil, en el reconocimiento de las víctimas… Sí tiene consecuencias.
Igual que Alemania y Francia, como estados, reconocieron su responsabilidad directa en la deportación de los españoles ¿cree usted que esta investigación puede acabar con datos que obliguen al Estado español a asumir su responsabilidad en estas deportaciones y muertes?
Sí, claro. Yo creo que sí. Lo que ocurre es que nosotros aún estamos en la fase de la investigación. 80 años después de la liberación y de los Juicios de Núremberg ni siquiera hemos hecho la investigación. Este es el camino. Es el camino de conocer todas las historias. Conocerlas desde el espacio de la Justicia, es muy reparador. Incoar un expediente penal, unas diligencias de investigación desde la Fiscalía… con archivos, pruebas, tomando declaración a familiares, conocer también sus historias de búsqueda… es un elemento reparador.
