Los plazos establecidos en la convocatoria y los tiempos del embarazo, previo a la concesión de la ayuda, hacen inviable que Yolanda Ortiz disfrute del derecho que le otorga su maternidad si quiere aceptar el contrato; el ministerio explica que es un caso particular, pero cambiará las ayudas José Castillejo
La Ley de Ciencia deja de penalizar a los investigadores con contrato temporal que cojan permisos para cuidar
O el derecho adquirido a la baja por maternidad o un prestigioso contrato de investigación que impulsaría su carrera. Es la dicotomía que afronta Yolanda Ortiz, profesora contratada doctora de la Universidad de Granada (UGR), tras haber conseguido una ayuda José Castillejo del Ministerio de Universidades, que ahora la obliga a elegir. Los plazos de la convocatoria no casan con los de su embarazo (previo a la concesión del contrato), por lo que a esta investigadora le resulta imposible conciliar ambos.
“Se está vulnerando un derecho, es un caso claro de discriminación sexual”, sostiene Ortiz, que ha recurrido la decisión del ministerio, cuenta, pero llegado el momento renunciará al contrato si la situación no cambia. El Instituto de las Mujeres –dependiente del Ministerio de Igualdad–, al que acudió la profesora en busca de amparo, encuentra que podría haber “discriminación directa por razón de sexo” dado que la convocatoria “no otorga un periodo de tiempo más amplio para que la movilidad pueda realizarse en los casos que coincida embarazo y baja por maternidad”, hecho que contravendría la igualdad entre hombres y mujeres.
Fuentes del Ministerio de Universidades explican que entienden perfectamente la reclamación de la investigadora y que el departamento que dirige Diana Morant defiende su derecho a disfrutar de su maternidad, una opción que, remarcan, está contemplada en la convocatoria. Pero, apuntan también las fuentes, esta misma convocatoria limita con qué plazos se puede hacer, y en este caso no se puede ir más allá del final de este año natural, el 31 de diciembre de 2025. Sí conceden de alguna manera que la convocatoria es mejorable y de hecho se hará en futuras ediciones (“se le ha trsaladado a la unidad correspondiente que tengan en cuenta este tipo de situaciones sobrevenidas justificadas”), pero ya no llega para ella: o baja o contrato es, en este momento, su elección. Ortiz ha presentado recurso de alzada y está esperando resolución.
No es el primer incidente que tiene el ministerio con una convocatoria de investigación y la maternidad. Hace menos de cuatro años, cuando aún Universidades y Ciencia eran dos carteras diferentes, una situación similar con una investigadora llevó a que se cambiara la Ley de Ciencia, que justo se tramitaba entonces en el Parlamento. En aquel caso, la hija de Evelina nació antes de tiempo y cuando se le acabó la baja para atenderla, la investigadora tuvo que incorporarse a su contrato Ramón y Cajal (los más prestigiosos que concede el ministerio) a jornada completa. En la práctica, Evelina también tuvo que elegir entre su hija y su carrera.
De enero a diciembre
El problema se originó por el tiempo que pasa entre que se pide la ayuda, se resuelve la convocatoria y abre el plazo para ejecutarla. Ortiz realizó la solicitud en enero de 2024, pero los adjudicatarios no se conocen hasta diciembre de ese mismo año y los cuatro meses que dura el contrato, estancia en un centro extranjero incluida, deben realizarse al año siguiente, en este caso 2025. En medio de todo ese proceso, antes de saber si sería una de las afortunadas, la profesora se quedó embarazada en septiembre.
Yolanda está ahora en la recta final de su embarazo, lo que significa que acabará la baja maternal y el periodo de lactancia en noviembre. Antes de quedarse embarazada, ella pensaba viajar a la Universidad Católica de Chile entre agosto y noviembre de 2025. Cuando cambió su estado pidió un retraso para irse entre noviembre de este año y febrero de 2026, amparándose en el artículo 26 de la convocatoria, que permite modificar las fechas si se dan ciertas circunstancias excepcionales, que incluyen “riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad u otras causas”.
Pero Universidades se negó, alegando que la propia convocatoria establece justo en el siguiente apartado de ese mismo artículo que invocó Ortiz que el contrato “no podrá finalizar con posterioridad al 31 de diciembre de 2025”.
“Eso implica que el artículo 26 (…) realmente solo se aplica a aquellas mujeres beneficiarias de la subvención que comenzaron su estancia en 2024 o bien que tuvieran su fecha de parto a inicios de 2025”, traduce Ortiz los cálculos: dado que la baja por maternidad más lactancia son casi cinco meses y la estancia dura otros cuatro, para acabar el contrato en 2025 hay que dar a luz antes de marzo.
Anticipándose a la pregunta, la profesora explica que no podía comenzar su estancia en 2024 porque supone hacer una apuesta que no puede asumir si sale mal. “Las bases de la convocatoria dan la posibilidad de realizarla antes de su resolución, pero por cuenta y riesgo del investigador o investigadora, sin saber si te la concederán o no”, ilustra. “Yo no podía acogerme a esa opción porque no tengo la posibilidad de financiación sin la subvención”, elabora. “A efectos prácticos la cláusula de embarazo no se aplica a aquellas personas que necesitamos saber si contamos con la ayuda económica”, concluye.
