El tribunal entiende que el ejecutivo central no ha cumplido con sus exigencias de hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados en las islas y llama a comparecer el próximo 29 de mayo a un representante de la Administración del Estado, que debe designar el propio ejecutivo, para que informe sobre el cumplimiento de las cautelares que impuso hace semanas
El Supremo da 10 días al Gobierno para hacerse cargo de mil menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias
El Tribunal Supremo ha convocado a un representante del Gobierno para que detalle las medidas que ha adoptado el Estado para acoger al millar de menores migrantes que han llegado a Canarias y han solicitado asilo. Los jueces, que impuseron medidas cautelares a la administración central para que se hiciera cargo de los menores, entienden que la respuesta del Estado “parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento” a esas órdenes y que un representante del ejecutivo debe acudir presencialmente al Supremo el próximo 29 de mayo para dar explicaciones.
El ejecutivo de Canarias acudió al Tribunal Supremo para reclamar que el ejecutivo central se hiciera cargo de un millar de menores extranjeros no acompañados que habían llegado a las islas y habían solicitado asilo. La respuesta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo fue imponer medidas cautelares y exigir al Estado que en un plazo de 10 días garantizase el acceso de los menores al Sistema Nacional de Acogida, colaborando con Canarias y comunicando al tribunal las medidas que han tomado.
En una nueva resolución, la Sala ha dado un paso más y ha convocado una vista pública para el próximo 29 de mayo y que un representante de la Administración del Estado “informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar que se impuso”. Los jueces entienden que la respuesta que ha dado hasta ahora el ejecutivo central “parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos”.
Hasta hace unos días el ejecutivo central negociaba con Canarias un protocolo para hacerse cargo de ese millar de menores no acompañados solicitantes de asilo que son atendidos por el sistema autonómico de protección, con el objetivo de cumplir con la orden del Supremo. Tal y como señaló la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ese protocolo permitirá “analizar de forma particular y singular cada uno de los casos para preservar siempre el interés superior del menor”.
