Una semana antes de la entrada en vigor de la reforma del reglamento de Extranjería, el Ministerio de Inclusión ha aprobado dos instrucciones para aclarar la interpretación de la nueva normativa y, de facto, corregir algunos de los efectos advertidos desde hace meses por ONG y abogados especializados. Las directrices, firmadas este martes por la Secretaria de Estado de Migraciones, abordan el riesgo de discriminación que podría acarrear la norma contra los ciudadanos nacionalizados que quieren traer a España a sus familiares extranjeros y flexibiliza algunos de los requisitos impuestos para acceder a los nuevos permisos por arraigo. La batería de instrucciones no incluye por el momento una solución para los demandantes de protección internacional que se ven empujados a la clandestinidad por la nueva norma, aunque el departamento dirigido por Elma Saiz dice estar trabajando en ella.