Las organizaciones ultra, Vox y el PP solictan la apertura de juicio oral y también penas de cárcel para el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo
El juzgado que investiga al hermano de Sánchez embarga 6.000 euros a Manos Limpias porque debe dinero a una abogada
Las acusaciones populares solicitan al hermano de Pedro Sánchez solicitan tres años de cárcel, inhabilitación y la devolución de todos los salarios que haya obtenido desde su contratación en la Diputación de Badajoz por los delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.
En el escrito de acusación, dirigido al juzgado número 3 de Badajoz, que ha investigado e iniciado el procedimiento contra David Sánchez, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, y varios cargos socialistas por la contratación del músico en 2017, solicitan que se abra juicio oral para todos ellos, en total 11 personas.
En concreto, por el delito de aceptación de nombramiento ilegal, las acusaciones particulares piden que Sánchez abone una multa diaria de 180 euros durante seis meses. Por el delito de tráfico de influencias solicitan tres años de cárcel por el “beneficio obtenido” al otorgársele el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas y por la contratación del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, en la Diputación de Badajoz.
Además, Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP piden la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis años.
Las acusaciones consideran que David Sánchez sabía que el puesto de coordinador de los conservartorio se había creado para él y se presentó a la convocatoria “a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé”. “Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente”, sigue el escrito.
Las acusaciones populares también piden tres años de prisión para Miguel Ángel Gallardo, que es también el secretario regional del PSOE: un año y medio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno y otro año y medio por la de Luis Carrero. Además, quiere que se le inhabilite para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 15 años y multa de seis meses con una cuota diaria de 180 euros.
A juicio de las acusaciones, Gallardo, como presidente de la Diputación, conocía que el puesto iba a ser adjudicado a Sánchez “y participó en los hechos”.
Para el exasesor de Moncloa, conocido de David Sánchez, que trabaja en la Diputación de Badajoz desde diciembre de 2023, también solicitan las organizaciones ultra un año y medio de prisión por un delito de continuado de tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal.
La misma pena de cárcel piden para el resto de procesados, excepto para Elisa Moriano, cristina Núñez y Félix González, para quienes piden inhabilitación duramte 15 años por un delito de prevaricación. Moriano fue directora de Cultura en la Diputación de Badajoz, Núñez era diputada provincial de ese área en el momento que se convocó la plaza que ocupó David Sánchez y González intervino en la comisión asesora del proceso.
La jueza que ha instruido el caso por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, Beatriz Biedma, dictó auto de procesamiento el pasado 28 de abril contra 11 personas por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
