Una sentencia de un juzgado ya ha ordenado el pago del “premio por funcionarización” por méritos docentes e investigadores acumulados mientras que la profesora fue investigadora Ramón y Cajal
Los docentes de la Universidad de Málaga claman contra los recortes en pleno desembarco de universidades privadas
La Universidad de Málaga deberá abonar alrededor de 15.000 euros como premio a los méritos docentes e investigadores de una profesora e investigadora de la facultad de Matemáticas desde 2002. Hasta 2021, había desarrollado su carrera como contratada laboral, de modo que en ese tiempo no cobró quinquenios (por méritos docentes) o sexenios (méritos de investigación) porque no era funcionaria. Una sentencia del Tribunal Supremo aclaró en 2024 los contornos del derecho a reclamar el “premio por funcionarización” en compensación una vez ganada la plaza de profesora titular, pero hasta ahora la UMA está ignorando las solicitudes de estos docentes, que esgrimen la resolución del Supremo.
Una sentencia del juzgado contencioso-administrativo 5 de Málaga obliga a la UMA a pagar y puede ser la primera de muchas: fuentes del Sindicato de Apoyo Mutuo (SiAM) asegura que han interpuesto al menos 40 las reclamaciones similares, aunque el número de casos potenciales supera los 300. Las cuantías reconocidas y no abonadas van de los 15.000 a los 30.000 euros.
De estimarse las demandas que ya se han puesto siguiendo la línea de la primera sentencia, la UMA debería abonar a estos docentes en torno a un millón de euros, en un momento en el que aplica un plan de ajuste, impuesto por la Consejería de Universidades y la de Hacienda, que está provocando protestas entre todas las categorías docentes por los recortes que conlleva.
La situación económica es un factor clave, y así lo admite la UMA, que a través de una fuente oficial explica que cualquier gasto “adicional” “requiere disponer de la financiación correspondiente”. En respuesta a este medio, asegura que ha abordado este asunto “complejo” con sindicatos y “diversas representaciones” del colectivo, que no siempre han tenido la misma postura, y a los que ahora ha planteado un nuevo borrador de acuerdo. Sin embargo, no aclara si va a recurrir la sentencia de condena o si piensa allanarse a las que ya están interpuestas.
Más de 300 profesores afectados
La sentencia, a la que este medio ha tenido acceso, reconoce el derecho a una profesora que antes de 2021 tenía con la UMA un contrato de investigación Ramón y Cajal. Cuando en febrero de 2021 logró plaza de titular reclamó a la UMA el “premio por funcionarización”. Apenas un mes después, la UMA le reconoció tres quinquenios docentes de 2002 a 2017 y tres sexenios de investigación de 2003 y 2020, con tres años de retroactividad. Pero decidió no pagarle el premio.
Le dijeron que no le correspondía. Además, la UMA, que había abonado anteriormente esos complementos, dejó de hacerlo para todas las categorías a las que sí se lo estaba abonando (profesor ayudante, profesor ayudante doctor, profesor colaborador y profesor contratado doctor) en 2021. Así se lo explicaron a la profesora en un correo electrónico, sin explicarle los motivos de por qué ya no pagaban el premio.
Esta decisión afectó a todos los que tomaron posesión como profesores titulares en 2021, 2022, 2023 y 2024. Un total de 329, según los datos de SiAM. “Un claro agravio comparativo y una clara vulneración del principio de igualdad”, se lee en su demanda. Su reclamación administrativa fue ignorada y acudió a un juzgado de lo contencioso, que ahora le da la razón.
Dudas ante los tribunales
El premio de funcionarización tiene su origen en el Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades andaluzas, firmado en 2008. Entonces, las Universidades se negaron a que el personal docente e investigador (PDI) laboral tuviera derecho a cobrar quinquenios y sexenios, pero a cambio le concedió el reconocimiento a cobrar retroactivamente durante tres años los quinquenios y sexenios que le fueran reconocidos en el momento de acceder a la condición de profesor/a titular de universidad. Esto quedó reflejado en el artículo 48 del Convenio Colectivo.
La duda de si se aplicaba por igual a todas las categorías de personal laboral llegó a los tribunales. Las universidades recurrieron la primera sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, pero el Tribunal Supremo zanjó la cuestión en marzo de 2024: el personal laboral temporal de las Universidades Públicas tiene derecho a que se evalúen y retribuyan sus quinquenios y sexenios. El TSJA rechazó que la cuestión se tratase en un conflicto colectivo, y para hacer valer la sentencia del Supremo los docentes afectados están presentando demandas individuales.
El caso de esta profesora era especial, porque el convenio colectivo no recoge expresamente que los investigadores con este tipo de contratos tengan derecho a “premio por funcionarización” cuando se convierten en titulares. Pese a ello, la sentencia se lo concede. Para el resto de personal laboral docente, el convenio sí lo recoge, pero la UMA evitaba aplicarlo, a diferencia de otras universidades andaluzas.
“Somos muchos profesores titulares en esta situación”, explica Alfonso Gago, profesor de la Escuela de Ingeniería de la UMA, quien está coordinando el apoyo jurídico que está prestando el Sindicato de Apoyo Mutuo (SiAM). Gago exigió el pago del complemento por registro, y ni le contestaron. Después, acudió a la vía administrativa, y también silencio. Llegó a recurrir al Defensor Universitario, que pidió a la Universidad que respondiera por escrito al docente. Y tampoco. Finalmente, tuvo que acudir a los tribunales, que aún no han resuelto su caso. Entre medias, se produjo el cambio de rector y Ángel Narváez dio paso a Teodomiro López.
“Estaban recortando sin hacerlo público”
“Ha sido un silencio administrativo de varios años. Estaban recortando de todo lo que podían, pero sin hacerlo público y a costa de gente que pensaban que no íbamos a protestar”, señala Gago, quien tiene claro que esta situación se enmarca en el contexto de la grave crisis financiera que atraviesa la Universidad.
El pasado diciembre, la Junta de Andalucía concedió a la UMA un préstamo de 48,5 millones de euros destinado al pago de las cantidades que adeuda a varias constructoras por obras contratadas durante el mandato de Ángel Narváez (2015-2023). Pero las estrecheces económicas van más allá de los proyectos faraónicos: la UMA arrastra un déficit estructural creciente por el desequilibrio entre lo que la Junta de Andalucía le ingresa por los gastos corrientes y de personal y lo que gasta. En una década, el déficit acumulado es de 212 millones de euros y se ha comido los 192 millones que la UMA tenía en tesorería en 2015.
La condena y, sobre todo, la posibilidad de que sea la primera de muchas, abren un nuevo frente económico a la institución, en un momento en que, forzada por el plan de ajuste vinculado al crédito de la Junta, está buscando un recorte en los gastos de personal en todas las categorías. Está limitando sustituciones y ha aumentado carga lectiva (aplicando un nuevo baremo de créditos), paralizado convocatorias a ayudante doctor y bloqueado la promoción interna de aspirantes a catedrático. Estos recortes ya han dado lugar a una plataforma denominada UMA por la Pública que se presenta este jueves.
