Tendrá un fijo de 180.000 más un variable de hasta 50.000 euros, a lo que se suman 10.000 euros en CSP Iberian Bilbao Terminal, datos que constan en el expediente de autorización de su fichaje realizado por el Gobierno vasco y enviado parcialmente al Parlamento
Urkullu lanza su ‘lobby’ europeísta eAtlantic con las grandes empresas vascas pero sin buscar “protagonismo político”
La exconsejera vasca Arantxa Tapia del PNV, que ha iniciado una actividad como consultora externa, tendrá una retribución de 180.000 euros anuales fijos más un variable máximo de 50.000 euros en KPMG y de 10.000 euros en CSP Iberian Bilbao Terminal. El Gobierno ha enviado al Parlamento Vasco, como respuesta a una solicitud de EH Bildu, los expedientes completos de la autorización emitida recientemente, si bien los datos salariales a los que ha tenido acceso este periódico no son públicos. Los excargos están obligados a tramitar una compatibilidad ante la Administración antes de saltar a la actividad privada en los dos años siguientes a su cese para que se analice si incurren en un posible conflicto, extremo que se ha descartado con rotundidad en el caso de quien dirigió las políticas de Desarrollo Económico e Industria desde 2012 hasta 2024 y también otras áreas complementarias en ese tiempo como Turismo, Transportes o Medio Ambiente.
Tapia, que inicialmente había regresado a su plaza en la UPV/EHU, la Universidad pública vasca, ha emprendido recientemente una nueva etapa como autónoma en el ámbito de la consultoría. Sus dos primeros clientes son KPMG y CSP Iberian Bilbao Terminal, como adelantó este periódico. El Ejecutivo descarta en sus informes que Tapia tuviera relación con estas compañías durante su largo mandato. Precisamente ella sí se abstuvo ‘motu proprio’ en otras tramitaciones que podían generarle ese conflicto, como las relativas a Vicomtech.
El doble expediente incluye adjuntas las ofertas recibidas por Tapia en ambas empresas. La más relevante es la de KPMG, con una duración inicial de un año. La compañía buscaba en la exconsejera del PNV un “asesoramiento para el diseño e implementación de la estrategia comercial y relacional con las diferentes entidades del sector público y privado del País Vasco”. También para la “identificación de oportunidades de negocio en el sector público y en el sector privado”, para “elaborar informes” sobre la “evolución de la política económica” en España y en el mundo y para “reforzar” la presencia de esta consultora internacional en Euskadi. La compañía recalcaba expresamente en la propuesta la importancia de que no se vulneraba “ninguna norma legal” y que tenía la resolución favorable de la Administración para firmar.
Siempre según la documentación del Gobierno vasco, la “contraprestación” por estas labores asciende a 180.000 euros anuales en doce facturas mensuales y “adicionalmente” se “podrá recompensar” la “significativa aportación de la asesora” con un variable de hasta 50.000 euros así como otros gastos de viaje o dietas. En el caso de CSP Iberian Bilbao Terminal, también inicia su relación por una duración de doce meses, aunque en puridad son 24 jornadas de ocho horas. El acuerdo económico en este caso se ha cerrado en 10.000 euros en cuatro facturas trimestrales. En ambos casos, esta cantidad es bruta y se le tienen que descontar los gastos de Seguridad Social, IRPF y, en su caso, el IVA.
El área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, como ya era público, dio luz verde a la autorización para que Tapia iniciara su actividad como consultora en ambas empresas. De hecho, se han revisado no solamente las firmas contratantes sino otras entidades relacionadas, particularmente en el caso de CSP Iberian Bilbao Terminal, por ejemplo otras filiales de ese grupo chino en Zaragoza o Valencia. La ley exige que el departamento en el que prestó servicios emita un informe y, en este caso, han sido dos, ya que su cartera se desgajó en la que ahora controla Mikel Jauregi, con la parte industrial y ambiental, y la de Amaia Barredo, que fue su viceconsejera y dirige lo relacionado con el primer sector. De esos documentos se deduce que el grupo de CSP Iberian sí ha obtenido subvenciones (1,2 millones de las ayudas Indartu en 2023, por ejemplo) pero en programas de concurrencia competitiva.
“Desde KPMG valoramos el talento, la experiencia y la diversidad de perfiles como pilares fundamentales para seguir creciendo y aportando valor a nuestros clientes. Por eso, estamos enormemente orgullosos de que una profesional con la trayectoria, el conocimiento y el compromiso de Arantxa Tapia haya decidido unirse a nuestro equipo. Como muchas otras firmas, en KPMG incorporamos talento allá donde se encuentra, sin importar su procedencia, porque estamos convencidos de que la pluralidad de experiencias enriquece nuestra visión y fortalece nuestras capacidades. En este contexto, el perfil de Arantxa, con un profundo conocimiento del tejido económico e industrial, resulta clave no solo para nuestra apuesta por el País Vasco –donde seguimos reforzando nuestras capacidades– sino también para nuestra ambición de contribuir a los retos empresariales y sociales en un momento geopolítico y económico especialmente complejo”, explican desde la consultora. Y añaden: “Su experiencia y conocimiento en un sector estratégico como el industrial –clave para el desarrollo económico nacional y europeo, como reconocen informes recientes como los de Draghi o Letta– refuerza nuestro posicionamiento en un ámbito en el que queremos seguir creciendo. El País Vasco, con su tejido industrial sólido e innovador, es el entorno natural para impulsar ese liderazgo”.
Sagardui y Urkullu
La misma ventanilla que ha autorizado el salto de Tapia tramitó meses atrás el fichaje de Gotzone Sagardui, exconsejera de Salud, como directora médica de una clínica privada. En ese caso el expediente superó el plazo de un mes fijado por la ley y la autorización se dio por obtenida por silencio administrativo, aunque luego en el dictamen posterior tampoco se vieron incompatibilidades. En su caso, el grupo Vithas le ha ofrecido un salario de 95.000 euros fijos más un 20% variable, siempre según los datos administrativos del Gobierno vasco. Un consejero tiene una retribución aproximada de 105.000 euros.
Ahora, este organismo debe tramitar la compatibilidad del lehendakari Iñigo Urkullu y de su colaboradora Marian Elorza. Ambos son los principales impulsores de una nueva entidad, la fundación eAtlantic, un ‘lobby’ europeísta y atlantista. De momento, Urkullu explicó que es “presidente” de ese organismo y no “presidente ejecutivo”. Tiene que esperar a la autorización para poder tener un contrato y un salario. En la presentación de la iniciativa, el pasado viernes, el lehendakari entre 2012 y 2024 indicó que él es el “primer interesado” en hacer las cosas conforme a la normativa para excargos de la Administración pública.