Trabajadores alertan de que están tomando decisiones vitales en solitario, como la retirada de un niño a su familia, cuando debería hacerlo un equipo multidisciplinar. CCOO cuenta que un solo profesional lleva hasta cien casos y que se está produciendo “maltrato institucional”
Más de un año separados de sus hijos por una decisión “precipitada” y sustentada en “meras conjeturas”
Un solo profesional lleva hasta cien casos de menores en situación vulnerable en Canarias y debe tomar decisiones vitales en solitario, como por ejemplo, dilucidar si es mejor retirárselo a su familia. Es la denuncia que realizan trabajadores y trabajadoras del servicio de prevención y protección de menores del Gobierno regional, que exponen que se están vulnerando los derechos de “todos los niños, niñas y adolescentes tutelados”. En el caso de los menores migrantes, se disparan hasta mil los casos por trabajador, pero advierten de que el cuello de botella lleva años en los expedientes de familias canarias, pues se tutela a unos 6.000 de las Islas (según CCOO) sin apenas personal y sin las condiciones para desarrollar el trabajo en condiciones óptimas. Hablan además de “maltrato institucional”.
Se trata de una situación de “caos” que ha denunciado el portavoz de la Sección Sindical de CCOO, Hermann Luis Dait Yanes, a la diputada del común, que inició indagaciones el año pasado sobre ello aunque alertaba en un escrito a finales de diciembre de que la Consejería de Bienestar Social no ha respondido a sus requerimientos y que se ha reiterado la pregunta. En esa queja, se exponía que “la falta de medios técnicos y materiales está suponiendo un auténtico maltrato institucional” y alertaba de que se está incumpliendo con la ley de protección a la infancia y a la adolescencia.
Hermann Luis Dait explica a esta redacción junto a Daniel Quintero Martín, adjunto de la Secretaría de Políticas Públicas de CCOO, que entre los casos que llevan los profesionales del área de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias se encuentran las situaciones de desamparo, derivaciones, acogimientos en todas sus modalidades…. “Con este volumen extremo, es imposible gestionar con la calidad que se merecen los niños, niñas, adolescentes y familias de origen”. “Un técnico va a ver a una familia una vez al año”, lamentan los profesionales, que creen que la ratio óptima sería de 25 o 30 menores por técnico para darles un trato de calidad.
Los trabajadores exponen que los casos deberían ser estudiados por un equipo multidisciplinar especializado compuesto por profesionales de la psicología, trabajo social y la educación social. Sin embargo, “esto es imposible porque en la mayoría de los casos debe decidir en solitario el responsable del caso”, denominado “gestor del caso”, una figura que desde CCOO sostienen que se ha creado para dar más funciones de las que debería tener cada profesional. Hermann Luis Dait, señala que, por ejemplo, que un educador social toma decisiones que debería hacer un psicólogo.
Hay una instrucción de finales del pasado año de la directora de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, en la que se determina toda la responsabilidad que tiene el gestor del expediente, a quien le corresponde valorarlos y cerrarlos y les instaba a actualizar todos ellos en el sistema informático, un sistema que trabajadores afirman que no está del todo en marcha.
CCOO ha enviado numerosos escritos respaldados por decenas de trabajadores desde hace un año a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias; los últimos, este mismo mes de enero. En ellos denuncia este panorama con el que es “imposible” cumplir con la Ley de protección a la Infancia y valorar el interés superior del menor. “Es imposible el trabajo en grupo para tomar decisiones importantes” lo que está suponiendo “una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia de la que esta dirección general tiene tutela”.
Una plantilla sobrecargada que toma decisiones vitales
Todo lo que los trabajadores denuncian en sus escritos viene amparado en un informe de evaluación de riesgos laborales específico de este servicio de protección a los menores, en el que se refleja que en relación con la carga de trabajo “se describe una situación de sobrecarga preocupante”, donde los profesionales destacaron la enorme cantidad de casos a los que tienen que hacer frente, además de que hay mucho personal temporal que se va. Se describe en el documento un desequilibrio en el reparto entre sectores, de manera que los sectores capitalinos se encuentran sobrecargados.
El informe concluye que hay un desequilibrio en el reparto de trabajo, en el número de administrativos por provincia y que no existe un plan de contingencia. Los trabajadores echan en falta formación continua y especializada y tienen demandas desde el punto de vista emocional. “El personal sufre las consecuencias derivadas del ejercicio profesional de una actividad en la que se adoptan y se ejecutan decisiones complejas y de enorme impacto en la vida de las personas”. Esta situación se ve agravada por la “falta de unificación de criterios y los déficits en materia de coordinación y supervisión que hace que el personal soporte sobre su espalda el peso de estas decisiones, las cuales además debe ejecutar”.
“El personal muestra también cansancio por el uso reiterado de refuerzos temporales de personal, soluciones que a corto plazo pueden aliviar, pero que no resuelven los problemas estructurales y la necesaria especialización del servicio” y añade que habría que “plantear soluciones que ofrezcan estabilidad a la plantilla”. Asimismo, detalla que falta formación con respecto a actuación en casos de conflicto y acoso laboral y faltan protocolos de actuación en casos de violencia externa.
Una organización del trabajo obsoleta
Actualmente, en el servicio de programas de prevención y protección de menores hay una relación de puestos de trabajo compuesta por 103 personas en las dos provincias de Canarias: 58 en Las Palmas y 43 en Tenerife. La mayoría son técnicos de intervención con menores; compuesta por 31 educadores en las dos provincias, un médico en Santa Cruz de Tenerife, una pedagoga en Las Palmas, cinco psicólogos en cada provincia y 29 trabajadores sociales para toda Canarias. En cuanto a técnicos de administración o apoyo hay cinco juristas en Las Palmas y uno en Santa Cruz de Tenerife, donde también hay un licenciado en empresariales. En Las Palmas hay en esta categoría otros dos trabajadores sociales. Asimismo, hay cinco administrativos en toda Canarias, 12 auxiliares administrativos y tres jefes de negociado.
CCOO calcula que hacen falta al menos cuatro administrativos más, un técnico dedicado en exclusiva a extutelados, dos letrados más, cuatro nuevos psicólogos o psicólogas, cuatro educadores o educadoras y cuatro trabajadores sociales más para comenzar a conformar los equipos multiprofesionales. Además, reclaman la figura del mediador familiar, que calculan que sería necesario contar con cuatro para que las decisiones sean más consensuadas con las familias y más juristas. Piden además una RPT adaptada al siglo XXI así como la unificación de criterios en la toma de decisiones.
La situación que describen ha ido empeorando con los años y se han producido bajas de personal en las dos provincias. La dirección general de Infancia y Familias ha tenido además varios cambios este año. Han pasado dos directoras generales por el área y el jefe de servicio provincial también dimitió después de los escritos de CCOO y acaba de entrar una nueva persona.
En algunos de los escritos Hermann Luis Dait señala que en la Ley se establece que las entidades públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección a decidir desde los 16 años. “Recordamos que no se pudieron gestionar los fondos europeos dedicados a tal fin durante el año 2023, tal y como se hacía en los años anteriores porque no había efectivos suficientes para realizar esta gestión” y afirma que entonces tuvieron que ser incluidos en los presupuestos de la comunidad autónoma en menor cuantía de lo que hubiera sido deseable. En este sentido, los trabajadores apuestan por dedicar al menos una persona de cada provincia a trabajar con los extutelados.
También se explica en esos escritos que el sistema se ha “troceado” en distintos departamentos estancos que “lo único que hacen es vivir realidades paralelas, tomando decisiones contradictorias y en algunas ocasiones duplicando personal y efectivos”. Asimismo se incide en que hay que cumplir con la estrategia canaria de infancia.
En los últimos escritos de CCOO se alude además a que la directora del área está llamando de forma arbitraria a los técnicos de servicio de programas y protección de menores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para indicarles que “se va a dividir el servicio en dos áreas: una de prevención y valoración y otra de protección”, algo que desde el sindicato creen que no se va a poder poner en marcha porque no se ha caminado hacia una RPT adaptada a los tiempos actuales y apuntan a que se está sembrando desconcierto entre el personal.
Este periódico ha intentado recabar en reiteradas ocasiones la posición de la Consejería de Bienestar Social y el área de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias sobre este asunto sin que por el momento hayan respondido.
