El alto tribunal ha frenado la aplicación de la norma de 1789 para la expulsión de un grupo de migrantes venezolanos retenidos en Texas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado la reactivación de la ley de enemigos extranjeros para la deportación de un grupo de migrantes venezolanos retenidos en un centro de detención de inmigración en Texas. La administración de Donald Trump quería expulsarlos bajo la aplicación de esta norma de 1789 y que en su momento el alto tribunal frenó en una resolución de emergencia. La decisión del Supremo supone un nuevo revés para el presidente estadounidense y para sus planes de deportaciones masivas.
Trump quería utilizar la ley para acelerar su campaña de deportaciones. La ley de enemigos extranjeros, creada para ser utilizada en un contexto de guerra, permite deportar rápidamente y sin garantías judiciales a aquellas personas a las que se les aplique. En marzo, Trump la invocó para aplicarla a venezolanos y salvadoreños que, bajo la acusación de la administración, supuestamente pertenecen a las bandas criminales El Tren de Aragua y la MS-13. En una orden ejecutiva en enero, el republicano designó a ambas bandas como grupos terroristas y las considera una amenaza para el país, pretexto por el cual recurrió a la ley decimonónica.
Los magistrados del Supremo han enviado el caso de nuevo al tribunal de apelaciones para decidir sobre las cuestiones subyacentes del caso, entre ellas, si la medida del presidente es legal. De los nueve votos del alto tribunal, solo los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito han manifestado públicamente su desacuerdo. En su respuesta, el alto tribunal también aclara que la administración tiene la libertad de solicitar deportaciones bajo la aplicación de otras leyes de inmigración estadounidense.
La resolución llega después de que el pasado 19 de abril los magistrados bloquearan temporalmente la deportación del grupo de migrantes retenidos en Texas como respuesta a una solicitud de los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para que impidiera momentáneamente la expulsión.
El bloqueo de emergencia del 19 de abril respondía a la resolución del 7 de abril del Supremo, que estableció unos límites bajo los cuales se debían llevar a cabo las deportaciones sujetas a la ley de enemigos extranjeros. Se trataba de una sentencia de forma y no de fondo – ya que no se pronunciaba sobre la legalidad del uso de la norma- que exigía a la administración notificar con suficiente tiempo de antelación a los individuos su expulsión bajo dicha ley para que así pudieran recurrirla y tener garantías judiciales.
“Aunque la revisión judicial bajo la AEA [Ley de Enemigos Extranjeros en sus siglas en inglés] es limitada, hemos establecido que una persona sujeta a detención y expulsión en virtud de dicha ley tiene derecho a una ”revisión judicial“ en lo que respecta a las ”cuestiones de interpretación y constitucionalidad“ de la ley, así como a determinar si efectivamente ”es un enemigo extranjero de catorce años de edad o más“”, escribía el 7 de abril el alto tribunal.
Cabe destacar que en el caso de las personas migrantes, a pesar de tener derecho a un abogado, son ellas quienes deben costear el precio. Según expone el American Immigration Council, dado que la deportación se clasifica como una sanción civil y no penal, los inmigrantes que enfrentan la expulsión no cuentan con las protecciones constitucionales que brinda la Sexta Enmienda. Esto se traduce a que si las personas que están en el circuito migratorio no tienen dinero para pagarse un abogado y tampoco tienen acceso a los abogados que proveen las ONG y asociaciones, están solas ante los jueces. Es lo mismo que pasa con los casos de los menores migrantes no acompañados.
La aplicación de la ley de enemigos extranjeros se ha convertido en una de las grandes batallas judiciales dentro del Supremo, ya que va más allá de la legalidad del uso de la norma para deportar personas migrantes sino que también se ha convertido en una cuestión del derecho a unas garantías judiciales durante el proceso judicial.
Stephen Miller, asesor del presidente y uno de los ideólogos tras la campaña de deportaciones, defendía la semana pasada ante los periodistas que la Casa Blanca está planteando también suspender el derecho al habeas corpus. “En gran parte dependerá de si los tribunales hacen lo correcto o no”, afirmó Miller. El habeas corpus es un derecho fundamental que protege la libertad de los individuos ante detenciones ilegales u arbitrarias.
