La Audiencia Provincial de Madrid corrige al juzgado que ordenó archivar la denuncia de una mujer vulnerable, acogida a la moratoria antideshaucios, a la que un grupo de desaokupación amenazó con un «montar un control de acceso» porque no se habían agotado «los medios de investigación procedentes»
Desokupas en la puerta y el piso en Idealista: estrategias para vender la casa de Manuela pese a su vulnerabilidad
La mañana del 12 de diciembre, Manuela se encontraba descansando, tras una sesión de quimioterapia de las que la dejaban agotada durante días. Sobre las 13 horas, la sobresaltaron fuertes gritos y golpes. La mujer, de 69 años, contempló a través de la mirilla a dos hombres que la increpaban. “Sal de aquí”, “esta no es tu casa”, “sales por las buenas o te sacamos por las malas”. La pareja deslizó bajo la puerta una tarjeta en la que aparecía rotulado ‘Desokupalcarria’ y un hombre hipermusculado y sin camiseta sobre los colores de la bandera de España, con un teléfono y una dirección de correo electrónico. Volvieron el 18 de diciembre y, de nuevo, el 19, con la amenaza de “montar un control de acceso”: “Cuando salgas ya no vas a poder coger tus cosas”.
Los entrecomillados aparecen recogidos en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que obliga a investigar estos hechos, que Manuela denunció, pero que cayeron en saco roto, después de que el juzgado de Instrucción número 9 incoase diligencias previas y decretase su sobreseimiento provisional, al considerar que no quedaba “debidamente justificada la perpetración del delito”.
Un archivo que, según la Audiencia Provincial, se hizo sin “haber agotado los medios de investigación”, ante un posible delito de coacciones agravadas por recaer sobre la vivienda habitual y de amenazas graves por parte de los hombres que se personaron en el domicilio de la mujer, de 69 años y que lleva residiendo en la vivienda desde 1973.
Manuela vive en la que fue, primero, la casa de sus padres y, después, suya propia. En 2002, avaló a su hija con un 20% de la vivienda pero durante la crisis financiera, perdió la propiedad. Sin embargo, el BBVA pactó con ella un alquiler social, dada su situación de vulnerabilidad, que pagó mes a mes, hasta que en 2017 la entidad canceló la cuenta en la que ingresaba la renta, que ha ido reservando a la par que entraba en una espiral de intentos de desahucio.
Manuela, en su vivienda situada en el barrio de San Blas, Madrid
En 2023, la propiedad cambió de manos. Para entonces, ella estaba acogida a la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables, desplegada durante la pandemia y que habría salvado ya de la calle a unas 58.000 familias. Estos cambios de escrituras no están cuantificados, pero los grandes portales han comenzado en los últimos tiempos a plagarse de anuncios “solo para inversores”, porque tienen familias dentro. Según ha podido saber elDiario.es, en muchos casos habitan personas acogidas al decreto antidesahucios que impide expulsarlas por su situación de vulnerabilidad o que están acogidas a alquileres sociales por parte de grandes fondos, que quieren deshacerse de estos inmuebles ofreciéndolos a precios por debajo de mercado. La propia Manuela encontró su piso en Idealista.
La antropóloga social Irene Sabaté indicaba en un reportaje en este medio que estas prácticas “impulsan la industria de la desokupación extrajudicial, que crece con una impunidad pasmosa, porque quien decida hacer una inversión en uno de estos inmuebles, lo primero que va a intentar será desalojarlo”.
Pese a la protección legal, con el cambio de manos de la escritura, Manuela tuvo que soportar en las vísperas de las últimas navidades hasta tres visitas de una empresa parapolicial, que algunos abogados están llevando ante la justicia por posibles delitos de coacciones. En el caso de esta mujer, el juzgado de primera instancia le dio la espalda, forzándola a recurrir a la Audiencia Provincial, que ha considerado que “no le falta razón”, porque “el sobreseimiento provisional acordado es prematuro y debe ser revocado”.
La Justicia marca así el camino al tribunal, al que le dice qué diligencias debe seguir: “La declaración de la denunciante en calidad de testigo, la declaración testifical de los vecinos mencionados, de libre oficio a la Comisaría de San Blas/Canillejas para que procedan a identificar a los autores de los hechos y, una vez se conozca su filiación, se les cite en calidad de investigados y se reciba declaración al representante legal de Sialco 22 S.L.”. Todo, con el objetivo de que “se adopte, con libertad de criterio, la resolución que considere procedente”.
Porque, como se desprende del auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juzgado archivó la denuncia sin tomar declaración ni a los vecinos que habían presenciado los altercados ni a las personas identificadas por la policía, que llegaron a tiempo a la llamada de Manuela el 19 de diciembre.
La proliferación de grupos de desokupación, que actúan al margen de los mandatos judiciales, está en el foco de algunos grupos políticos, como Podemos o Sumar, que han pedido su disolución. Mientras, algunos organismos los utilizan como brazo ejecutor frente a la labor policial. El Ayuntamiento de Valdemoro, del Partido Popular, presumía hace unas semanas en su cuenta de X de la “desocupación con la intervención de la empresa de Daniel Esteve”, Desokupa, contra quien la Fiscalía tiene abiertas diligencias por delito de odio, tras detectar “mensajes de odio en la red social X que asocian delincuencia con inmigración”.
La forma de actuar de estos grupos ha llegado a los tribunales en alguna ocasión. Ya en 2022, un juzgado de Madrid condenó a Bastión Desokupación por un delito leve de lesiones y el pago de una indemnización de 350 euros, que se sumaba a otra por un delito leve de coacciones, al considerar que “propinaron varios golpes y un empujón al denunciante”. Otra sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid era clara en cuanto a las actuaciones de esta empresa: “Solo puede calificarse como una actuación intimidatoria”.
