El documento, impulsado por la ONG Mundubat, cuestiona la posición española con respecto al Sáhara Occidental tras el giro de Pedro Sánchez hacia el enfoque marroquí, reafirmado recientemente por el ministro de Exteriores en Marruecos
“El paso de Sánchez con el Sáhara Occidental es irreparable y años después no ha dado explicaciones”
Cerca de mil organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales, así como personas a título individual, han firmado un manifiesto para exigir al Gobierno de España que retome la posición de las Naciones Unidas sobre el conflicto del Sáhara Occidental y exija el “reconocimiento inequívoco” del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui “mediante un referéndum libre y con garantías”.
El documento, impulsado por la ONG Mundubat, cuestiona la posición española con respecto al Sáhara Occidental tras el giro de Pedro Sánchez hacia el enfoque marroquí, reafirmado recientemente por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Marruecos.
“No solo supone una grave contradicción con el derecho internacional, sino también una ofensa directa a la memoria histórica, a los principios democráticos y a la dignidad de un pueblo que lleva 50 años resistiendo en el exilio y bajo ocupación”, sostiene el manifiesto, al que se han adherido formaciones como Podemos, Comuns, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida (IU), Partido Comunista de España (PCE), Secretaría de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO, Sumar Mugimendua, además de organizaciones, personalidades y cientos de personas a título individual, según detalla Mundubat.
Entre los miembros concretos de formaciones políticas que han rubricado el escrito se encuentran Irene Montero, eurodiputada de Podemos; Ione Belarra, secretaria general de Podemos; Tesh Sidi, diputada de Sumar; Isabel Serra Sánchez, diputada de Sumar; Antonio Maíllo, coordinador general de IU; Alberto Ibáñez Mezquita, portavoz de Compromís y diputado; Enrique Santiago, secretario del PCE y diputado; Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu; etc.
Los firmantes solicitan al Gobierno la retirada del respaldo político a la propuesta de autonomía de Marruecos, pues consideran que “vulnera la legalidad internacional y niega la capacidad del pueblo saharaui para decidir su propio futuro”. También exigen una política exterior “coherente con el derecho internacional”, que “no seleccione arbitrariamente a qué pueblos se les reconoce su soberanía”. También recuerdan la importancia de “la aplicación estricta” de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que excluyen al Sáhara Occidental de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos.
“La posición del Estado español no es neutralidad; es complicidad con una ocupación que viola el derecho internacional desde hace cinco décadas. El Estado español debe asumir sus responsabilidades históricas y las que se derivan de su condición de potencia administradora de iure”, ha declarado Antonio José Montoro, coordinador general de Mundubat, en un comunicado.
A finales de abril, José Manuel Albares reafirmó durante una visita en Marruecos que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara -que niega el derecho reconocido por la ONU de convocatoria de un referéndum de autodeterminación- como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. En ese mismo encuentro, el ministro español proclamó junto con su homólogo marroquí que sus relaciones bilaterales atraviesan “el mejor momento” de su historia tres años después del “punto de inflexión” que supuso, en abril 2022, el espaldarazo del presidente español, Pedro Sánchez, al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.
La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, auspiciado por las Naciones Unidas. Décadas después, el referéndum no ha llegado a producirse.
Los saharauis siguen repartidos entre los campamentos de refugiados, a donde huyeron durante la guerra por los ataques marroquíes contra la población civil, –calificados de genocidio por la Audiencia Nacional española-; y los territorios ocupados, donde los activistas que reivindican el Sáhara denuncian constantes abusos de las fuerzas marroquíes.
