El nuevo ordenamiento territorial que el PP prepara en Menorca: “Es un pelotazo urbanístico como nunca se ha visto”

El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca (PP) ha decidido que este 2025 será el año en que dé un paso adelante con el objetivo político más ambicioso y central de su gestión: modificar el Plan Territorial Insular (PTI). En reiteradas ocasiones y, especialmente, durante las últimas semanas, el máximo mandatario y sus funcionarios han ratificado públicamente su decisión de modificar el instrumento legal más importante para la regulación y ordenación territorial de la isla.

El PTI, revisado y aprobado por última vez en el mes de mayo de 2023, es el marco jurídico encargado de establecer directrices para el uso sostenible del suelo, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico en Menorca, una isla marcada por la crisis de vivienda, la desregulación del precio de los alquileres, la abundante oferta ilegal de pisos turísticos y la falta de orden en materia de vehículos de alquiler.

“En la parte regulatoria del PTI daremos facilidades para aumentar las densidades y abaratar precios en Menorca, porque si podemos repercutir el precio del suelo en más pisos, estos serán más baratos. Vamos a incrementar el número de viviendas”, explicó el presidente a principios de enero. En ese mismo sentido se expresó la consellera de Ordenamiento Territorial, Núria Torrent, quien declaró a elDiario.es que “la modificación puntual del PTI introduce la posibilidad, que cada municipio decidirá si aplica o no, de aumentar el aprovechamiento del suelo urbanizable para poder construir más viviendas”. A pesar de la pregunta formulada a la consellera Torrent por parte de este medio sobre la posibilidad de limitar el número de plazas destinadas a alquiler turístico en la isla, la funcionaria no respondió sobre el punto.

Varias personas protestan contra el turismo masivo y la precarización en Menorca

De momento, la única solución del gobierno de Menorca para enfrentar la crisis habitacional pasa por construir más. A pesar de que nuevas construcciones podrían ser una buena medida para hacer frente al cuadro de falta de parque de vivienda, desde la oposición señalan que se trata en realidad de “urbanismo a la carta”. En ese sentido, el coordinador de Més per Menorca, Esteve Barceló, señala a elDiario.es que “la revisión del Plan Territorial Insular se aprobó definitivamente en 2023 tras veinte años de trabajo para adaptar la normativa. Querer modificarlo ahora con prisas sólo puede responder a intereses particulares y no generales”, subraya el conseller opositor, aseverando que existen “presiones para hacer urbanismo en la carta”.

Construcción masiva para combatir la falta de vivienda

Por su parte, desde el grupo ecologista GOB señalan el error de la construcción masiva como herramienta para combatir la falta de casas. “La crisis habitacional no surge de la falta de viviendas de precio libre. El mercado no baja el precio aunque aumente el parque, a no ser que se trate de viviendas de precio limitado por intervención pública. Se está repitiendo el error de la época Aznar, cuando se liberaron muchos suelos”, declara a este medio el coordinador territorial Miquel Camps, quien enfatiza que “en esa época en España se construía más que en toda Europa junta y los precios no bajaron”.

“La vida en Menorca cada vez es más difícil para los inquilinos, cada vez más cuesta arriba. Al final quienes no puedan pagar tendrán que irse y esto será un paraíso reservado sólo para turistas de alto standing”, afirma a elDiario.es, Jaume Riera, vecino de Maó, inquilino con más de treinta años en el mismo domicilio del Camí des Castell e integrante de la Asociación de Vecinos local, espacio que fue clave en la lucha por declarar a Menorca como Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1993. Tras ser declarada Reserva, la isla pasó a ser considerada territorio protegido, estatus que fue ratificado por el actual PTI que hoy en día podría desaparecer.

A pesar del abierto desacuerdo de grupos ecologistas, vecinales y de la oposición política, el PP insular, en diálogo con este medio, insiste en la necesidad de urbanizar la isla. “La modificación puntual del PTI introduce la posibilidad, que cada municipio decidirá si aplica o no, de aumentar el aprovechamiento del suelo urbanizable para poder construir más viviendas, cumpliendo con los mismos requisitos urbanísticos y ambientales que sean exigibles. Entendemos que el impacto ambiental será proporcional a las viviendas que se puedan construir”, reconoce la consellera Torrent.

Por su parte, el coordinador del GOB rechaza el argumento de la consellera y plantea que se trata de una “argucia”, señalando al modelo turístico y a la oferta ilegal de alojamientos como parte central del problema. “Para ayudar de manera real a toda una generación que tiene su proyecto de vida paralizado por falta de vivienda hay que vaciar pisos que se están llenando de turistas. Mejorando sustancialmente la inspección de la oferta ilegal, pero también reduciendo y no renovando las autorizaciones que se dieron en su día en los núcleos tradicionales”, enfatiza el ecologista.

Una pancarta a favor de la vivienda en una manifestación contra la turistización de Menorca

Agroturismo… ¿sin agro?

En las últimas décadas el campo menorquín ha visto florecer en cada rincón de sus ocho municipios un modelo de turismo que busca vincularse con la agricultura y el mundo rural. “Los agroturismos de Menorca ofrecen al visitante la oportunidad de fundirse con la naturaleza”, promete en su web oficial la Fundación de Fomento del Turismo. En este contexto y con el crecimiento exponencial de este tipo de emprendimientos, el fino equilibrio que separa la turistificación del mundo agrícola menorquín corre riesgo de escorarse en una dirección muy clara. “Vamos a permitir el alquiler turístico en suelo rústico. Es decir, en un lugar que ahora se puede transformar en un hotel rural, ¿por qué no puede hacer alquiler turístico?”, razona el presidente Vilafranca a propósito de otra de las aristas –quizá la más polémica– que incluye la modificación del PTI.

Con todo, lo cierto es que el ordenamiento jurídico de Menorca actualmente ya cuenta con hasta tres figuras habilitadas para el alojamiento turístico en suelo rústico: los hoteles rurales –sólo en edificios anteriores a 1940 y con un máximo de 50 plazas–, los agroturismos –en edificios anteriores a 1960 y con un máximo de 24 plazas–, y las agroestancias, con un máximo de 6 plazas y siempre en viviendas donde esté empadronado un agricultor profesional–. ¿Cuál es entonces la novedad del anuncio del equipo de gobierno? Pues bien, la propuesta de los populares excluirá la obligatoriedad de las actividades agrícolas preferentes así como el empadronamiento del agricultor profesional.

“El problema no es el turismo en rústico como complemento de la actividad agraria, el problema es que ahora se plantea alquilar las viviendas sin el requisito de que un agricultor profesional viva en ellas”, señala a este medio Miquel Camps, quien califica esta decisión de “error estratégico”. “Se trata de una apuesta muy preocupante, porque la expectativa de ingresos rápidos alquilando casas en el campo no tardará en expulsar a los profesionales agrarios de esas viviendas. Menorca no necesita más actividad turística, sinó diversificar su economía. Perjudicar al sector agrario para incrementar el turismo es un gran error estratégico”.

Una de las pancartas exhibidas durante la protesta

Preguntada por esta medida, la consellera Torrent ha declarado que “se trata de una propuesta que va enfocada a dar más salidas a las explotaciones agrarias para rentabilizar su actividad dando facilidades a los menorquines y menorquinas que viven del campo”, sin pronunciarse sobre el punto de la obligatoriedad. Por su parte, el propio presidente Vilafranca declaró que esta iniciativa contaría con el acompañamiento decisivo de la única consellera de Vox en la isla, Maite de Medrano de Olives, con quien, reconoció “la relación es buena”, a pesar de la ruptura del pacto de gobierno que los unía y con que se inició su gestión en 2022.

Por último Miquel Camps se refirió a la legalización de casas construidas en rústico sin licencia antes de la ratificación del PTI y que la nueva normativa permitirá “amnistiar” o legalizar ex post. “Con esta normativa se está habilita la legalización indiscriminada de grandes chalets con piscina que pretenden presentarse ante la sociedad como ”humildes“. ”Esta gente va a generar un pelotazo urbanístico como nunca se ha visto y el Consell les otorga un premio. Es tremendamente injusto y sucede ante la mirada atónita de todo el resto de la población que ha buscado una casa legal y ha pagado impuestos“.

Los estudios sin fin

Pero toda esta iniciativa política no podría sostenerse sin un sustento técnico y jurídico que le otorgue respaldo y legitimidad. Según han confirmado a elDiario.es fuentes del Consell Insular, desde el anuncio de la intención de modificar el PTI, el PP ha encargado una serie de estudios a despachos y entes privados que permitan habilitar todas estas modificaciones antes mencionadas. Según consta en el registro de plenos, durante el primer trimestre de 2024 se encargó un estudio de capacidad de carga turística cuyo plazo de entrega era de 3 meses.

“Nosotros preguntamos por este estudio a los 3 meses y no estaba hecho. Insistimos a los 6 meses y tampoco estaba, aunque nos hablaban de un borrador al que nunca nos dieron acceso”, señala el coordinador de Més per Menorca, Esteve Barceló. “Hemos insistido de nuevo cuando casi hace ya un año desde su encargo inicial, y cuando por fin vemos que está el estudio, se encargan dos más, uno para ampliar el contenido del primero y otro para asesorar sobre la gestión de las plazas turísticas” y señala que “todo parece encaminado a encontrar un estudio que responda a las pretensiones particulares del equipo de gobierno, en ningún caso a las necesidades de los menorquines y de nuestro territorio. Y todo, con dinero público”.