Se les acusa de los delitos de coaciones y formación de grupo criminal por sabotear las obras del proyecto de Aroztegia. Entre los encausados se encuentra la exalcaldesa de Baztán Garbiñe Elizegi (EH Bildu)
Este lunes ha comenzado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona el juicio contra siete miembros de la plataforma contraria al proyecto de Aroztegia, que tenía planificada la construcción de 200 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en unos terrenos situados en la localidad navarra de Lecároz, en el Valle del Baztán. La acusación particular, las empresas promotoras del proyecto, reclaman 34 meses de cárcel para los encausados, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Baztán Garbiñe Elizegi (EH Bildu), por coacciones y formación de grupo criminal, así como 43,6 millones de euros por los perjuicios provocados por las movilizaciones y acciones de sabotaje contra el proyecto, que finalmente terminaron paralizando las obras.
El juicio se ha celebrado después de que la acusación particular rechazase un acuerdo al que habían llegado la Fiscalía y las defensas. Las empresas promotoras, según los encausados, mantienen que los siete miembros de la plataforma deben ser declarados responsables civiles de los daños ocasionados, “para poder reclamar la indemnización”, han añadido. La acusación mantiene además que los Gobiernos navarro y central son responsables civiles subsidiarios de los daños por no haber podido garantizar la continuidad de las obras.
En la primera sesión del juicio, que se alargará hasta el viernes, han declarado dos guardias civiles que realizaron el atestado, el promotor del proyecto, Salvador Urbistondo, el gerente de la empresa subcontrata de realizar las obras y el jefe de obra. Todos ellos han coincidido en definir a los encausados como miembros de una “organización” que trató de paralizar las obras del proyecto mediante amenazas a los operarios, acampadas en los terrenos, así como daños ocasionados a vehículos o a la señalización de la obra. Incluso se ha denunciado el robo de una ‘dumper’ de obra que apareció “a los dos días” en un monte cercano. El promotor del proyecto, que ha asegurado que en la actualidad sigue sufriendo amenazas por algunos vecinos de la localidad e integrantes de la plataforma contraria al proyecto, ha lamentado que ya “no se dan las condiciones” para llevarlo a cabo.
Todos ellos han identificado a su vez a la exalcaldesa de Baztán garbiñe Elizegi como la “líder” de las movilizaciones y han explicado que en su etapa como alcaldesa ya había manifestado su oposición al proyecto. “Era la que daba las órdenes”, han apuntado los dos agentes de la Guardia Civil. “Mandaba callar y todos la obedecían. Decía que era ella la que hablaba”, ha añadido el gerente de TEX, la empresa subcontrata de las obras.
Los hechos denunciados se remontan al inicio de las obras, a comienzos del mes de abril del 2021. Según han relatado los testigos, las movilizaciones comenzaron el día 6 de abril, día en el que se puso la señalización de inicio de obra y llegaron al terreno las máquinas encargadas de las labores de desbroce. “El primer día no hicieron nada, solo nos advirtieron de que parásemos las obras diciendo que eran ilegales”, ha indicado Salvador Urbistondo. A partir de ahí, ha explicado, el grupo “aumentó en número” y se incrementaron los sabotajes, así como las movilizaciones y acampadas.
Los testigos han apuntado daños a vehículos como “pinchazos de ruedas”, “pintadas en las furgonetas” o daños en las cerraduras con espuma. También la colocación de clavos en aquellos árboles que estaban señalizados para ser talados lo que provocó daños en las motosierras y puso “en peligro” a los operarios por el “riesgo” de que un clavo pudiese salir despedido al talar el árbol. Han asegurado que los trabajadores les trasladaron su sensación “de miedo” porque los encausados “se subían a las cabinas para amenazarles y obligarles a detener la obra”.
El jefe de la obra también ha narrado que sufrió concentraciones de protesta delante de su domicilio particular en las que se le acusó mediante gritos, folletos e incluso una canción de haber denunciado las protestas. Ha apostillado que en el transcurso de una de estas movilizaciones en su casa se encontraban sus hijas pequeñas y sus padres, que “lo pasaron mal”.
Los agentes de la Guardia Civil han apoyado la tesis de la acusación de que se trataba de “un grupo organizado”. “Tenían un objetivo final y estaban organizados para conseguirlo. Un campamento como el que montaron requiere de una cierta logística”, han apuntado. Otros testigos han mencionado que “se conocían la obra y todos los caminos de acceso” y que “reventaban por la noche cada avance en la obra que se producía durante el día”.
Las defensas, por su parte, mantienen que las obras eran “ilegales”, pues el Tribunal Administrativo de Contratos declaró nulo el pliego de las obras. Sin embargo, desde la empresa promotora defienden que ese pliego no tenía “carácter suspensivo” y que disponían de todos los permisos y licencias para iniciar los trabajos. La acusación ha mencionado también que quien era consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, en las que defendió la legalidad del proyecto.
El proyecto fue tramitado por el Gobierno de Navarra como un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS), figura que se emplea para aquellas obras consideradas de interés general y que afectan a más de un municipio. Con esta declaración, las competencias urbanísticas pasan al Gobierno navarro y los ayuntamientos pierden la potestad de autorizar o denegar licencias de obra. Esta medida generó el rechazo del Ayuntamiento de Lecároz, contrario al proyecto.
En el exterior del Palacio de Justicia de Navarra cientos de personas se han concentrado desde primera hora de la mañana para mostrar “su apoyo” a los encausados y pedir su absolución.
