Infancia intempondrá en los próximos días un recurso contencioso-administrativo contra Aragón por incumplir la ley del reparto de menores migrantes, que obliga a todas las autonomías a enviar al Gobierno los datos de sus sistemas de acogida. Agotado el plazo, el Ejecutivo aragonés ha sido el único que no ha respondido
Cuándo empezará el reparto de menores migrantes y qué trabas tendrá: de los avisos de incumplimiento del PP a la falta de datos
Esta medianoche ha finalizado el segundo plazo del que disponían las comunidades autonómas para enviar al Gobierno el número de menores migrantes que albergan, paso clave para calcular la cifra de niños y adolescentes extranjeros que deberá recibir cada una de ellas desde Canarias y Ceuta. Y, una vez más, Aragón ha sido la única autonomía que se ha negado a responder, por lo que el Ministerio de Infancia ha decidido contraatacar ante el Tribunal Supremo. El departamento dirigido por Sira Rego intempondrá esta semana un recurso contencioso-administrativo contra el el Ejecutivo aragonés por incumplir la ley que regula el plan de reparto de menores migrantes, según confirman fuentes de su cartera a elDiario.es.
“Aragón está incumpliendo una ley aprobada por el Consejo de Ministros y por el Congreso de los Diputados, una situación que resulta inaudita por parte de una administración pública”, recalcan desde el Ministerio. El real decreto aprobado en marzo obligaba a las comunidades a enviar dicha información antes del pasado 31 de marzo. Ante la dispartidad de los datos recibidos y el escaso plazo concedido en un primer momento, el Gobierno dio a las autonomías otros diez días a principios de mayo para aclarar y actualizar estas cifras. No ha llegado nada de Aragón.
“La ley debe cumplirse y, si no, como sucede en todos los casos, habrá consecuencias que deberá determinar la justicia”, recalcan las mismas fuentes. El recurso, que será registrado en los próximos días en el Supremo, se suma a otro presentado ante el Tribunal Constitucional por conflicto positivo de competencias, aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.
Durante la conferencia sectorial celebrada entre las comunidades autónomas y el Gobierno central el 5 de mayo para abordar los traslados de menores migrantes tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, Infancia dio un nuevo plazo de diez días a las autonomías para recibir los datos necesarios para calcular una cifra que será funamental para determinar cuántos chavales tendrá que recibir cada autonomía. Se trata de lo que el Ejecutivo llama “la capacidad ordinaria de acogida”, la cifra ideal de plazas que deberían tener cada comunidad según la una fórmula establecida por la nueva normativa. Ese número marcará posteriormente algunos parámetros claves para definir cada cupo en función del “esfuerzo previo de acogida” de cada región y para decidir la financiación estatal que corresponderá a cada administración autonómica.
Extinguido el nuevo plazo, el Ministerio sí ha recibido los datos del resto de comunidades autónomas. Mientras en el primer requerimiento Infancia cuestionó la “imprecisión” de algunas de las cifras recibidas, como las de la Comunidad de Madrid y las de Extremadur, ahora el equipo de Rego confía en que los números enviados hayan seguido las pautas marcadas, después de haber tenido más margen de tiempo para explicar con mayor claridad la información solicitada. No obstante, los técnicos aún no han podido estudiar con detenimiento las respuestas recibidas, por lo que las mismas fuentes rechazan por el momento realizar un balance detallado.
La falta de respuesta de Aragón no impedirá la continuación del proceso de traslado de menores, dado que el real decreto que lo regula contemplaba un ‘plan b’ ante la posible falta de colaboración de algunas comunidades autónomas. En este caso, para calcular la “capacidad ordinaria” del sistema de acogida de Argagón el Ministerio utilizará los datos oficiales del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, según confirman fuentes de Infancia. Se trata del único registro oficial de menores migrantes tutelados con el que cuenta el Estado, nutrido con la información recibida por los gobiernos autonómicos, pero tanto Interior como el Defensor del Pueblo consideran que se trata de una base de datos poco fiable.
“Vamos a seguir trabajando con los datos oficiales con los que contamos”, recalcan desde Infancia. “El boicot de determinadas comunidades gobernadas por el Partido Popular no va a impedir que desde el Ministerio de Juventud e Infancia y desde el Gobierno garanticemos los derechos de los niños y niñas en situación de desamparo que se encuentran en Canarias y en Ceuta”, han añadido las mismas fuentes.
La posición de Aragón
El Gobierno de Jorge Azcón (PP) ha sido uno de los más beligerantes contra el acuerdo para el reparto de menores migrantes desde el mismo momento en que trascendió la noticia. Ese día, el jefe del Ejecutivo autonómico anunció que pondía el decreto –que vinculó con “la desigualdad y las políticas xenófobas de Junts y el PSOE”– a disposición de los Servicios Jurídicos de la comunidad y amenazó con llegar “hasta la Unión Europea”.
Al día siguiente, el 19 de marzo, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, compareció para anunciar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. Alegó entonces a que la acogida de menores migrantes estaba “desbordada”, sin concretar cuáles eran los datos. Y 48 horas después la propia consejera, acompañada de la vicepresidenta Mar Vaquero, dio cuenta del acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizaba no solo este recurso, sino el de “todos los actos administrativos” que derivaran de su aplicación. Como sucedió, por ejemplo, con la propia convocatoria de la sectorial en la que se debían negociar este reparto, que también llevó a los tribunales, informa Luis Faci.
Para evitar revelar las cifras de menores migrantes acogidos, Aragón pidió medidas cautelares en el procedimiento Contencioso para intentar frenarlo. A la espera de que se resuelvan –fue admitido a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid–, Aragón sigue siendo la única comunidad autónoma que ha eludido dar ningún dato sobre los chavales que acoge.
Ante su negativa, Infancia acusa al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de estar “consintiendo que uno de sus líderes territoriales incumpla la ley” con el objetivo de “seguir contando con el beneplácito de Vox” y “asumiendo su agenda racista”.
Mientras el Gobierno continúa dando pasos en el burocrático camino exigido por la nueva ley para activar los traslados de menores migrantes desde Canarias y Ceuta, el Tribunal Supremo aún espera que el Estado se haga cargo de cerca mil menores solicitantes de asilo alojados en el Archipiélago, tras la sentencia que ordenaba la acogida en el sistema estatal de asilo de los niños que pidieron protección internacional a su llegada a las islas, al entender que se trata de su competencia.
Los jueces, que impuseron medidas cautelares a la administración central para que se hiciera cargo de los menores, concluyeron hace una semana que la respuesta del Estado “parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento” a esas órdenes, por lo que exigieron que un representante del Ejecutivo acuda presencialmente al Supremo el próximo 29 de mayo para dar explicaciones.
