Una emnienda pactada por el PP y Vox en la comisión de Hacienda de las Corts destina parte del presupuesto a «acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados» para facilitar «su educación y atención en sus entornos de procedencia»
La reforma del procedimiento para determinar la edad de menores migrantes avanza en el Congreso tras superar el veto de PP y Vox
La extrema debilidad del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y su dependencia de Vox ha hecho que asuma la práctica totalidad de su agenda ultra en los presupuestos autonómicos en materia de migración.
Así se desprende de las últimas enmiendas pactadas ente el PP y el partido de extrema derecha en la comisión de las Corts encaminadas a la realización de pruebas de edad a los menores que lleguen a la Comunitat Valenciana y a la “reagrupación familiar”.
En concreto, una de las enmiendas destina 100.000 euroa a la realización de las mencionadas pruebas, las cuales se realizarán en el hospital La Fe de València, que recibirá 40.000 euros; el General Universitario de Castellón, que contará con 20.000; y el General Doctor Balmis de Alicante, que tendrá otros 40.000 euros.
Aunque la enmienda no especifica qué tipo de pruebas se realizarán, por otras propuestas en la misma línea que ha defendido el partido ultra podría tratarse de radiografías de la cadera –en concreto, la cresta de ilión, un ala de la pelvis–.
Está por ver si esta medida choca con la tramitación parlamentaria de la reforma del sistema de determinación de la edad de menores migrantes que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados.
El Pleno rechazó este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas proyecto de ley, impulsado por el Gobierno con el objetivo de adecuar la normativa a las recomendaciones emitidas por parte de organismos internacionales y nacionales, desde la ONU al Defensor del Pueblo, que han señalado a España en varias ocasiones por vulnerar los derechos de la infancia en este procedimiento.
La iniciativa del Gobierno, pendiente desde la aprobación de la Ley de la protección integral a la infancia, busca atribuir la competencia del proceso de determinación de la edad, al que se enfrentan los menores migrantes cuya edad no sea acreditada a través de su documentación, a los juzgados de primera instancia especializados en familia. La reforma pretende, aunque de forma insuficiente para las ONG especializadas, blindar por ley que el sistema garantice, entre otras cosas, la presunción de la minoría de edad, el derecho a ser oído y ser parte del procedimiento, la especialización de los profesionales que formen parte del protocolo y la prohibición de pruebas invasivas como los desnudos integrales.
Reagrupaciones familiares
La otra enmienda pactada por el PP y Vox en la comisión de la Hacienda de las Corts destina destine dos millones de su presupuesto a “acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados para reagrupaciones familiares”
Una partida que pretende establecer “acuerdos de colaboración con los países de origen” y que están encaminados a facilitar a los menores no acompañados “su educación y atención en sus entornos de procedencia”, por lo que se deberá permitir “un seguimiento adecuado y continuado de su situación”.
Vox trató de incluir otra enmienda para financiar con 5,5 millones la deporación de menores inmigrantes tutelados, pero finalmente en la negociación el PP logró modificar la propuesta para desarrollar acciones en los países de origen para evitar que las personas se vean obligadas a migrar y no así para repatriar migrantes a sus países de origen.
