En plenas negociaciones de los presupuestos de 2025, los populares anuncian que darán apoyo a las enmiendas de la extrema derecha durante la tramitación del texto. La izquierda augura que la nueva normativa generará una «guerra de promotores para ver quién se reparte el botín»
PP y Vox resucitan el ‘ladrillazo’ en Balears: 20.000 viviendas en Palma y suelo rústico recalificable en 13 municipios
El Govern del PP en Balears ha vuelto a ceder ante las exigencias de Vox y ampliará su decreto de vivienda para posibilitar construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable “siempre y cuando los ayuntamientos lo justifiquen”, tal como ha señalado este lunes el portavoz popular en el Parlament, Sebastià Sagreras. El dirigente conservador ha avanzado que su partido dará apoyo a las enmiendas que presenten los de Santiago Abascal durante la tramitación del texto, mientras los grupos de izquierdas critican que la nueva normativa favorecerá la “especulación urbanística” y generará una “guerra de promotores para ver quién se reparte el botín”.
Aunque el PP se empeña en desligar esta y otras medidas de las negociaciones que mantienen ambos socios de investidura de cara a aprobar los presupuestos autonómicos de 2025, la aceptación de las enmiendas se produce en un momento clave en el que populares y extrema derecha se encuentran a punto de cerrar sus conversaciones en torno a las cuentas de este año. No en vano, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha puesto este jueves como límite para alcanzar un acuerdo presupuestario: “Por responsabilidad todos entendemos que más plazos no hay, porque ya nos fuésemos al viernes tendría que habilitarse el mes de julio”, ha señalado, subrayando que es el PP el que “tiene la responsabilidad y la obligación” de presentar el borrador así como de “intentar que tengamos las reuniones oportunas esta semana”.
Sobre el decreto de vivienda, aprobado inicialmente el pasado 15 de abril, Sagreras ha explicado que la normativa, so pretexto de solventar el problema de acceso a la vivienda “heredado” de anteriores legislaturas, se podrá aplicar a las localidades más pobladas de Balears y se ampliará -siempre que los ayuntamientos lo aprueben en sus plenos- a las denominadas áreas de transición, zonas en la actualidad declaradas como suelo rústico que, con el nuevo decreto, podrán recalificarse como urbanizables para permitir la construcción de nuevas viviendas.
Según Sagreras, las viviendas que se edifiquen en estos lugares serán de precio limitado (VPL), una nueva figura introducida por el PP en esta legislatura cuyo precio máximo se ve incrementado en hasta un 30% sobre las Viviendas de Protección Oficial (VPO). El precio de los inmuebles, de entre 60 y 90 metros cuadrados, rondarían los 210.000 y los 285.000 euros, según los cálculos de los conservadores. Con todo, el dirigente popular ha señalado que, si hubiese un informe de viabilidad económica que lo justifique, se permitirá que un máximo del 25% de las viviendas se comercialice a precio libre. La nueva normativa no detalla qué mecanismos garantizarán que no se inflen artificialmente los precios o que las nuevas viviendas acaben fuera del alcance de las familias trabajadoras.
El portavoz del PP ha avanzado también que, ante la “imperiosa necesidad” de vivienda, la legislación dará un plazo de un año para que los consistorios interesados en acogerse a las medidas den el visto bueno en sus plenos y los promotores presenten sus proyectos urbanísticos. Las enmiendas también incluirán un apartado con el que se determina que las viviendas acogidas a algún régimen de protección se tengan que construir antes que las de precio libre. Asimismo, las personas que quieran acceder a estos inmuebles deberán contar con al menos cinco años de antigüedad como empadronadas en algún municipio de las islas.
También ha confirmado el apoyo del PP a la propuesta de Vox para que las personas condenadas por ‘okupar’ un inmueble no puedan recibir ayudas en materia de vivienda, para lo cual el decreto incorporará un artículo específico que en estos momentos se encuentra pendiente de redacción.
“Quiero destacar el compromiso de nuestros compañeros del grupo parlamentario de Vox a la hora de remangarse por solventar, igual que los compañeros del PP, el problema de vivienda que heredamos después de ocho años de gobiernos de izquierdas”, ha espetado Sagreras, quien ha asegurado que se encuentran en vías de “solucionar este problema”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha tildado el decreto de “pelotazo” y ha señalado que el texto va dirigido a “distintos bandos de promotores que quieren que se crezca hacia un lado y otros hacia otro. Tienen nombres y apellidos y muy pronto lo sabremos”, ha deslizado. “Esto no va de hacer VPO, sino de generar derechos sobre el suelo para años futuros. Y luego nos dirán que la izquierda desclasifica”, ha aseverado.
Las organizaciones sociales, por su parte, critican que el Govern balear no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler en un contexto en el que gran parte de la población balear destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y a pesar de que más de 105.000 viviendas se encuentran vacías en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que el texto no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.
Balears es, además, la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles. Los datos arrojan, además, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total), de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro a los que tuvo acceso este medio a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia.
