Sindicatos y patronales valoran las intenciones del Ejecutivo catalán en este medio año pero consideran que es el momento de que se traduzcan en hechos
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Salvador Illa conoce mejor que nadie el riesgo que corre un gobierno en minoría obligado a hacer equilibrios entre socios puntuales porque esa fue precisamente su estrategia para desgastar al Govern de Pere Aragonès. Por eso una de las prioridades en sus seis meses como president ha sido tratar de afianzar las alianzas con sus aliados en la investidura, ERC y Comuns. “Cumpliremos nuestros compromisos”, ha insistido Illa.
Sin embargo, los deseos del dirigente socialista han chocado contra una situación compleja, sobre todo en ERC, que ha reelegido a Oriol Junqueras como presidente en un agitado congreso. La estrategia que Junqueras trae bajo el brazo pasa por regalar los mínimos votos posibles al Govern, a quien ya ha anunciado que no le aprobará los presupuestos de 2025.
El resultado es un Ejecutivo que ha necesitado hacer equilibrios parlamentarios para no perder votaciones. Es cierto que el PSC ha priorizado entenderse con ERC y Comuns, pero también que en el último medio año se le ha visto votando con Junts y PP la derogación del régimen sancionador a los municipios que incumplen los límites de gasto de agua, o incluso con PP y Vox en contra del concierto económico que reclamaba Junts y que ERC cree que es una propuesta similar a la suya.
Además, pese a carecer de presupuestos en su primer año –algo insólito en Catalunya–, el Govern ha querido mostrar nervio y ha lanzado promesas económicas, tanto en el ámbito social, con retos como la construcción de 50.000 nuevas viviendas, como en la promoción empresarial. Unas intenciones para las que, a falta de cuentas, necesitará apoyos que le permitan sacar adelante ampliaciones de crédito.
La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, afirmó en rueda de prensa esta semana que el Govern tiene la intención de buscar “donde haga falta” los recursos adicionales que tiene previstos para vivienda, que valoró en unos 500 millones de euros. “Los tenemos que tener”, afirmó Paneque, “el Govern buscará la forma de aportarlos”.
Los agentes económicos valoran las intenciones del Govern de Illa en estos seis meses, pero consideran que ya es el momento de que se traduzcan en hechos y en medidas concretas, sin más demora. El contexto es el idóneo porque la economía catalana –como la del conjunto de España– está en fase expansiva, lo que se traduce en más recaudación para poder llevarlas a cabo, señala Camil Ros, secretario general de la UGT de Catalunya.
La economía catalana creció un 3,6 % en 2024, un punto más que en 2023 (2,6 %), y cuatro décimas más que la economía española, que cerró el año pasado con un avance del 3,2 %, según avanzó este viernes el Idescat.
Pero tanto Ros como su homólogo en Comisiones Obreras, Javier Pacheco, lamentan que no haya Presupuestos. Para Pacheco, la falta de cuentas “limita en parte la acción del gobierno catalán, con poco margen para cambiar su política económica”. La Generalitat debe “revertir” el ciclo de recortes y “volver a invertir en políticas sociales y en servicios públicos, que están saturados, como la sanidad y la educación”, y en políticas de empleo para reducir el paro de larga duración, ahonda Ros.
El dinamismo del mercado de trabajo ha permitido reducir la tasa de desempleo hasta el 7,9%, la cifra más baja desde el segundo trimestre del 2008, antes del estallido de la burbuja del ladrillo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), pero el paro de larga duración afecta aún a 107.800 personas.
Con todo, la música de estos seis meses gusta tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales. A los primeros, por el esfuerzo en repartir la riqueza, el cacareado mantra de Illa de “prosperidad compartida”, y en el diálogo social. Y a los patronos porque están viendo que el president ha empezado a abordar temas que les preocupan y que consideran de interés general para la economía, como la reforma del modelo de financiación autonómica y de la administración pública para reducir la burocracia administrativa, coinciden la Cambra de Barcelona y Pimec.
La institución cameral considera además una “muy buena decisión” que la Generalitat haya creado un grupo de expertos independientes para tratar sendas reformas, puesto que “son temas de gran complejidad que requieren rigor y análisis”.
Pero insisten en que en las próximas semanas se deberían impulsar medidas concretas que favorezcan a las empresas y que redunden en una mejora de la productividad que permita estimular la transformación del modelo productivo que parece que asoma de la economía catalana.
El último Informe de coyuntura de la Cambra, presentado esta semana, detecta un cambio en el patrón de crecimiento, con un crecimiento de la inversión productiva (bienes de equipo y maquinaria), exportaciones de mayor calidad y un aumento del peso del sector TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), de mayor valor añadido, en la economía.
