Centrarse exclusivamente en regular el contenido que se publica en las redes sociales implica ignorar soluciones disponibles desde hace tiempo, como los protocolos y el código abierto, que se basan en la confianza y potencia de los proyectos colectivos emancipadores
El Financial Times lo advertía tras el giro trumpista de los propietarios de las grandes plataformas digitales: estas decisiones responden a su vulnerabilidad frente a los Estados. Aunque las grandes tecnológicas busquen ampliar su poder de manera desmedida, las leyes siguen teniendo la capacidad de limitar sus acciones, obligándolas a operar dentro del margen establecido por los Estados. Por tanto, el debate actual no se centra en si las plataformas pueden o no ser reguladas –un proceso ya en marcha desde diversos frentes–, sino en cómo deben adaptarse las regulaciones ante los nuevos desafíos que estas plantean. En este contexto, han surgido tres principales enfoques de regulación: por propiedad, por contenido o por funcionamiento.
El primer enfoque, la regulación de la propiedad, establece unos criterios que deben cumplir los propietarios de las plataformas para que estas tengan autorización para operar. Es el caso de TikTok, cuyo origen chino ha llevado a Estados Unidos a exigir que al menos el 50% de su propiedad sea estadounidense, como una vía para contener riesgos asociados al uso de datos de sus ciudadanos por un país extranjero. El plazo adicional que Trump ha concedido a esta plataforma para encontrar un comprador estadounidense será clave para determinar los efectos de este intento de reforzar aún más la concentración de poder de las plataformas en EEUU. En cualquier caso, nadie espera que esta medida conduzca a una democratización de ese poder.
La regulación del contenido, el segundo enfoque, es la que ha defendido la Unión Europea a través de la nueva ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Desde su entrada en vigor hace un año, se exige a las plataformas que implementen mecanismos internos para supervisar el contenido publicado en las mismas. De esta forma, se busca evitar el contenido ilícito, discriminatorio o la manipulación informativa. Sin embargo, Meta ha desafiado recientemente esta regulación al anunciar que dejará de realizar controles internos, debido al coste que supone el personal dedicado a esta tarea. En su lugar, planea incluir un sistema de “notas de comunidad” similar al de X, una forma de autorregulación del contenido por parte de los usuarios. Cabe recordar que la Comisión Europea abrió hace un año un expediente a X por el incumplimiento potencial de la DSA, precisamente por sus notas de comunidad que, aunque no es un modelo que se pueda descartar a priori, sí lo podría ser por su dudosa efectividad en algunos contextos para evitar el contenido ilícito y la manipulación. Algunos analistas advierten que el anuncio de Meta podría herir de muerte a la nueva ley europea, al constatar las contradicciones inherentes entre la regulación del contenido y el riesgo de caer en censuras arbitrarias.
Sin embargo, la DSA no se limita únicamente a la regulación del contenido publicado, que en cualquier caso es necesario para situaciones evidentes de contenido ilícito o discriminatorio y que no se tolerarían en ningún otro ámbito fuera de la esfera digital. Un tercer enfoque, la regulación del funcionamiento, también forma parte de esta norma. Este aspecto se centra en la arquitectura y las reglas que rigen las interacciones y visualizaciones en las redes sociales, principalmente a través de algoritmos, el modelo de custodia de datos y las funcionalidades disponibles para los usuarios. En el contexto actual, marcado por un entorno digital saturado de desinformación y demandante de atención, esta vía de regulación resulta crucial. Más aún desde que los dueños de las plataformas son explícitos en sus intenciones de influir en la política y elecciones de otros países. Los cambios en los algoritmos, diseñados para influir en nuestras percepciones y comportamientos, deben ser objeto de supervisión, y la DSA también tiene capacidad para enfrentarse a este desafío. La reciente ampliación del expediente de la Comisión Europea contra X, exigiendo transparencia sobre el funcionamiento y cambios de su algoritmo, es un paso en la dirección correcta. Los expedientes de las autoridades de competencia sobre la necesidad de trocear estos monopolios también apuntan en esta dirección adecuada de incidir sobre la arquitectura.
Internet nos ha enseñado que el modelo de funcionamiento es crucial, porque uno basado en protocolos y códigos abiertos tiene la capacidad de superar sus propias limitaciones, ofrecer control a los usuarios y evitar la amenaza que supone concentrar el poder en pocas manos. Un ejemplo reciente de red social de estas características es Bluesky, aunque la historia de internet está repleta de proyectos emancipadores en esta línea. La arquitectura de protocolos y códigos abiertos obliga a la transparencia, permite la aparición de nuevas aplicaciones que respondan mejor a los intereses de los usuarios y fomenta la innovación; este diseño no permite el acaparamiento de poder que se ha producido a través de las plataformas cerradas. Sin embargo, en numerosas ocasiones, estos proyectos abiertos se han enfrentado a regulaciones que han favorecido, precisamente, a las plataformas cerradas que ahora están controladas por un puñado de magnates, recrudeciendo el desafío que supone este monopolio.
Hace más de una década, se optó por criminalizar a quienes defendían las redes abiertas, y fue un grave error político, además de un planteamiento jurídico equivocado como se ha acabado poniendo de manifiesto. Repetir ese error sería desastroso: centrarse exclusivamente en regular el contenido que se publica en las redes sociales implica ignorar soluciones disponibles desde hace tiempo, como los protocolos y el código abierto, que se basan en la confianza y potencia de los proyectos colectivos emancipadores para mejorar nuestros espacios públicos. Lo que necesitamos es regulación que apoye e impulse estas alternativas. En definitiva, volver después de un largo rodeo a los modelos colaborativos y transparentes que están en el origen de internet.
La Comisión Europea acierta ampliando la investigación de X para evaluar su funcionamiento, y no limitarse únicamente a la regulación del contenido. La democratización de las plataformas digitales pasa por esta vía, y el éxito lo encontraremos cuando cada vez sea menos relevante de quién sean propiedad.
