El Poder Judicial analiza si los encargos del juez instructor a la Guardia Civil han desembocado en una difusión masiva de información sobre el uso de su teléfono no relacionada con la causa después de que él mismo borrara sus mensajes de WhatsApp poco después de abrirse la investigación
El fiscal general acusa a la Guardia Civil de aportar miles de datos “absolutamente innecesarios” sobre su teléfono
La investigación del Tribunal Supremo sobre la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en el escenario de otra gotera de datos: las llamadas y conexiones telefónicas de Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado ha presentado diversas quejas al entender que la Guardia Civil ha recopilado muchos más datos de los requeridos por el juez Ángel Hurtado, pero también porque el magistrado los ha puesto a disposición de las partes sin tomar precauciones para evitar que, por ejemplo, se difunda la dirección de su casa. El instructor, por el momento, ha dado traslado a las partes de esta queja y ha pedido evitar “la difusión pública de datos e información que vayan siendo incorporados a las actuaciones”.
El juez puso la investigación en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil nada más abrir las diligencias a mediados de octubre. Su primera misión fue registrar los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid. El objetivo era rastrear sus teléfonos y dispositivos y encontrar todas las llamadas, mensajes y correos de los días de marzo de 2024 en los que, sospecha, se filtró el correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía un fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto a la Fiscalía incluso antes de ser denunciado.
Ese mismo día los agentes de élite supieron que no encontrarían mucho material en el teléfono de Álvaro García Ortiz: él mismo explicó que había cambiado de teléfono y borrado sus mensajes. Las pesquisas posteriores han revelado que eliminó todos sus mensajes de WhatsApp el mismo día en que el Supremo abrió la causa contra él y que cambió de terminal una semana después, poco antes del registro. El magistrado centró entonces sus esfuerzos en intentar recuperar cualquier rastro telefónico de la filtración en las comunicaciones del fiscal general del Estado.
Las quejas de García Ortiz sobre la filtración de sus datos llegaron incluso antes de que los primeros informes del caso fueran conocidos. Las quejas y las peticiones de medidas de seguridad se encontraron desde el principio con la negativa del juez Hurtado y su defensa cerrada de la Unidad Central Operativa (UCO). Además, pidió responsabilidad a defensas y acusaciones para no difundir datos y restar importancia a las posibles filtraciones. “Nada hay que temer”, contestó a una de las quejas del fiscal general sobre los juicios paralelos en su caso. Su principal medida ha sido no entregar los vídeos de las declaraciones para evitar su filtración y poner las quejas del fiscal general en manos de los juzgados ordinarios.
La Guardia Civil tiene el encargo de intentar encontrar una brecha en el borrado de mensajes del teléfono del fiscal general y sus últimos informes han aportado datos que García Ortiz considera excesivos para la investigación. El juez pidió conocer el tráfico de llamadas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, los días en los que supuestamente se produjo la filtración del correo de González Amador, y la respuesta de la Guardia Civil incluye los datos exactos del titular de la línea: no solo su nombre y apellidos sino también la dirección de su casa en Galicia.
Los detalles que la UCO ha puesto a disposición del juez y este a disposición de las partes no afectan solo al fiscal general. El registro de llamadas aporta también la dirección de una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el fiscal encargado de protección de datos en el Ministerio Público e incluso un policía nacional. Y solo algunos teléfonos y llamadas han dado el salto de las hojas de datos al informe final de la UCO: los de Dolores Delgado y otros colaboradores de García Ortiz en la Fiscalía General. El informe no recoge, por ejemplo, una llamada entrante de esos días de Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción.
Queja ante el Poder Judicial
Las críticas que el fiscal general ha dejado por escrito se dirigen, sobre todo, a criticar que el juez instructor ponga toda esta documentación y los ficheros a disposición de las partes sin tomar precauciones para que datos como su dirección postal no trasciendan, algo que según denuncia ha puesto en riesgo su seguridad. Pero también a que la Guardia Civil haya aportado datos que, según su criterio, el juez no había pedido: cada vez que su teléfono se conectó a la red desde diciembre de 2023 aunque el juez solo había pedido los números IMEI a los que se había conectado.
En los informes y los anexos, denuncia, “figuran datos que se proporcionan a las partes sin que se haya puesto freno o contención a tal difusión, afectando gravemente” a su “intimidad y/o poniendo en peligro” su “integridad y seguridad”. Y ha tenido que cambiar de teléfono y de email por “la multitud de correos ofensivos, las llamadas”, la difusión de su DNI y “todo el minutaje” de su “vida personal” y “domicilio familiar”.
A la espera de saber si prosperan sus quejas ante los tribunales ordinarios, la vía que ha abierto el fiscal general ante el departamento de protección de datos del Poder Judicial puede llegar a tener consecuencias disciplinarias. Los preceptos legales que ha esgrimido García Ortiz, que habla de una posible infracción muy grave, recogen sanciones de hasta un millón de euros. También ha pedido medidas cautelares para que el acceso de todos esos se corte de forma urgente.
El primer movimiento del juez ha sido preguntar a acusaciones y defensas sobre la posibilidad de excluir del sumario los datos que el fiscal general considera que comprometen su seguridad y si, en caso de omitirlos, verían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. “El atestado de la UCO es ejemplar y obviamente no va a tachar ningún dato personal”, ha dicho Juan Antonio Frago, abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El letrado ve un “burdo intento” de que se abra un expediente disciplinario al instructor del caso.
En el Ministerio Público consideran, mientras tanto, que la Unidad Central Operativa no ha sido cuidadosa al incluir estos datos y, en ocasiones, ha ido más allá de lo que había requerido el juez, siguiendo también un criterio aleatorio para exponer unos datos frente a otros. El juez, mientras tanto, ha dejado claro que los datos que considera relevantes están, o estaban, en el teléfono del fiscal general. Durante el interrogatorio del tercer imputado, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe, rechazó la petición del abogado de Alberto González Amador de volcar su teléfono: “No entiendo que haya base suficiente para pedirle ni requerirle en ningún sentido”.
