Fernando Izaguirre y un empresario catalán habrían desviado dinero a Ambulancias Barcelona desde la entidad asistencial de Bizkaia, según las conclusiones de la Fiscalía
La Fiscalía acaba de solicitar siete años de prisión para el expresidente en Bizkaia de la entidad de ambulancias DYA (Detente y Ayuda, sin ánimo de lucro), Fernando Izaguirre, del PNV. También pide cuatro años para su socio, el empresario catalán Juan Diego Gallardo, por el presunto desfalco de la entidad asistencial, cuantificado en 4,75 millones de euros y aparentemente canalizado a través de Ambulancias Barcelona, una empresa sin actividad. Se les pide, igualmente, que devuelvan el dinero. La actual dirección de la DYA está personada también en el proceso y solicitará penas más altas, según ha desvelado ‘El Correo’.
Izaguirre fue responsable de la DYA en Bizkaia, con diferentes cargos, entre 2006 y 2021. Después pasó a ser director de Emergencias y Meteorología del Gobierno de Iñigo Urkullu, cargo del que tuvo que dimitir al trascender esta investigación penal. Izaguirre es del PNV y fue el candidato de este partido en las elecciones municipales de Galdakao en 2019. Llevaba siendo concejal desde 2019, con diferentes responsabilidades en el Gobierno local. También tuvo que dimitir del Ayuntamiento por este asunto. Gallardo ha declarado a ‘Crónica Global’ que será exonerado y que responderá con una querella por calumnias contra los actuales responsables de la DYA
Ha liderado la instrucción el juzgado de instrucción 5 de Bilbao, cuya titular es la magistrada María Dolores Muñoz Salvatierra. El caso surge cuando la DYA de Bizkaia hizo una revisión de la anterior etapa y se querelló contra Izaguirre al detectar irregularidades. Sin embargo, en 2022 ya se desestimó una ampliación de la denuncia inicial. El letrado de la DYA, Pablo José Münzenmayer, había aportado datos de operaciones presuntamente gravosas lideradas por Izaguirre.
Una de ellas estaba vinculada a Catalunya también, en concreto a Can Padró y a un negocio en el que participaba también Eulen. Entonces no se vieron “mínimos indicios” de “maquinación fraudulenta”. Según ‘El Correo’, Izaguirre también habría empleado una tarjeta de crédito de la DYA para fines personales. Los hechos que serán llevados a juicio son la utilización de una estructura societaria en Catalunya para el desvío de 4,75 millones. Se estima que pueden ser constitutivos de delitos “continuados” de falsedad documental y administración desleal, siempre según estas fuentes.
Una unidad de la DYA
Se da la circunstancia de que, en su momento, el Gobierno de Urkullu procedió a la destitución de Izaguirre de sus responsabilidades públicas sin comunicarlo a pesar de que sí dio cuenta de otros cambios en el organigrama que ocurrieron en esa misma época. Después se conocieron los motivos reales. El Ejecutivo argumentó que, en todo caso, las posibles irregularidades guardaban relación con las ocupaciones anteriores de su alto cargo y no con su gestión administrativa.
El vicelehendakari y consejero de Seguridad en el momento en que trascendió esta causa, Josu Erkoreka, justificó también su fichaje. “No fue nombrado en el Gobierno vasco para ejercer ese cargo porque venía de un batzoki sino porque objetivamente reunía unas condiciones de idoneidad”, afirmó en el Parlamento.
