La regularización aprobada por el Gobierno esta semana beneficiará a los migrantes empadronados en los municipios arrasados por la riada. Las ONG advierten que exigir el registro en el padrón impedirá a miles de personas afectadas beneficiarse de la medida
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Como tantos miles de habitantes de los municipios afectados por la DANA, sus casas también fueron azotadas con la riada del pasado 29 de octubre. También temieron por su vida mientras la corriente parecía arrastrar sus cuerpos y, tras sobrevivir, perdieron sus empleos por la imposibilidad de desplazarse a su trabajo ante los destrozos de la catástrofe. Pero ellas no pudieron solicitar las ayudas dirigidas a los afectados de la DANA ni pudieron reclamar sus derechos ante sus despidos.
Ellas no existían para el Estado, trabajaban de manera irregular y no podían plantearse acceder a alguna de las medidas para recuperar una parte de lo perdido. Son las personas sin papeles, muchas trabajadoras domésticas, jornaleros o empleados de la construcción, que llevaban más de tres meses tratando de sobrevivir en la clandestinidad después de perderlo todo en los municipios arrasados por las inundaciones.
Este martes, más de 100 días después de la riada, el Gobierno aprobó una batería de medidas centradas en atender las necesidades especiales de las personas extranjeras afectadas por la DANA. Además de flexibilizar y prorrogar los permisos de residencia de quienes tenían papeles, pero corrían el riesgo de perderlos a causa de las consecuencias de las inundaciones, el Ministerio de Inclusión sacó adelante una vía para regularizar a los migrantes en situación irregular empadronados [o con cita para hacerlo antes del 4 de noviembre] en los municipios impactados por la catástrofe.
Inclusión calcula que la medida beneficiará a 25.000 personas, aunque las ONG especializadas en migración advierten de que dejará a mucha gente atrás al exigir el empadronamiento como única vía para probar su residencia en estos pueblos, un trámite complicado de conseguir para quienes viven en la clandestinidad.
Una de las personas que cumple con los requisitos es Leydis. La mujer migró a España desde Colombia hace más de dos años y desde entonces vive en el municipio Valenciano de Chiva, donde se encuentra empadronada en la vivienda de su hermana. La riada destrozó la casa donde vivía de alquiler junto a su marido y su hija de cuatro años. Desde entonces, la familia reside de forma temporal en una habitación de un hotel que el Ayuntamiento ha habilitado para los vecinos afectados que lo han perdido todo.
“Siento un gran alivio. Estaba pendiente de la reforma del reglamento con los nuevos requisitos, pero ahora puedo hacerlo antes. Necesitamos papeles para volver a empezar”, dice en uno de los pocos ratos que tiene libre en toda la jornada. Desde la riada, vive más lejos del pueblo y las distancias para todos sus quehaceres han aumentado. No tiene coche, por lo que va a la carrera a todas partes. Más aún desde la entrada en vigor del plazo establecido por el Gobierno para solicitar la regularización.
Este jueves, cuando Leydis conoció los detalles de la medida tras su aprobación en el BOE, la colombiana respiró aliviada, pero no tardó en levantar el teléfono. La mujer cumplía los requisitos de la medida y quiso tratar de averiguar a qué ayudas podría acceder en los plazos marcados. También llamó a asociaciones para tratar de entender los trámites que debía cumplir y el papeleo que debía acumular en el tiempo establecido: la norma aprobada por el Gobierno da tres meses para pedir este permiso de residencia excepcional.
“Tres meses pasan volando. Hay que ponerse en marcha para que no se nos pase”, dice la mujer por teléfono. “Esperemos que el procedimiento sea rápido. Hay un plazo para las ayudas y me da miedo no llegar”, comenta la colombiana. Ese temor le ha hecho ir los últimos dos días de un lado a otro para presentar la documentación cuanto antes. Por ejemplo, cuenta, una ayuda para el alquiler que le interesaría ofrecida por el Ayuntamiento de Chiva finaliza en junio. “Estoy sin trabajo fijo aún. Aunque ya las cosas se van mejorando, me gustaría obtener alguna de esas ayudas para empezar de cero otra vez”, explica Leydis.
Leydis, afectada por la DANA que pedirá la regularización
Ella y su familia necesitan salir del paréntesis en el que se ha convertido su día a día desde la riada que se llevó por delante su vivienda y la vida que había empezado a construir desde su llegada a España hacía dos años. “La regularización es bienvenida porque siempre será más fácil conseguir trabajo. Si hay una posibilidad de obtener ciertas ayudas como afectados de la DANA nos vendría muy bien. Pero si no alcanzamos a pedirlas, al menos estamos regularizados”, añade.
Meses sin empleo ni ayudas
Días después de la tragedia, el marido de Leydis perdió su empleo en el sector de la construcción. Desde Chiva, ante los destrozos causados por las inundaciones le era imposible desplazarse hasta Valencia, donde se encontraba la obra donde trabajaba. Dos días después, el hombre fue despedido. Sin contrato al no tener papeles, no podía exigir ninguno de sus derechos ni acogerse a ninguna de las medidas impulsadas por el Gobierno para prevenir los despidos.
La misma situación vivieron Valentina (nombre ficticio) y su esposo. Ambos, de origen venezolano, perdieron sus empleos por no tener forma de llegar los días posteriores a la riada, cuando todas las carreteras de la zona estaban intransitables. “Una alegría por fin. Desde que perdí el empleo he querido trabajar, pero no puedo por no tener papeles. Si puedo regularizarme será más fácil conseguir trabajo”, dice la mujer.
“Desde la DANA todo ha ido faltal. ¿Quién se espera eso? Se paralizó todo. Yo trabajaba, pero dejé de trabajar porque aquí perdimos el carro y todo estaba atrancado”, lamenta Valentina, quien hasta la tragedia trabajaba en Turia cuidando de una señora mayor.
“Cuando volvieron las comunicaciones, avisé de que no podía salir. Pero cuando uno trabaja en negro, no apoyan a uno en nada”, explica la venezolana. “Me dijeron que ya buscarían entonces a otra persona. Me dijeron que no era problema de ellos lo que había pasado. Llevaba dos años trabajando con ellos, pero como estaba en negro, no podían pagarme nada”.
El marido de Valentina trabajaba sin contrato en un restaurante que ha permanecido cerrado durante más de dos meses. “Y todo ese tiempo hemos estado sin cobrar ninguno de los dos. Hemos pagado la habitación con ahorros. Y nos han ayudado con la comida”, detalla la venezolana, que ha conseguido un empleo temporal hace unas semanas.
Oxfam Intermón calcula que entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular fueron afectadas por la DANA y no pueden optar a las ayudas estatales, lo que las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad. La ONG ha valorado positivamente la decisión del Gobierno, pero advierte de que el requisito del empadronamiento puede dejar a cientos de personas excluidas debido a las dificultades que encuentran los migrantes para realizar dicho trámite.
“Es muy posible que vecinas y vecinos migrados residentes en esos municipios cuando les impactó la DANA no estuvieran empadronados. Es necesario flexibilizar ese requisito administrativo para que no sea la única forma de demostrar que residían o trabajaban allí y que han sido afectadas”, explica Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de la ONG.
Desde Valencia Acull piden que el Gobierno flexibilice los requisitos con el objetivo de que las personas afectadas sin papeles puedan presentar otro tipo de prueba de su residencia en la zona, ante la dificultad para cumplir con este trámite, especialmente en los municipios de la provincia de Valencia. “Se pueden presentar otras pruebas de residencia efectiva: como informes municipales, tarjetas sociales, los documentos de la escolarización de los niños…”, reclama Paco Simón, de la ONG.
Tanto Valentina como Leydis están empadronadas, pero reconocen que no es fácil realizar dicho trámite. Ambas están registradas en los municipios donde residen, pero no en los pisos concretos en los que viven, dado que hacerlo en la vivienda donde residen era más complicado. “Yo pude hacer el trámite gracias a que mi hermana me dejó empadronarme en su casa, donde viví un tiempo, pero es muy difícil”, reconoce Leydis.
