Cuando las estafas a ancianos con Alzheimer vienen de su entorno: «Se llevó su pensión entera durante años»

El padre de Laura fue diagnosticado con Alzheimer cuando tenía 65 años. Por aquel entonces, todo lo que su hija sabía sobre estafas a ancianos era que procedían de llamadas telefónicas o falsos revisores del gas. Pero en su caso fue una persona de su entorno diario, y que se acabaría convirtiendo formalmente en su pareja de hecho, quien se quedó durante años con gran parte de su pensión. 

Las alarmas se encendieron para Laura cuando el banco le advirtió de impagos de su padre, primero, y más tarde cuando amigos suyos le avisaron de que les pedía dinero. “No paga alquiler, tiene una vida austera y cobra unos 2.000 euros de pensión. No podía ser”, relata la mujer. 

Fue entonces cuando comenzó a descubrir las transferencias y retiradas de efectivo que hacía su nueva pareja desde la cuenta de él, sobre todo los días posteriores al ingreso de la pensión. También pedía préstamos a su nombre. “Al principio empezó con cantidades pequeñas, pero como vio que no pasaba nada, al final ya iba a saco y se ha acabado quedando su pensión entera durante años”, explica. 

Los abusos económicos a ancianos como el padre de Laura, especialmente los que se dan desde el entorno inmediato, son una realidad tan extendida como invisibilizada, puesto que las víctimas son tan vulnerables que no pueden denunciar o no quieren abrir conflictos con familiares o conocidos. Así lo corroboran a elDiario.es afectados, entidades sociales, abogados especialistas, la Fiscalía y el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat. 

En el caso de los abusos financieros, lo más habitual es que se trate de estafas y apropiaciones indebidas de patrimonio por parte de parientes, sobre todo, pero también cuidadores, vecinos o empleados de comercios habituales. “Es espectacular, cada vez hay más casos, pero también puede deberse a que se detectan mejor”, expresa Jordi Muñoz, abogado con 20 años de experiencia y que ha asesorado a administraciones y elaborado guías para prevenir malos tratos, como la de la Generalitat o la Diputación de Barcelona.

Lo mismo perciben desde la Fundación Alzheimer Catalunya. “Cuando el abuso económico viene de un familiar suele ser un goteo, como el que supone ir retirando parte de la pensión a la víctima; cuando es personal contratado, como un cuidador, puede ser más brusco, como retiradas de 20.000 o 30.000 euros o directamente casos en los que los acompañan al notario para que pongan el piso a su nombre”, explica Sara Albaladejo, responsable del área social de la entidad, que desde 2021 cuenta con un programa, el Proyecto Motor, para atender a ancianos en riesgo tanto por vía directa como a través de los Servicios Sociales y los juzgados. 

La Diputación de Barcelona tiene un grupo de trabajo en esta materia que en 2024 acompañó a 544 casos de malos tratos a ancianos que consideran “confirmados”. En casi la mitad, había un abuso económico y el causante era un hijo o una hija. El 33% de las víctimas sufría además un deterioro cognitivo acreditado. 

El alcance de esta problemática es difícil de calibrar más allá de los programas de entidades y administraciones concretas. Una encuesta publicada por el extinto Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia de Género, en 2009, situó la prevalencia de los abusos a mayores en España entre el 0,8 y el 4,6% (los de carácter económico, entre el 0,2 y el 1,9%). A nivel poblacional, y con casi 10 millones de mayores de 65 años, afectaría a decenas de miles de personas. 

Aislamiento, retiradas de dinero y visita al notario

El padre de Laura, que era viudo, empezó una relación con una camarera de su bar habitual a finales de 2016, un año después de recibir en 2015 el diagnóstico de que padecía Alzheimer. Por aquel entonces, sus hijas no sospecharon nada, aunque pronto la nueva pareja inició la convivencia en el piso de él, en el Eixample de Barcelona, y comenzaron indicios de que algo no iba bien. “Mi padre salía mucho con los amigos, echaba la partida de dominó, salía a tomar el café… Pero ella poco a poco le fue aislando de su entorno”, señala la hija. 

Más tarde llegaron las advertencias del banco por deudas pendientes y las comprobaciones de que la nueva pareja se adueñaba de buena parte de su pensión, unos 2.000 euros sumando la de viudedad. “No se correspondía con los gastos del hogar, la nevera estaba casi siempre vacía, y mi padre se pasaba el día solo mientras ella trabajaba”, dice. En total, y durante más de cinco años, estima que se habría quedado con más de 160.000 euros. 

Pero el momento decisivo fue cuando Laura supo que en 2022 ambos habían acudido al notario a constituirse como pareja de hecho. “Hacía siete años que mi padre tenía el diagnóstico de Alzheimer, la enfermedad estaba muy avanzada y sobre todo con el covid había hecho un bajón muy importante”, explica la mujer, sorprendida por la aparente facilidad con que el notario dio fe de sus facultades. 

“Estuvo en total 14 minutos en el notario”, explica Laura, que podía comprobar la geolocalización del móvil de su padre. “Es imposible que en ese tiempo pudiese hacer todo el trámite además de las comprobaciones necesarias sobre el estado de mi padre”, se queja. 

Sin embargo, la denuncia por la vía penal contra la mujer no ha prosperado. El juez archivó el caso al considerar que los pagos y el efectivo usado desde la cuenta del padre se realizaron “en principio con consentimiento y conocimiento de ello”. También apeló al artículo 268 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal a los cónyuges, aunque este artículo se reformó en 2015 precisamente para introducir una excepción en caso de que la víctima sea vulnerable. 

De todos modos, Laura siguió su batalla y al menos ha conseguido la tutela de su padre, con lo que ha frenado la sangría económica. En paralelo a la denuncia, y tras otro largo proceso judicial, ha logrado que la juez la nombre asistente representativa de su padre, figura con funciones parecidas a la antes conocida como curatela o tutela. La actual pareja, que sigue viviendo en su casa a pesar de estar denunciada, renunció a ser la asistente. Según Laura, esto se debe a que esta figura debe rendir cuentas en sede judicial cada dos años, aportando entre otros documentos las justificaciones de gastos.  

Laura y su padre, en una imagen dentro de la casa de él

Quejas sobre los recursos y los notarios

Ante la realidad poco conocida de los abusos a ancianos, algunos consejos comarcales han creado organismos de coordinación para acompañar a potenciales víctimas de malos tratos. E incluso la Fiscalía Provincial de Barcelona detectó hace unos años su crecimiento y a principios de 2024 creó la figura del Fiscal Delegado de la especialidad de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, cargo que ocupa Antoni Torres. 

Parte de su trabajo es hacer prevención en residencias de mayores. “Siempre les insistimos a los directores y trabajadores que si ven a personas sin apoyo, que no reciban visitas, y que si de repente se presenta un sobrino para llevarlas al notario, que nos avisen”, apunta el fiscal de esta nueva especialidad.

A menudo son los Servicios Sociales los que advierten a la Fiscalía del desamparo de los mayores a los que asisten y de los indicios de abusos. En estos supuestos, y sobre todo si hay familiares que lo piden, el juez puede decretar Medidas de Apoyo –igual que ocurre con las personas con discapacidad o trastornos severos– en favor de entidades como la Fundación Alzheimer Catalunya, que a día de hoy asume la asistencia (antes conocida como tutela) de unas 150 personas. 

Pero aun así, todas las fuentes consultadas coinciden en que el sistema tiene varios defectos: faltan recursos para las entidades y los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y particularmente en algunos estamentos judiciales. “Estamos hablando de afectados que tienen 80 o 90 años. Sabiendo que una instrucción judicial puede durar dos o tres años, muchos renuncian o directamente mueren por el camino”, explican desde Alzheimer Catalunya. 

El abogado Jordi Muñoz pone como ejemplo que de las formaciones sobre el tema que han llevado a cabo en los últimos años entre políticos, que abarcan a 7.000 personas entre sanitarios, políticos o administrativos, “solo seis o siete han sido jueces”. “Algo está fallando”, afirma. 

Al mismo tiempo, el fiscal Torres advierte también de la complejidad de los casos y la dificultad de probar las denuncias. En primer lugar, porque hay que proteger la voluntad de las personas mayores, sobre todo si no hay enfermedades neurodegenerativas de por medio. “Hay que respetar la libertad de las personas y al mismo tiempo impedir que alguien se aproveche de su deterioro cognitivo, y la línea no es fácil de trazar”, reconoce. Otro problema, añade, es que se trata de presuntos delitos cometidos “en la intimidad de un hogar” y que a veces derivan de conflictos familiares enquistados. 

En lo que sí coinciden la mayoría de las fuentes consultadas es en que un eslabón débil de la cadena son los notarios, que deben dar fe de la aptitud y el discernimiento de quienes firman las actas. Entidades como Alzheimer Catalunya advierten que los estafadores suelen ir “de notario en notario” hasta encontrar el que no les pone pegas. 

“¿Cómo se comprueba esto en una conversación de 10 minutos? Alguien con demencia moderada puede responder a preguntas básicas y parecer normal”, señala Muñoz. “Deberían pedirse más pruebas, o informes médicos, pero hay miedo a parecer discriminatorio”, reconoce. Coincide el fiscal Torres, que directamente afirma que jueces y fiscales están “preocupados”. “Hemos visto casos que nos han chocado, como por ejemplo poderes otorgados ante notario por gente con demencias, Alzheimer o deterioros avanzados”, afirma. 

Pero los notarios rechazan de plano esta crítica. “Yo cuando tengo dudas de deterioro cognitivo hago un test o pido un informe, pero con un diálogo normal a menudo ya lo ves y no necesitas hacer demasiadas comprobaciones”, argumenta Albert Domingo, notario de Vilassar de Dalt (Barcelona), en representación del Colegio de Notarios de Catalunya. “Si le pregunto si quieren ser pareja, la hago algunas preguntas y me responde normalmente, no puedo dudar de su cognición solo por su edad”, insiste Domingo. 

El consejo de hacer poderes preventivos

Lidiar con una estafa de este tipo a un familiar lleva años y se puede convertir en una pesadilla. Los procesos judiciales se suelen solapar además con la necesaria relación con la persona denunciada, que no desaparece. 

“Es un proceso desgastador y triste, porque ves que se aprovechan de tu padre y ves que es muy fácil abusar económicamente de alguien mayor y muy difícil protegerle”, lamenta Laura, que además asegura que ha llegado a “descuidar” a su marido e hijos para entregarse a recabar información sobre el abuso de su padre para los procesos judiciales. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que tanto en los servicios sociales como en los juzgados faltan recursos y conciencia para hacer aflorar y gestionar estos casos en plazos razonables. Pero también advierten que la mejor forma de evitar los malos tratos económicos es proteger a las personas mayores con la firma de poderes preventivos, especialmente en enfermedades como el Alzheimer.

“Cuando una persona está recién diagnosticada, y es consciente de su estado, es recomendable firmar poderes preventivos en favor de alguien de su confianza por si pierde capacidades para ocuparse de su vida”, señala Albaladejo. “Eso evitaría muchos problemas, pero mucha gente no lo hace porque no lo conoce o porque no teme que pueda haber malos tratos”, añade. Muñoz, por su parte, recomienda también asesorarse en Servicios Sociales o Centros de Atención Primaria y contactar con entidades de gente mayor para ganar redes de apoyo.

Quedarse con el piso

Parecido al viacrucis de Laura ha sido el de Marcel (también nombre ficticio) desde que conoció los abusos que sufría su tía abuela a manos de una mujer que se presentaba como su cuidadora, pero que no ejercía como tal. Cuando la anciana tenía en torno a 90 años de edad, poco después de la pandemia, fueron al notario y firmó una donación en vida de su piso a la supuesta cuidadora. “Entonces mi tía abuela ya tenían un diagnóstico de deterioro cognitivo avanzado, pero no lo sabíamos”, expone este familiar.

Marcel no sabe exactamente cómo empezó todo, puesto que había perdido el contacto con la anciana, que no tenía descendencia. Cuando quiso retomarlo, se encontró con la que se identificaba como su cuidadora, algo que le pareció normal hasta que un vecino le avisó de que se la había encontrado “desorientada” por la calle. Entonces empezó a interesarse más por ella, y descubrió que su tía abuela estaba siendo víctima de manipulación y aislamiento por parte de la mujer.

Además, no era la cuidadora real, sino que había contratado a otra con el dinero de la anciana. “La coaccionaba y le decía mentiras para ponerla contra su familia… Si hubiese hecho un mínimo para cuidarla, quizás no hubiéramos dicho nada de la donación del piso, pero es que además de quedarse con su dinero, la maltrataba”, se lamenta Marcel.

Su caso también está denunciado en los juzgados en fase de instrucción. E igual que Laura, ha conseguido al menos protegerla de ahora en adelante gracias a que le han dado la asistencia representativa a la entidad Alzheimer Catalunya.