Trump ordena crear un fondo soberano que respalde los intereses geoestratégicos de EEUU

El fondo soberano de EEUU ya tiene orden ejecutiva. Ha sido una de las decenas que ha firmado Donald Trump desde su frenética vuelta a la Casa Blanca y aunque ha cogido con el pie cambiado al resto de la comunidad internacional, fue uno de los mensajes que lanzó en campaña electoral.

Hace unas fechas, no obstante, le dio carta de naturaleza. Al lado de su secretario del Tesoro, el también millonario Scott Bessent, banquero de Wall Street, con largo recorrido como su asesor personal, y fundador de Key Square Group tras dejar la firma de inversión de George Soros y con el que comparte un impertérrito objetivo de rebajas drásticas de impuestos. Si bien difieren en la concepción de las escaladas arancelarias, sobre las que el jefe de Economía de Trump defiende que sean coyunturales y no permanentes en el tiempo.

Juntos explicaron algunas líneas esenciales de este instrumento financiero, que ha sido un arma de inversión más propia de mercados emergentes que de potencias industrializadas. El de mayor dimensión, 1,8 billones de dólares -similar al tamaño del PIB español- es el noruego, cuya acta de nacimiento data de 1990 pero cuya concepción surge en los años sesenta cuando el gobierno de Einar Gerhardsen empieza a acumular recursos de la incipiente industria petrolífera para dar cobertura a las pensiones. De hecho, responde al nombre de Government Pension Fund Global, lo gestiona el Norges Bank Investment Management, la división inversora de su banco central, y está bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. Y su historia está íntimamente relacionada al salto de prosperidad de esta nación escandinava, que se escindió de Suecia como el hermano pobre y que ahora la supera en renta per cápita: 90.500 dólares por 64.200 al inicio de 2024.

Trump desea que el germen financiero del fondo soberano estadounidense se sufrague con las partidas de recaudación de los gravámenes a la importación, un argumento demagógico al que casi nunca renuncia el inquilino del Despacho Oval y que encandila a sus correligionarios; entre los que destacan aquellos que defiende su gestión más como un consejero delegado de empresa que como jefe de Estado y de Gobierno de una nación. Con esta palanca inversora “adquirimos un enorme potencial”, aseguró Trump antes de encomendar expresamente a Bessent y Howard Lutnick, su secretario de Comercio y candidato de Elon Musk a dirigir el Tesoro, la configuración del fondo soberano.

Bessent se comprometió a fijar la fecha de su bautismo en los mercados “en 12 meses”, aunque en un plazo de 90 días, debe estar listo el informe de altos cargos del área económica con las pertinentes recomendaciones sobre financiación, estrategias de inversión, estructura del fondo y sus directrices de gobernanza, así como las pertinentes consideraciones legales. Bessent hizo hincapié en que será de “gran transcendencia geoestratégica”.

Entre ambos, fueron tirando del hilo. El líder del Grand Old Party (GOP) precisó que podría usarse para promover y facilitar la venta de TikTok, que en la actualidad opera en EEUU por la extensión que él mismo firmó prorrogando la fecha límite para buscar una venta forzosa o su cierre total. A Lutnick, que se sumó a la puesta de largo, le tocó hacer de poli bueno: “si vamos a tener que adquirir 2.000 millones de vacunas, como en la Covid-19, tal vez deberíamos tener garantías de compra y algo de capital en las farmacéuticas” capaces de desarrollarlas.

Instrumentos con espacios de opacidad

El fondo noruego goza de prestigio mundial. Sin duda, por su concepción verde y digital, aunque sus gestores han admitido en el último bienio sus dos signos de identidad han perdido el lustre en su cartera de capital. Pero también porque han nutrido de suculentas rentas extraordinarias a sus ciudadanos en edad de retiro en una de las escasas naciones -junto a Suecia o Dinamarca- que tienen asegurada el coste de las jubilaciones hasta la generación millennial.

La gestación de un fondo soberano no es una idea nueva. De hecho, Joe Biden se lo planteó a su gabinete para destinar sus recursos a preservar la seguridad nacional y, en especial, los avances en innovación tecnológica y para proteger redes energéticas, infraestructuras estratégicas y las cadenas de valor. También existen una veintena de estados con estos instrumentos de inversión, generalmente financiados con materias primas o con propiedades públicas. El de mayor tamaño, asegura Bloomberg, es el Fondo Permanente de Alaska que inició su andadura en 1976 y que en la actualidad administra alrededor de 82.000 millones de dólares.

Otro botón de muestra más reciente, de 2010, es el Fondo Legacy de Dakota del Norte, dotado con 11.500 millones de dólares, y al que nutre el gobierno de este estado con el 30% de sus ingresos fiscales mensuales por petróleo y gas. Después de cada bienio presupuestario, el estado puede acceder al 5% del dinero para ayudar a financiar proyectos o proporcionar alivio fiscal.

Pero los asesores de Trump han entrado a discutir que el federal quede vinculado a su poderosa Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC, según sus siglas en inglés) y que se pueda asociar a agencias institucionales para aprovechar la influencia americana en el orden internacional. El magnate Elon Musk y Stephen Feinberg, el también multimillonario cofundador de Cerberus Capital Management, a quien Trump ha designado subsecretario de Defensa, están entre los defensores de convertir la DFC en fondo soberano con misiones especiales. Y la idea le seduce al presidente.

En gran medida comparte la visión que trasladó el dirigente republicano en el Club Económico de Nueva York apenas un mes y medio antes de su victoria en las urnas. “Crearemos un fondo de riqueza soberana para invertir en grandes proyectos nacionales en beneficio de la ciudadanía americana”, señaló ante un nutrido aforo de banqueros de Wall Street a los que espetó que sus firmas y compañías “deberían tener un papel protagonista en el asesoramiento de inversiones”.

Aun así, sorprende que la mayor potencia industrializada desee ingresar en este selecto club de los fondos soberanos, integrado mayoritariamente por naciones con grandes reservas de divisas como China o dependientes de sus exportaciones de petróleo u otras materias primas, como el noruego o el saudí, que acaban eligiendo una multiplicidad de productos de inversión, desde los bonos hasta acciones e indicadores bursátiles, en redes de infraestructuras, tecnología o títulos de empresas energéticas.

Los primeros de la clase premium

El de más calibre es el Norway Government Pension Fund Global, con 1,73 billones de dólares, al que le sigue el China Investment Corporation con 1,33 billones y el Safe Investment Company, -el brazo inversor de Hong-Kong- con 1,09 billones. También el Abu Dhabi Investment Authority (1,05) y el Kuwait Investment Authority, con 1,02, superan la barrera del billón de dólares. Son el top-five del raking del Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), compañía estadounidense que analiza a los propietarios de activos públicos, a finales de 2024.

En sexta posición se aproxima el saudí (llamado Public Investment Fund), que se eleva algo por encima de los 925.000 millones de dólares, y cuyas directrices inversoras las marca el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MbS) con fondos procedentes de Aramco, la petrolera estatal y que podría en cualquier momento mejorar ostensiblemente en la clasificación. Con su capital Riad se ha hecho con las riendas del campeonato de golf que rivaliza con la PGA americana o ha suministrado suficientes recursos a sus clubs de fútbol para comprar a golpe de talonario a varias de las grandes figuras mundiales.

Entre otros menesteres, como el de blanquear la inclinación de su industria energética hacia los combustibles fósiles, pese a la imagen verde que trasladan sus firmas o a la diversificación de su sistema productivo bajo la emblemática Visión 2030 que lanzó como fórmula modernizadora al inicio de la década el propio MbS. O impulsar hubs industriales, financieros o para atraer flujos de capital foráneo hacia sus flamantes centros de IA o big data.

A los neoliberales no les gusta la idea

Tad DeHaven, analista tributario del ultraliberal Cato Institute, considera que la declaración de intenciones de Trump “es una pésima iniciativa”. Porque sus financiaciones “son dudosas y se amparan en la opacidad” y por tratarse -asegura- de una “invitación al despilfarro económico y a la malversación política” y aclara, rotundo: “EEUU no es Noruega” que lo avala con sus amplias arcas de recursos petrolíferos. Pero lo que más irrita a Dehaven es que la primera economía del mundo “está altamente endeudada, sigue una trayectoria presupuestaria insostenible y emplea medidas extraordinarias para evitar un impago de 36 billones de dólares”, cifra a la que llega su endeudamiento soberano.

Pero no se queda en esta reflexión. Carga contra el “mundo de fantasía” de Trump al creer que los aranceles serán sus catalizadores monetarios o que podrán reemplazar al impuesto sobre la renta o reducir el precio de la cesta de la compra. “Son propuestas desquiciadas” que cuestan creer que defienda Bessent porque estos fondos “acaban transfiriendo capital del sector privado al gobierno”, como en el caso de TikTok: “De consumarse, sería una nacionalización suave”. Eso sí, también se encarga de dejar una advertencia neoliberal lapidaria: “La riqueza estadounidense está mejor en manos privadas”.

El Peterson Institute for International Economics replica que esta herramienta plantea riesgos a sus sociedades por la falta de transparencia sobre las cantidades y los destinos hacia los que se dirigen sus inversiones, pero también por “su capacidad de interferir en los asuntos exteriores”, precisa Adnan Mazarei, su investigador principal.

En consecuencia, Trump parece haber sucumbido al primer axioma de la disyuntiva que genera el fondo soberano: o un arma de inversión geoestratégica o una máquina de gastar de los erarios públicos. Para Mazarei, “no está claro cómo lo van a financiar”. Aunque deja tres opciones sobre la mesa: o asumir más deuda pidiendo prestado en el mercado, o vender activos federales o con mayor recaudación arancelaria y fiscal. Y parece -explica por el estudio económico de la orden ejecutiva-, que procederá de las arcas del Tesoro, a juzgar por los 5,7 billones de dólares que el decreto dice que la Casa Blanca posee en activos. Es decir, más madera para una deuda a punto de entrar en ebullición.