El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que «la competencia para introducir alertas en el sistema es de carácter territorial»
Claves de lo que busca la jueza de la DANA: la alerta tardía guarda un “archivo especial” con la cronología y el usuario
“El sistema se basa en el principio de necesidad de actuar por parte de la población, de acuerdo con el cual se enviarán alertas relevantes cuando sus destinatarios deban tomar medidas activas de protección”. El Es-Alert, el sistema de envíos automático a los móviles, otorga a los centros de protección civil de las comunidades autónomas una “disponibilidad continua” para avisar a la población situada “en zonas afectadas o que se prevea que pueden verse afectadas por situaciones de emergencia o catástrofe”, indica el protocolo que regula el uso del sistema de envío, al que ha tenido acceso elDiario.es. A pesar de que el president Carlos Mazón ha tratado de dispersar el papel de la Generalitat Valenciana en el envío del mensaje el pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica DANA, el protocolo del Ministerio del Interior es meridianamente claro: “La competencia para introducir alertas en el sistema es de carácter territorial”, agrega.
Se trata de uno de los elementos clave para la investigación de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias de la DANA. El protocolo establece los mecanismos para su uso “con garantías de eficacia y seguridad”. El órgano responsable del Es-Alert es la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que vela por la “disponibilidad continua” del sistema por parte de los “órganos de protección civil de las comunidades autónomas” y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
El Es-Alert, tal como detalló este diario, se basa en la tecnología Cell Broadcast (en referencia a las ‘células’ o ‘celdas’ en las que se divide el área de cobertura de las antenas de telefonía móvil). Cuenta con un módulo central (Cell Broadcast Entity) gestionado por el Ministerio del Interior, que permite a los centros de emergencias autonómicos la generación y la autorización para la emisión de las alertas y varios módulos para su distribución (Cell Broadcast Center), ubicados en cada una de las operadoras de telefonía móvil.
El protocolo presenta al sistema de envío de alertas masivas con dos características “aparentemente opuestas”. Por un lado, el sistema cuenta con un “impacto potencial sobre la población muy alto” con el que, “con relativa facilidad”, es posible enviar un mensaje destinado a “millones de personas” que “podría ser alarmante”. Aunque, por otro lado, su “utilización esperada” es “muy baja”. Y es que, “en condiciones normales, se utilizará para enviar alertas en muy contadas ocasiones”.
“Esta tecnología permite el envío inmediato de mensajes de forma indiscriminada a todos los terminales que se encuentren dentro de la cobertura de las células en las que se produzca la activación de un mensaje de alerta”, indica el protocolo.
Los centros de emergencias autonómicos disponen de, al menos, dos usuarios autorizados para emitir las alertas. El sistema cuenta con mecanismos de verificación de la autenticidad de los usuarios, incluso “de forma remota”. El sistema, tal como indican los pliegos del contrato adjudicado en 2021 a una filial de Indra por 3,3 millones de euros, guarda un “registro de actividades” que detalla el envío de las alertas: “Quién y cuándo las definió, las activó y las confirmó”.
Los usuarios autorizados de cada centro autonómico pueden definir un texto descriptivo (con un máximo de 650 caracteres) que “deberá identificar claramente” la situación de emergencia y las recomendaciones a la población, además de los idiomas y el área afectada.
“El área definida para la alerta determinará las antenas de telefonía desde las que se emitirá el mensaje, de modo que todo el área afectada quede dentro de la cobertura de esas antenas”, explica el protocolo.
El procedimiento, para evitar su “utilización inadecuada”, prevé que una vez introducidos todos los parámetros, “cualquiera de los usuarios autorizados podrá conectarse al sistema, haciendo uso de la información recibida en la notificación, para autorizar la alerta”.
Las alertas se deben enmarcar en uno de los tres niveles de operatividad que establece el Plan Estatal General de Emergencias. Aunque no solo. “Excepcionalmente, el sistema podrá usarse para emitir alertas cuya urgencia y criticidad aconseje una rápida difusión entre la ciudadanía, al considerar que esta difusión puede reducir el impacto previsible de la emergencia, aun cuando no conlleve la activación de un plan de protección civil”, indica el protocolo.
El mensaje se envió cuando la riada ya hacía estragos
La jueza de la DANA preguntó a la Conselleria de Emergencias, que actualmente dirige Juan Carlos Valderrama, quién ordenó el envío del Es-Alert el pasado 29 de octubre. El Consell, sin embargo, se ha limitado a contestar que la dirección del Plan Especial frente al riesgo de inundaciones correspondía a la entonces consellera, Salomé Pradas.
El envío del Es Alert se planteó por parte de los técnicos de Emergencias a partir de las 18.00. Sin embargo, la lentitud del equipo liderado por Pradas, sumada al largo ágape de Mazón, provocaron que el debate sobre el texto del mensaje y el área geográfica a la que se enviaría se postergara hasta bien entrada la tarde, cuando la barrancada ya hacía estragos en diversas localidades. La alerta se envió finalmente a las 20.11. Al día siguiente se enviaron dos alertas suplementarias.
Además, la jueza cuenta con la caja negra —el sistema ‘CoordCom’— que detalla las decisiones operativas del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) aquel día, una suerte de “columna vertebral” de la gestión de la emergencia.
El Es-Alert, por otro lado, se había ensayado en dos ocasiones (a modo de prueba) en el territorio valenciano, durante la última legislatura del Pacte del Botànic, con José María Ángel, actual comisionado del Gobierno para la reconstrucción, como secretario autonómico de Emergencias. La primera fue el 26 de octubre de 2022 precisamente en l’Eliana, localidad que alberga el Centro de Coordinación de Emergencias. El segundo ensayo se amplió, el 4 de mayo del año siguiente, a 27 municipios de la comarca de la Vega Baja.
