Miguel Ángel Rodríguez acusa a la hija de una anciana fallecida en pandemia de inventarse la muerte de su madre y el asunto sigue persiguiendo a la presidenta cinco años después mientras su gobierno usa la estrategia de convertir las reclamaciones de las familias en supuestos ataques políticos
Miguel Ángel Rodríguez reconoce que mintió al decir que la hija de una mujer fallecida en una residencia de Madrid no lo era
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es capaz de salir de casi cualquier situación, meterse en berenjenales sin que le resten apoyos y superar crisis que a otros dirigentes les costarían diputados o la carrera política. La comisión de 234.000 euros de su hermano guillotinó a Pablo Casado por denunciarlo. Y la investigación a su novio ha derivado en la imputación del fiscal general. Además, el aval público que su padre no devolvió tras la mediación de una joven Ayuso diputada pasó de puntillas por su rédito político.
La presidenta aplasta cualquier crítica con desparpajo y consigue que el titular sea el desparpajo, en lugar de la crítica. Pero hay un tema que altera en la Puerta del Sol y por el que Ayuso y su asesor de cabecera, Miguel Ángel Rodríguez, patinan con facilidad: las muertes de mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, después de que un protocolo que salió de su Gobierno impidiera el traslado a hospitales a miles de ancianos. El resultado, 7.291 personas mayores que murieron solas y sin tener la oportunidad de salvarse en un centro hospitalario, una cifra que persigue a Ayuso, que genera protestas, documentales e investigaciones judiciales aún abiertas.
Pasan los años, pero la petición de explicaciones por estas muertes no desaparece de la calle, las sesiones en la Asamblea, ni con los reveses judiciales para las familias, de manera que la estrategia de la presidenta es encapsularlo como un invento de la oposición o de las propias familias a quien coloca ideológicamente al servicio de esa misma oposición. Desde la sede del Gobierno no se ha hecho ni una concesión a la duda, ni un tímido gesto que pueda llevar a pensar que algo se hizo mal.
El último desbarre sucedió este domingo, durante la emisión del programa de Jordi Évole, en el que el periodista entrevistaba al portavoz del Gobierno durante la pandemia Fernando Simón. En el capítulo salían cuatro familiares de ancianos que murieron en residencias de Madrid dando su testimonio. A las 22.48, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez (alias MAR), tuiteó poniendo en duda la veracidad a los testimonios, sugiriendo que él podía tener acceso a información confidencial e íntima, incluso que podía acceder al registro de visitas y saber si estas personas habían visitado mucho o poco a sus familiares, una manera de apuntar a que no había sentimientos en las denuncias sino intereses políticos.
A las 23.18, tuiteó en X directamente que uno de los testimonios, el primero, era falso. Cómo un jefe de Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid puede tener acceso en cuestión de minutos a datos personales y protegidos de familiares de personas de centros de mayores, que dependen de la Consejería de Asuntos Sociales, es una información que no ha sido justificada, aunque la oposición ha pedido explicaciones en la Asamblea.
El asesor, un alto cargo con un salario público de 94.000 euros, aumentaba la apuesta y señalaba una supuesta falsedad con un bulo mayor: la mujer que salía en el programa no solo era la hija de una fallecida, sino que es una de las denunciantes ante la Fiscalía en la demanda colectiva contra altos cargos de Sanidad durante la pandemia. Con errores gramaticales y erratas propias de un estado de ánimo apresurado, la mano derecha de Ayuso abría de nuevo la indignación de víctimas de mayores la pandemia, que llevan años denunciando el mal trato que les ha dado la administración: no se les ha recibido, ni atendido, ni pedido perdón ni han tenido ningún consuelo institucional después de que no hubiera un mínimo plan para atender sus 475 residencias de la región, más allá de cerrarlas a cal y canto.
Las asociaciones que agrupan a las familias han pedido por escrito la dimisión de Rodríguez, ya que “este nuevo agravio es absolutamente imperdonable”, según la presidenta de Marea de Residencias. En lunes por la mañana, con la claridad del día y las evidencias, MAR se vio obligado a pedir perdón “por el error”, pero no se dirigió a la mujer ni lamentó el daño que hubiera podido producir.
El discurso del Gobierno de Ayuso sobre las muertes en residencias de mayores varió rápidamente desde la pandemia. Si en marzo de 2020 Ayuso decía que iba a medicalizar las residencias en las televisiones –algo que no sucedió– e incluso respondió con cartas de confort a algunas de las familias que le escribieron indignadas, el caso residencias se ha convertido en un talón de Aquiles que no quieren tratar ni analizar. La solución que han encontrado en la Puerta del Sol, la sede del gobierno regional, es arrinconar el tema como algo político y confrontar con las familias como si fueran parte de una estrategia para dañar a la presidenta. Además de fiar su destino a que la justicia siga desestimando demandas.
El momento clave de esta estrategia llegó a la Asamblea de Madrid cuando Ayuso, preguntada por la oposición por el asunto de los llamados “protocolos de la vergüenza” en febrero de 2024, contestó que “había muertos en todas partes, en los hospitales las personas mayores también fallecían, con la carga viral que había entonces no se salvaban en ningún sitio”. Estas declaraciones provocaron un tsunami de indignación y popularizaron el eslogan de “no se iban a morir igual”, una frase que literalmente no dijo, pero que respondía al espíritu de lo que dijo.
Para entonces, Ayuso y sus altos cargos había recibido centenares de denuncias en juzgados por homicidio imprudente, la mayoría de las cuales quedaron archivadas porque la justicia y la Fiscalía han considerado imposible relacionar la muerte concreta de alguien con la falta de asistencia médica. La esperanza de las familias está ahora en que prospere la demanda colectiva por desatención sanitaria que han presentado, entre otros, la mujer que salió en Évole este domingo.
Es la última afrenta, pero llovía sobre mojado. De hecho, el pasado sábado, un día antes del exabrupto en X de MAR , la propia Ayuso recibía una pregunta inesperada en Lugo, durante su participación en el Foro de la Fundación Sagardelos. Un asistente entre el público le preguntaba si volvería a mantener, en caso de que viniera otra pandemia, que los ancianos no se podían salvar de ninguna manera. “¿Está arrepentida de aquella situación?”. La presidenta, visiblemente molesta por tener que responder sobre este tema y sorprendida porque estaba fuera de la Comunidad de Madrid, espetó al señor del público: “Muchas gracias por su pregunta, que está trufada de intenciones políticas y que falta totalmente a la verdad”. Acto seguido, aplausos de parte del auditorio.
Tanto el consejero de Sanidad durante la COVID-19, Enrique Ruiz Escudero (hoy senador del PP), como la presidenta Ayuso han mantenido siempre que no se pudo hacer nada más. Otras comunidades también cerraron las residencias a visitas, pero la Comunidad de Madrid fue la única que impidió con órdenes por escrito derivar a mayores que fueran dependientes, cognitiva o físicamente. Esto condenó, también, a los que iban en sillas de ruedas pero estaban sanos o a los que estaban físicamente bien pero tenían alguna demencia.
Madrid también fue la región de Europa con más excesos de muertes, por delante de la italiana Lombardía, según un informe del Comité de las Regiones. El único refuerzo que se puso en los centros, donde vivían 44.000 personas, fue la llamada Operación Bicho, que se confió a la hija de un asesor externo de Ayuso, en la que acabaron trabajando sin contrato una decena de médicos y un autónomo dedicado al sector de las ambulancias. La operación duró 10 días.
El estudio de las responsabilidades políticas se frenó en seco cuando el PP, gracias a su mayoría en la Mesa de la Asamblea, dejó caer la comisión de investigación por las muertes de mayores en 2022. Centenares de familias quedaron sin poder tener acceso a la información y con la sensación de que iban a recibir una explicación que nunca llegará. El entonces vicepresidente Enrique Ossorio justificó el carpetazo en que “las familias lo han superado”, lo que generó otra oleada de indignación entre muchas de las víctimas.
Ahora, fuera del debate político oficial, sin comisión que las represente en la Asamblea y acusadas por el gobierno regional de politizar el caso, a los familiares solo les ha quedado la esperanza de que la Fiscalía avance con la demanda por discriminación en la atención sanitaria –se ha llamado a declarar ya a decenas de ellas–. También les queda la esperanza de que el tema no muera con el tiempo y sus comunicados ante las afrentas, como los de este lunes, en los que han pedido alto y claro a Miguel Ángel Rodríguez su dimisión.
