Una entrevista a Fernando Simón provoca otra intervención pública de Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Díaz Ayuso basada en una mentira, aunque en esta ocasión se ve obligado a rectificar
Miguel Ángel Rodríguez reconoce que mintió al decir que la hija de una mujer fallecida en una residencia de Madrid no lo era
La crueldad es una herramienta legítima para algunos políticos. Ni siquiera se detiene ante personas que han sufrido el dolor de perder a un familiar. Nadie está a salvo cuando se impone la misión de defender al líder, incluso si la acusación ya se había escuchado antes y no supone una novedad. Poco antes de las once de la noche del domingo, Miguel Ángel Rodríguez respondió con amenazas a las opiniones de familiares de muertos en las residencias de Madrid durante la pandemia aparecidas en la entrevista a Fernando Simón en el programa Lo de Évole (La Sexta). Es su forma de entender la política y de disfrutarla.
“Comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares”, escribió en Twitter. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso pretendía emplear el acceso a datos privados al alcance de la Administración autonómica para ajustar cuentas contra esas personas. Igual eran unas malas hijas que no tenían derecho a llorar la muerte de su madre. Media hora después, fue más allá. “Ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid”. Rodríguez pasará por encima de cadáveres o los pisoteará con ganas si es preciso para respaldar a Ayuso. “Menudo saco de basura humana”, lo definió esa noche Hugo Martínez Abarca, diputado autonómico de Más Madrid.
Al día siguiente, Rodríguez reconoció que no había dicho la verdad y pidió disculpas. Es llamativo, porque la noche anterior decía haberlo “comprobado”. No había dicho cómo. Se puede deducir que se puso en contacto de noche con responsables de la Consejería de Sanidad o de la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Seguro que sus interlocutores se cuadraron al recibir la llamada. Su labor también consiste en rebuscar en sus archivos para encontrar munición que Rodríguez pueda utilizar.
“El director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un cargo pagado con dinero público, no debería caer tan bajo”, le respondió Jordi Évole. Para Rodríguez, los trucos sucios y las amenazas no son sinónimo de caer bajo. Lleva toda su vida convencido de que eso es lo que mejor sabe hacer.
La respuesta del asesor de Ayuso vino a confirmar algunas de las opiniones de Fernando Simón cuando comentó lo que más le molestaba de los peores momentos pasados hace cinco años. “Hay situaciones en las que era testigo de mentiras flagrantes que se decían en voz alta”, dijo. “O de acuerdos de los que luego se dice lo contrario en los medios. En política ves que es la forma de hacer. Es injusto, inapropiado y mezquino usar esas mismas estrategias con personas que ni saben, ni pueden, ni tienen medios para defenderse”.
Simón no comprendía que fuera necesario recurrir a las mentiras o que algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid pero no este no era el único, no quisieran esperar dos semanas para asegurarse de llegar en las mejores condiciones posibles a lo que se llamaba la normalidad. Lo dijo entonces en mayo de 2020: era absurdo entrar en una carrera absurda por salir cuanto antes de las restricciones. “Me gustaría que no plantearan esto como una carrera”, dijo a los periodistas. Tampocon le parecía bien que se dijera que las CCAA que tenían que esperar más tiempo habían sido suspendidas. Como si fuera un examen de fin de curso.
No sirvió de nada. “El Gobierno castiga a Andalucía”, tituló en portada el ABC de Sevilla con una foto de Simón. La reacción fue similar en otras regiones.
Una de las cosas que él no podía entender era en realidad uno de los elementos básicos de la estrategia del PP de Madrid. Antes de que finalizara la primera ola y cuando ya se veía que Madrid estaría entre las regiones más afectadas de España, Ayuso y Rodríguez decidieron que tenían que vender su gestión como un éxito por encima del número de muertes que se produjeran.
Eso hizo que el PP madrileño difundiera un vídeo que sostenía que Ayuso se adelantó a todos los gobiernos –no estaba claro si de España o de Europa– en la respuesta a la emergencia sanitaria. Sí tomó la decisión de cerrar los colegios, aunque tiempo después se podía dudar del impacto, porque los niños no fueron uno de los grandes factores de contagios. Simón explicó en la entrevista que esa medida le pareció algo prematura, porque, para ser efectiva, debería haber coincidido con otras que limitaran la circulación de personas.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dijo que le resultaba “difícil de entender” la existencia de los protocolos sobre las residencias que impidieron que los ancianos enfermos en las residencias de Madrid fueran hospitalizados. “Esto hizo que hubiera una mortalidad desproporcionada en la Comunidad de Madrid al menos durante el primer año de la pandemia”. Simón no ocultó que hubo situaciones terribles que los profesionales sanitarios debieron afrontar ante la saturación de los servicios hospitalarios: “Puedo entenderlo si un paciente está desahuciado”, pero en cualquier caso son decisiones “que se tienen que tomar paciente a paciente”.
Fernando Simón en el programa ‘Lo de Évole’.
A Díaz Ayuso le enfurece que la oposición madrileña le recuerde los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias madrileñas. Es lo mismo que hizo el PP en abril de 2020, cuando Teodoro García Egea exigió a Pablo Iglesias que asumiera “su responsabilidad por la muerte de 16.000 personas mayores en las residencias bajo su tutela”. La tutela de las residencias estaba entonces y ahora en manos de los gobiernos autonómicos.
En un escenario en que los gobiernos europeos afirmaban que estaban siguiendo el consejo de los científicos, fuera cierto o no, algunos partidos decidieron que necesitaban minar la credibilidad de esos especialistas para castigar a sus rivales políticos. Por parte de los sectores más extremistas en la ultraderecha se trató de una auténtica guerra contra la ciencia. Todas las medidas –sobre todo, mascarillas y confinamientos– eran definidas como eslabones de una conspiración para castigar a los europeos.
El odio a esos científicos fue mayor en Estados Unidos y Alemania que en España. En ambos países, Anthony Fauci, director de la agencia de enfermedades infecciosas desde los tiempos de Ronald Reagan, y Christian Drosten, el virólogo que era el principal consejero científico de Angela Merkel, tuvieron que contar con protección policial después de recibir numerosas amenazas de muerte.
En la entrevista, no hubo preguntas a Simón por la polémica de las mascarillas que se ha utilizado en redes sociales de forma recurrente contra él. Se ha referido a ella en innumerables ocasiones, como lo han hecho en otros países. No podían inicialmente recomendar a la gente que llevara mascarilla, porque los gobiernos aún no habían conseguido un suministro estable de todo el material médico que requerían los servicios de salud. Solo cuando eso fue posible, y fue la Unión Europea la que se ocupó de ello, era viable decir a la gente que era imprescindible ponérselas. No puedes obligar a la gente a que lleve mascarilla si le resulta imposible comprarla en las farmacias.
Desde luego los mismos ultraderechistas que hacían esas críticas también afirmaban que las mascarillas era un símbolo del intento del Estado de amordazar a la sociedad.
En EEUU, Donald Trump no llevaba mascarilla y prohibía que la llevara el personal de la Casa Blanca en su presencia. Acabó enfermando gravemente. Nada de esto hizo que los que se oponían a esa forma de protección cambiaran de opinión.
A los científicos les acusaron de no haber descubierto antes la aparición de la pandemia y también de las duras medidas que hubo que tomar como única opción para salvar vidas. Siempre los iban a pillar por cualquier lado. Por una cosa o por la contraria.
En redes sociales, aparece de forma constante un vídeo en el que Simón afirma el 31 de enero que no había motivos para preocuparse. También lo hizo el PP en el Congreso en marzo al argumentar que el Gobierno no tenía un auténtico comité de expertos de alto nivel. El 13 de febrero, los organizadores del World Mobile Congress cancelaron su congreso de Barcelona. El Gobierno lo consideró una medida precipitada, una opinión arriesgada teniendo en cuenta lo que ya estaba pasando en Italia. Díaz Ayuso pensaba lo mismo, porque dos semanas más tarde, el 26 de febrero, dijo que “es más peligroso el miedo que el propio virus”. A fin de cuentas, ese día sólo había dos contagiados en Madrid. Dos semanas después, todo era diferente.
Hoy Elon Musk exige que Fauci acabe en prisión por considerarlo responsable de la aparición del virus en China. La diferencia con España es que los que reclaman que Simón sea encarcelado solo son agitadores de la extrema derecha digital con muchos seguidores, pero escaso peso político. Pero él no se fue de las rositas. Hasta le crucificaron por aparecer en la portada del dominical de El País con su cazadora de cuero y su motocicleta.
Los científicos sabían lo que no sabían, que era mucho, como reconocieron en todo tipo de entrevistas a lo largo de las distintas fases de la pandemia. Los políticos que cargaban contra ellos solo sabían que así podían ganar votos entre los votantes más enfurecidos y frustrados por las medidas de confinamiento.
Miguel Ángel Rodríguez sabía que lo importante era declarar la victoria y luego proceder a atacar con difamaciones a científicos, familiares de víctimas y rivales políticos. La realidad –incómoda como casi todo lo que se produjo en la pandemia– es que no se puede decir que le haya ido mal en la política madrileña.
