La Fiscalía remitió en diciembre al juzgado que investiga el escándalo más casos de obras a dedo, irregulares o fraccionadas por posible prevaricación. Ya son una decena los centros que hicieron obras irregulares cuando la Consejería de Educación estaba dirigida por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea, y Rocío Albert, actual consejera de Hacienda de Ayuso
Las claves del escándalo de FP que acecha al Gobierno de Ayuso: contratos fantasma, facturas troceadas y orden de guardar silencio
La Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso, en la etapa en la que estaba dirigida por Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y Rocío Albert (hoy consejera de Hacienda), llevó a cabo obras en institutos y centros educativos fuera de la ley. Básicamente, en lugar de sacar a concurso las reformas que fueran de envergadura y tuvieran un coste mayor de 50.000 euros (como obliga la Ley de Contratos del Sector Público), se optó por utilizar dinero corriente que se ingresaba desde la propia Consejería a los institutos de secundaria (la mayoría de FP) y utilizando la figura del contrato menor, que tiene muy pocos controles financieros y tampoco son abiertos a la competencia. Por ejemplo, una obra integral como la del centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría, un proyecto estrella de Ayuso que debía haberse licitado por medio millón de euros, se planteó como una suma de contratos menores: se trocearon las obras (por una parte las ventanas, por otra la pintura o los tabiques…) y así se eludieron los controles técnicos y se adjudicó a dedo a varias empresas. Lo mismo sucedió con la obra de un hospital de prácticas de FP en Ciudad Escolar, presupuestada en 2,5 millones de euros, que se fue pagando también con este sistema irregular.
El caso –que investiga el juzgado de instrucción número 36 de Madrid después de una denuncia interpuesta por Podemos tras la publicación del escándalo en elDiario.es– está enmarcado en una posible prevaricación, un delito penado según su gravedad con multa, prisión e inhabilitación. La presunta corrupción se produce porque, en lugar de licitar públicamente la obra y que las ofertas sean valoradas con criterios objetivos por una mesa de expertos independientes y se dé entrada a distintas empresas para que pugnen con el mejor proyecto, lo cual es más ventajoso para los contribuyentes que la pagan, se entregaban a dedo a constructoras sin que hubiera competencia entre constructoras y se esquivaban los controles de la Intervención de la Comunidad. Para pagarlo fuera del radar se concertaba a varios centros y se les ingresaba el dinero por separado en algunos casos, de modo que no levantaba sospechas porque se iban dividiendo los importes.
Educación señaló en su primer informe a los directores de instituto, que son profesores con cargo –y a los que ha expedientado pese a que no tienen capacidad de contratación ni de decidir qué inversiones paga o no la Consejería– y a un subdirector de FP, Alfonso Mateos, a quien cesó fulminantemente tras saltar el primer caso. Fuentes conocedoras del proceso explican que es imposible que, más arriba de Mateos, no se supiera cómo se estaba construyendo. El motivo de esta sospecha es que las obras eran complejas, el dinero para pagarlas tenía que salir por orden de la Consejería y que los institutos bajo sospecha están en todas las direcciones territoriales en las que se divide Madrid, excepto la zona norte. Además, una de las obras se produjo en un centro que no dependía siquiera de Mateos y todos los expedientes bajo sospecha se enmarcan entre los años 2021 y 2023. Las mismas fuentes señalan que hay demasiadas coincidencias como para que fuera una cuestión entre directores que hicieron lo mismo en la misma época por pura casualidad.
Hasta ahora se conocían ocho casos de institutos y centros que habían usado este sistema irregular para ampliar aulas o hacer mejoras. Sin embargo, el caso ha ido a más, según ha podido confirmar elDiario.es. La Fiscalía remitió al juzgado a finales de 2024 el caso de otros dos centros bajo sospecha. Se trata del IES Ciudad de los Poetas, en el distrito de Moncloa, y Tetuán de las Victorias, en Tetuán. La Consejería de Educación, que optó por elevar el primer caso conocido a la Fiscalía ante la denuncia pública de un empresario que no había cobrado las obras realizadas, ha estado encargando auditorías y, en el caso de estos dos nuevos centros, se ha llegado a la conclusión de que “se han producido irregularidades con posible trascendencia penal”, según el informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso este medio.
Acredita que se ha hecho un uso irregular de los contratos menores, incluso sin pedir presupuestos a tres empresas diferentes, como es preceptivo para que haya una mínima competencia que evite sobreprecios. En el caso de Tetuán, de unos 600 alumnos y casi todos de Grado Superior, el análisis revela que hay contratos menores recurrentes año tras año (se reiteran con la misma empresa en lugar de sacar a concurso), por ejemplo en el caso de la electricidad, la seguridad o la prevención de incendios. También ha habido reformas en aulas o baños que superaban el importe permitido para una obra menor sin que se haya sacado a concurso o suministros que tampoco se han licitado.
En el caso del IES Ciudad de los Poetas, el informe oficial refleja fallos en la contratación también, como que no se han publicado ni se han pedido tres presupuestos en algunas ocasiones. Además, destaca que se encargan obras a la empresa de mantenimiento sin que haya informes de necesidad preceptivos.
Fuentes del entorno de las direcciones de instituto señalan que, por la falta de formación financiero-jurídica de muchos de los directores (pueden ser químicos, físicos o tener estudios de la rama sanitaria), se han ido gestionando las cuentas siguiendo los usos y costumbres, leyendo instrucciones enviadas desde la Consejería o, directamente, por orden directa de la Consejería, que es la entidad que ha ido ingresando cantidades para pagar obras, suministros y para los gastos de los centros. De hecho, era la propia Consejería la encargada de sacar a concurso todas esas reformas mayores de 50.000 euros, cosa que no hizo. Preguntada por estos dos nuevos posibles casos, la Consejería de Educación no ha contestado a elDiario.es.
¿Cómo se conoció el caso?
Fue el propio empresario que construyó el centro sanitario de Ciudad Escolar el que dio la voz la alarma al ver que no le pagaban. Empezó a enviar burofaxes a la Dirección General, al departamento del consejero de Educación (entonces ya Emilio Viciana, que había sustituido a Ossorio) e incluso se reunió con un asesor de la presidenta. Al comprobar que no existía ese contrato de manera oficial en ningún departamento, Educación abrió una investigación –que afecta al anterior equipo, Ossorio como consejero y Rocío Albert como viceconsejera– y un inspector recomendó que el caso se pusiera en manos de la justicia, en vista de la gravedad de los hechos y la posibilidad de que se hubieran cometido delitos.
Educación mantuvo el caso oculto hasta que elDiario.es lo publicó y ha ido desvelando más casos de obras a dedo en las mismas fechas y con un modus operandi parecido, casos que se han ido incorporando a la investigación. Más Madrid y el PSOE pidieron personarse cuando estaba investigando la Fiscalía, pero una denuncia de Podemos por el mismo caso ante un juzgado ha hecho que se abra una investigación y que se haya centralizado todo en ese juzgado de instrucción, que tendrá que decidir si envía el caso a juicio, quiénes son los responsables, si alguien se benefició, si fue a sabiendas, si hay más irregularidades o si le da carpetazo.
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