Con un contrato menor de 14.500 euros públicos, la empresa Abril ha sido elegida para llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Abril ya asesoró en la promoción de dos agroturismos de lujo que construyeron hasta 16 piscinas ilegales disfrazadas de aljibes para burlar la normativa. «Es una forma de operar», critican los ecologistas
El nuevo ordenamiento territorial que el PP prepara en Menorca: “Es un pelotazo urbanístico como nunca se ha visto”
Menorca, la joya verde de las Balears, vive un momento inquietante en relación con el ordenamiento territorial, especialmente tras el anuncio del presidente Adolfo Vilafranca de modificar el Plan Territorial Insular (PTI), que, entre otras cosas, busca permitir el alquiler turístico en suelo rústico, como recientemente publicó elDiario.es. Las normas que han permitido que Menorca permanezca relativamente protegida y resguardada del desorden urbanístico y la turistificación masiva podrían desvanecerse en breve no solo fruto de la voluntad política del PP menorquín y de la ultraderecha local –encolumnada tras la consellera Maite de Medrano, de Vox–, quienes muestran grandes sintonías a la hora de pensar juntos el nuevo PTI.
Esta iniciativa cuenta, además, con un apoyo singular: la consultora Abril, dirigida por el ingeniero agrónomo Antoni Roca Martínez, fue nombrada por el Consell Insular como beneficiaria de una contratación menor por valor de 14.500 euros con el objeto de redactar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental que permita la modificación del PTI. El documento, al que ha tenido acceso este medio, fue firmado el pasado 15 de mayo de 2024 y prevé que Abril desarrolle un “análisis de los posibles efectos significativos del Plan propuesto [por el equipo de Gobierno] sobre el Medio Ambiente” y que “justifique su necesidad y demuestre su conveniencia, valorando posibles alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”.
Tras conocerse la contratación menor, algunos de los consellers de la oposición de Més per Menorca señalaron la insistente concatenación de encargos de informes y estudios por parte del Consell Insular de Menorca asociadas a la manifiesta intención del PP de modificar el Plan Territorial.
Parte del documento que encarga a la consultora Abril la redacción del Estudio de Impacto Ambiental del nuevo Plan Territorial de Menorca
“Efectivamente, en el primer trimestre de 2024 se encargó un primer estudio de capacidad de carga turística, que se suponía que tenía un plazo de entrega de tres meses. Preguntamos por este estudio a los tres meses y no estaba hecho, insistimos a los seis meses y tampoco estaba, aunque nos hablaban de un borrador al que nunca nos dieron acceso”, explica el coordinador de Més, Esteve Barceló, quien subraya que “todo parece encaminado a encontrar un estudio que responda a las pretensiones particulares del equipo de gobierno, y en ningún caso a las necesidades de los menorquines y de nuestro territorio. Y todo, con dinero público”, enfatiza el dirigente ecosoberanista.
Piscinas ilegales disfrazadas de aljibes
Más allá de los méritos que Abril haya cosechado para ser considerada primera opción en el otorgamiento de la contratación pública para evaluar el impacto ambiental de la modificación del PTI, hay un hecho que llama la atención: dicha consultora asesoró en la promoción de dos agroturismos de lujo, que pese a pertenecer a dos promotores distintos, levantaron la polémica en Menorca debido a la construcción en ellos de piscinas ilegales disfrazadas de depósitos para la recogida de agua pluvial, como publicó este medio el pasado mes de noviembre. Se trata de los agroturismos de Torre Vella y de Sant Llorenç de Llucalari, dos proyectos hoteleros destinados a turistas de muy alto perfil económico construidos en suelo rústico.
En ambos los promotores (las firmas Les Domaines de Fontanille y Menorca Experimental) fueron asesorados por la consultora que dirige Roca, como demuestra la documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, y ambos casos pasaron los Estudios de Impacto Ambiental. En la actualidad, el PTI no permite más de una piscina por finca, algo que podría cambiar tras el asesoramiento de esta consultora que, paradójicamente, presenta como ejemplo de sus buenos servicios el “mejoramiento y aprovechamiento del agua de lluvia”.
Piscinas de Torre Vella
Tras el asesoramiento de Abril, tanto la finca de Torre Vella como Sant Llorenç de Llucalari presentaron ante el Consell Insular y la extinta Comisión Balear de Medi Ambient –eliminada por el Govern del PP contra el criterio de los grupos ecologistas– sendos proyectos asegurando que los hoteles tendrían una sóla piscina y que, con el objeto de mitigar el consumo de agua de acuífero, se incorporarían “depósitos para utilización de aguas pluviales o depuradas”. Finalmente, estos depósitos no eran tales. ¿El resultado? Un total de 16 piscinas privadas ilegales que solo algunos bolsillos muy pudientes pueden disfrutar y que contribuyen a agravar seriamente un problema estructural en Menorca: la falta de agua.
Consultado por este medio a propósito de esta polémica vinculación, Miquel Camps, coordinador territorial del GOB señaló que no se trataría de una casualidad, sino de una “forma de operar”. “El caso de las nueve piscinas ilegales descubiertas en el agroturismo de Sant Llorenç se suma al ya conocido caso de las siete piscinas de Torre Vella. La gran similitud entre ambos ejemplos parece mostrar una misma forma de operar para esquivar, con engaños, la tramitación ambiental”, señala Camps. “Las piscinas tienen un formato idéntico y se ha usado la misma estrategia de incorporar un supuesto ahorro de agua para superar el trámite ambiental, que después se ha visto claramente vulnerado por la transformación de los depósitos en piscinas. Es muy probable que, con estas condiciones, los proyectos no se hubiesen aprobado”, recalca.
Para conocer su versión de los hechos, elDiario.es ha contactado con la consultora Abril y con su CEO, Antoni Roca, quien prefirió no hacer declaraciones sobre el encargo del Consell Insular. “No creo conveniente tener una conversación sobre este tema. Solo puntualizar que mi contrato consiste única y exclusivamente en la redacción del documento de Evaluación de Impacto Ambiental ”que debe acompañar a la modificación puntual del PTI“, asevera. También este medio ha intentado ponerse en contacto con el Consell de Menorca para abordar este asunto, pero no ha obtenido respuesta.
Las pruebas
Respecto al expediente 1964/2015G, relativo a la explotación agraria de la finca Sant LLorenç de Llucalari, en noviembre de 2015 el Ajuntament de Alaior adjudicó a Abril el ‘Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para la implementación de un agroturismo en la explotación agraria de la finca Sant LLorenç de Llucalari’. El 19 de noviembre de 2024, el Consorcio de Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca sancionó a la empresa Menorca Experimental, promotora del agroturismo, por la construcción de nueve piscinas que no figuraban en el proyecto inicial tramitado ante Medio Ambiente.
El siguiente caso fue el de Torrevella, en cuyo proyecto inicial, presentado por la promotora francesa Les Domaines de Fontanille, responsable del hotel, las piscinas fueron presentadas como “aljibes”. Según consta en el BOIB número 59 del 19 de mayo de 2018 se encargó una “memoria de dotación de servicios y de instalaciones para la puesta en marcha de un agroturismo en la finca Torre Vella, redactada por el ingeniero agrónomo Antonio Roca Martínez” y el correspondiente ‘estudio de impacto ambiental ordinario’ a cargo de la “consultora Abril”.
Tras la apertura del hotel, la suprimida Comisión de Medi Ambient de Baleares constató la existencia de las piscinas y toda una serie de irregularidades más (dos vertederos ilegales, la apertura de caminos donde no se podían abrir y el asfaltado de 2.000 m2 que no eran pavimentables, entre otras). Tras ello, la empresa promotora presentó un expediente ante el Ayuntamiento de Alaior con el asesoramiento de un auditor ambiental privado que señalaba que podría legalizarlas ex post.
La importancia del Plan Territorial Insular
El PTI es la normativa territorial que ha representado una de las principales herramientas de la isla de Menorca para conservar el territorio y hacer frente a la depredación urbanística. “La modificación del PTI que ahora anuncia el nuevo equipo de gobierno comandado por Adolfo Vilafranca aparece señalada por contratar una consultora que aparece relacionada con un modus operandi muy discutible”, señala el coordinador territorial del GOB, Miquel Camps.
Efectivamente, el PTI de Menorca supuso en su primera aprobación de 2003 –y ratificado en 2023– una apuesta por la conservación del territorio que implicó la eliminación de unas 60.000 plazas turísticas y la prohibición de nuevos usos residenciales en suelo rústico de cualquier categoría. “Esta decisión le valió a Menorca el Premio Nacional de Urbanismo en 2005 y sus efectos han permitido mantener los valiosos paisajes menorquines. La isla está ahora en el foco de atención de muchos inversores y la anunciada modificación del Plan Territorial hace temer nuevas amenazas. Máxime si quien participa en la tramitación tiene en su expediente antecedentes como los descritos”, sentencia el ecologista, consultado a propósito del rol de la empresa Abril.
