La invasión sin permiso del dominio público se mide en centenares de miles de metros cuadrados: construcciones, grandes cotos de caza y explotaciones agrarias se quedan con el terreno de senderos, cañadas y riberas de ríos
Feijóo y su pareja, vistos por los vecinos del chalé que todos querían: “Tienen privilegios que nosotros nunca tuvimos”
La ocupación sin permiso de la costa por la vivienda de la pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado la atención sobre las invasiones del dominio público. En su caso son 210 m2 del ámbito marítimo-terrestre. Sin embargo, es tierra adentro donde el dominio público como el que componen los caminos, los cauces o las vías pecuarias se ven más cortados u ocupados sin autorización. Esas privatizaciones de facto no se miden ya en cientos sino en decenas o centenares de miles de metros cuadrados de suelo.
Casos que ilustren el fenómeno y sus dimensiones hay muchos. En la localidad de Brunete, al sur de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una finca propiedad de una empresa dedicada a la cría de caballos ocupó durante muchos años unos 270.000 m2 de varias vías pecuarias hasta que, tras ser denunciada por los agentes forestales en 2003, consiguió que –por motivos ganaderos y ambientales, según el Gobierno autonómico– se modificara el trazado de las vías en 2019. Las cañadas y veredas pasarían por otros terrenos. Solo un año después de aquello, en la misma zona, se detectó otra presunta usurpación de 54.000 m2 de la vía pecuaria Descansadero Sur.
“La usurpación de dominio público en las vías pecuarias es más impune todavía que en la costa”, afirma Luis de Andrés del Pozo, vocal sobre vías pecuarias de Ecologistas en Acción en el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. “Es más fácil ocupar ese terreno y luego muy difícil revertirlo porque deriva en pleitos que se alargan mucho. Además –insiste– al hablar de una red tan grande y llena de recovecos se hace más complicado incluso detectar que se ha ocupado ilegalmente”.
La usurpación en las vías pecuarias es más impune todavía que en la costa. Es más fácil ocupar y luego muy difícil revertirlo. Además en una red tan grande y llena de recovecos se hace más complicado detectar que se ha ocupado ilegalmente
La Red Nacional de Vías Pecuarias abarca 125.000 km y más de 460.000 hectáreas de fácil invasión (4.600 millones de m2). Se trata de rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, según la ley. ¿Su ancho? 20 metros si son veredas, 37,5 m si son cordeles y hasta 75 metros las cañadas. En la actualidad, “se las considera valiosos corredores ecológicos”, según amplía el programa LIFE-Cañadas. Todas son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables –justo como el litoral que ocupa la propiedad de la pareja de Alberto Núñez Feijóo–.
Aunque se creó por ley en 1995, el decreto que desarrolla el reglamento de la red salió a información pública el pasado mes de noviembre de 2024. Ese texto indica que debe conseguir “el mantenimiento de la integridad territorial” de las vías “para evitar intrusiones y ocupaciones ilegales a lo largo de todo su recorrido”. Para ocupar basta con acercar la valla de las fincas colindantes al eje de la vía y usar ese suelo para más cultivos o construir algo sobre él. La aprobación y entrada en vigor de la norma están pendientes.
Caminos cortados para no molestar a la cacería
Once años y cuatro pleitos le costó a Mari Carmen García recuperar los caminos del pueblo del que era alcaldesa cortados por los dueños de varios cotos de caza situados en La Pesquera (Cuenca). Inició su cruzada en 2011 y triunfó en 2022 cuando se abrieron los senderos por orden judicial.
Primos de la vías pecuarias, los caminos también son calificados por la ley como dominio público. “Los cierres de los caminos son innumerables y no son tan evidentes como en las costas”, explica el coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Manuel Trujillo. “El litoral está ahí, todo el mundo lo ve, pero con los caminos ocurre que alguien tiene que decir que es público y mientras eso pasa, se cierra y luego queda así hasta que una administración puede revertirlo”.
Los cierres son innumerables y están principalmente asociados al bosque mediterráneo donde suelen darse grandes fincas. Lo más frecuente es que sea en una gran finca cinegética a la que no le interesa que pase nadie por el terreno
Trujillo, que ha calculado que solo el 10% de los caminos históricos de Sierra Morena son utilizables actualmente, cuenta que los cortes de caminos “están principalmente asociados al bosque mediterráneo donde suelen darse grandes fincas. Y lo más frecuente es que sea en una gran finca cinegética a la que no le interesa que pase nadie por el terreno”. Oeste de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y en cierta medida Madrid son las zonas más habituales.
“Cuando los caminos empezaban a entrar en desuso y pasaban por una finca, pues se cortaban y no ocurría nada. Se terminaban perdiendo. Ahora, si se reivindica la apertura, la resistencia más potente suele ser de los grandes propietarios”, reflexiona el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero.
Clavero sabe bien de lo que habla. En 2017 le colocaron 47 gramos de cocaína en su coche para luego ser detenido y acusado por la posesión de la droga. Todo tras las campañas de Clavero contra, precisamente, la apropiación de caminos en la sierra de Grazalema (Cádiz). Finalmente, se destapó la trampa y siete años después, en 2024, la Audiencia Provincial declaró culpables de acusación falsa al gerente de una de las fincas por las que discurre unos de los caminos reivindicados y a la persona que colocó la cocaína. La pena para ellos, eso sí, se limitó a un año de prisión.
“Estamos hablando de los terratenientes de toda la vida y de nuevos ricos que se han dedicado a comprar inmensas fincas”, abunda el ecologista. “Es una cuestión de prestigio social. Algo político más que económico: tener grandes fincas para organizar allí fiestas y cacerías. Por eso no quieren que pase nadie y cierran la finca, que es lo que pasó aquí con el conflicto que me montaron”.
Estamos hablando de los terratenientes de toda la vida y de nuevos ricos que se han dedicado a comprar inmensas fincas. Es una cuestión de prestigio social. Algo político más que económico
“Ahora estamos en un juicio por una gran finca cinegética en Córdoba cuyos propietarios, que no tienen interés en explotarla, nos han dicho que ”con caminos la finca vale la mitad“ a la hora de venderla, añade Manuel Trujillo. ”Prefieren ir a juicio que admitir los caminos“.
La ribera es de todos
En España hay unos 39.000 kilómetros de ríos. Sus cauces –junto con los lechos de lagos y embalses o los acuíferos– son bienes del dominio público hidráulico. Además, más allá de la ribera de los cursos se extiende una zona de policía de hasta 100 metros en la que los cinco primeros son de servidumbre, ambas con condiciones, aunque sea suelo privado.
Sin embargo, las ocupaciones de cauces sin permiso, los daños a las riberas por obras o vertidos y las extracciones de agua subterránea (que pueden conllevar una infraestructura plantada sin permiso) están a la orden del día.
La asociación ecologista Jarama, que hace recuento de las ocupaciones ilegítimas de dominio hidráulico en la Comunidad de Madrid, considera que “se producen aprovechamientos muy diversos, desde explotaciones agrícolas que cultivan hasta el borde del cauce” a “zonas residenciales, industriales o polideportivos” en la zona de policía.
En este sentido, no es raro leer en las actas de los consejos de ministros acuerdos de sanción por una variedad de agresiones muy graves (las graves las resuelve el Ministerio de Transición Ecológica y las menos graves las confederaciones hidrográficas).
En 2024 puede rastrearse cómo el Consejo de Ministros rechazó los recursos contra una sanción de 500.001 euros y 290.000 de indemnización por daños al dominio público hidráulico por “alumbramiento de aguas” que se había decretado en mayo de 2023
El año anterior, por ejemplo, el Ejecutivo aprobó una sanción de 600.000 euros “y la obligación de realizar las labores de restauración” al Gobierno de Aragón por dañar la ribera del río Osia con unas obras para, en teoría, reparar una carretera. De arreglar 50 metros de vía se pasó, adujo, a alterar 800 metros donde se anularon ramales del río, se extrajeron sedimentos o se estrechó el cauce.
Ese mismo año, el Tribunal Supremo confirmó la sanción de un millón de euros impuesta por el Consejo de Ministros al Ayuntamiento de San Cibrao Das Viñas (Ourense) en 2021 por vertidos al cauce público con carga contaminantes excesiva.
