El Gobierno andaluz está siendo investigado por dos tribunales distintos -uno de Sevilla y otro de Cádiz- en relación a la contratación a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por cientos de millones de euros. El primero indaga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia firmados con clínicas privadas entre 2020 y 2024, causa en la que está imputada la gerente del SAS y sus dos predecesores; el segundo investiga el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos millonarios para un mismo objeto o servicio, haciéndolos pasar por cientos de contratos menores concatenados.