El tribunal avala la sanción impuesta al ex DAO Eugenio Pino por un delito de revelación de secretos al aportar un pen drive con información de la familia del expresident catalán sin advertir que su origen era ilegal
Condenado el jefe de la brigada política del PP por intentar adulterar el caso Pujol
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año de cárcel impuesta a Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional durante varios gobiernos del Partido Popular, por adulterar el caso que investigaba a la familia Pujol. Los jueces declaran probado que incurrió en un delito de revelación de secretos al facilitar al CNI, la UDEF y a un juzgado de la Audiencia Nacional un pendrive con información de Jordi Pujol Ferrusola sin advertir que el origen de esta prueba era “ilícito”. La primera sentencia firme condenatoria sobre las irregularidades de la cúpula policial bajo gobierno del PP.
Los datos que Pino aportó a la Audiencia Nacional sobre la familia Pujol, reconoce el Supremo en firme, “fueron sustraídos de forma ilícita de un dispositivo o sistema de almacenamiento informático por autores desconocidos, en una intervención que no contó con autorización judicial” y que Pino aportó al juzgado sin advertir esa circunstancia. La memoria externa que hizo llegar al juzgado contenía “939 archivos distribuidos en 32 carpetas, conteniendo información confidencial sobre la familia Pujol, así como de instituciones y miembros de la Generalitat de Cataluña”.
La condena de Pino, hoy jubilado, incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización de 2.000 euros para Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident Jordi Pujol. En un primer momento la Audiencia Provincial de Madrid optó por absolver al ex DAO de la Policía Nacional pero el Tribunal Superior de Madrid, en la sentencia que confirma el Supremo, entendió que había incurrido en un delito de revelación de secretos.
El Supremo explica que las actuaciones de Pino no pueden calificarse como “meras irregularidades procedimentales o formales”. No hay pruebas de que participara en el robo de esa información sobre el patrimonio de la familia Pujol, pero sí de que en marzo de 2015 decidió usarla “a sabiendas de que no procedía de una intervención con previa autorización judicial”. Esa información, añaden los jueces, había llegado de manos “del comisario jefe de la unidad de asuntos internos”.
