Un nuevo informe del Ministerio de Inclusión documenta desigualdades en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad entre españoles y los residentes extranjeros no comunitarios
La discriminación contra los ciudadanos extranjeros hace perder a la economía española 17.000 millones de euros al año
Dicen de ellos que abusan de los servicios sanitarios y vienen a quitarnos el trabajo. Se lee en redes sociales, desde el altavoz de un discurso xenófobo reforzado en el ámbito nacional e internacional, que los inmigrantes obtienen tantas ayudas que incluso lo tienen más fácil que los españoles. Pero no dicen lo mismo los datos del Ministerio de Inclusión. Su análisis evidencia la discriminación que aún existe en España entre la población extranjera no comunitaria, especialmente la procedente del norte de África, y la nacional.
El Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, publicado este miércoles por el Ministerio de Migraciones, confirma desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. El documento, elaborado por el departamento dirigido por Elma Saiz, calibra los “avances y retos pendientes” en materia de discriminación para hacer seguimiento a los objetivos marcados en la estrategia aprobada hace dos años por el Gobierno, en cumplimiento de sus compromisos con la Unión Europea.
En un momento en que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España ha alcanzado un número de habitantes récord gracias al boom de la inmigración, con cifras históricas de trabajadores extranjeros, el Gobierno se enfrenta al reto de impulsar políticas públicas que favorezcan su inclusión en la sociedad de forma igualitaria, para lo que el Ministerio de Migraciones dice estar trabajando en un plan con este fin.
“Otros países de nuestro entorno, que recibieron migrantes antes que nosotros, han tenido experiencias negativas. España tiene la oportunidad ahora de hacerlo bien”, ha recalcado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, este miércoles. “Las Administraciones Públicas tenemos que estar a la altura del reto que representa la inclusión de las personas migrantes y poner en marcha planes que faciliten la integración”, ha añadido en la presentación del informe.
Los resultados sobre la utilización de los servicios sanitarios públicos por parte de ciudadanos de origen extranjero chocan con los mensajes habituales expandidos por la extrema derecha, que insisten en vincular la inmigración con el uso abusivo de la sanidad pública. Según el informe, los ciudadanos no comunitarios utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios. Si bien la diferencia no es muy superior, sí se percibe una tendencia menor en la mayoría de las visitas médicas de extranjeros, alcanzando un porcentaje muy similar en las consultas psicológicas y la hospitalización.
La única excepción donde el porcentaje es ligeramente mayor son los servicios de urgencias (con una diferencia de dos décimas), lo que el Ministerio liga a una la “mayor exposición” de las personas extranjeras a accidentes laborales “como consecuencia de los empleos a los que acceden mayoritariamente”, como el sector de la construcción.
Inclusión utiliza los datos más recientes (2020) aportados por el INE sobre el uso de los servicios públicos. Según esta estadística, el porcentaje de personas de más de 15 años que, en los 12 meses anteriores, había acudido a una consulta de atención primaria variaba del 87% en el caso de los españoles al 82% en el caso de los extranjeros. En las citas para fisioterapia baja del 18% al 11% y, para enfermería, existe una diferencia de tres décimas.
Educación y vivienda
La educación es uno de los terrenos en los que se identifica más desigualdad. El abandono escolar temprano es un 20% mayor entre jóvenes extranjeros (31%) que entre españoles (11%). Aunque los inmigrantes se matriculan más en Formación Profesional básica, lo hacen menos en grados medios, superiores y universitarios (hasta un 12% menos), expone el documento.
Los problemas de la vivienda ligados al incremento de los precios del alquiler afectan a toda la población en España pero tienen aún mayor impacto en los ciudadanos de origen extranjero. Los datos sobre el sinhogarismo en España, la punta del iceberg resultante de las trabas para el acceso a una vivienda, evidencian que un 7,5% más de personas extranjeras viven en situación de calle. En 2022, había 41 personas extranjeras sin hogar frente a las 309 extranjeras, destaca Inclusión.
Apoyándose en datos del INE, el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) hace un análisis sobre los recursos que necesitaría las personas sin hogar para salir de esta situación. Entre ellas, ·destacan la vivienda y el trabajo como las necesidades más frecuentemente señaladas como claves para poder revertir la situación. El trabajo es más respondido como necesario para escapar del sinhogarismo, con un 89% de respuestas. Le siguen el acceso a una vivienda o habitación (82%), la obtención de una prestación económica (31%), o contar con formación laboral o una red de apoyo (23% y 18%, respectivamente). Dejar el consumo de sustancias tienen un menor peso, solo 5%.
Sus hogares también presentan una sobreocupación mayor que los de los nacionales. Así, la proporción de personas extranjeras no comunitarias que vivían en 2023 en viviendas sobreocupados o saturadas era del 23%, frente al 6% de los españoles y el 7% de los inmigrantes procedentes de la Unión Europea. “Esta cifra se ha incrementado durante los últimos años para todas las nacionalidades, aunque con mayor incidencia en el caso de los extranjeros de fuera de la UE”, sostiene el estudio.
Otro de los objetivos claves del marco estratégico contra el racismo aprobado por el Gobierno en 2023 es reducir la segregación de las personas de origen extranjero en determinadas zonas con mayor riesgo de exclusión social. En este sentido, el documento destaca que los hogares ocupados exclusivamente por extranjeros y mixtos están en su mayoría en régimen de alquiler (56% y 43% respectivamente), mientras que los ocupados exclusivamente por españoles “son mayoritariamente en propiedad”.
Los inmigrantes también cobran menos que los españoles. Según Inclusión, existe una brecha salarial de más de 10.000 euros anuales entre trabajadores españoles y extranjeros. Su renta anual media es también inferior: casi la mitad que la de los trabajadores españoles.
Segregación del mercado de trabajo
La desigualdad impacta además en la tasa de empleo de los extranjeros, que es casi un 10% menor, mientras que su tasa de desempleo son casi 8 puntos mayor. El estudio destaca la fuerte segmentación por nacionalidad del mercado de trabajo: “Las personas extranjeras se concentran en las profesiones con menor cualificación, peores condiciones, mayor temporalidad, mayor riesgo de accidente, jornadas de trabajo más largas y peor remuneradas”.
Toda esta discriminación, además de ser injusta y marcar la vida de quien la sufre, también afecta de forma negativa al conjunto de la economía estatal, haciéndole perder cerca de 17 mil millones de euros, según concluyó un nuevo informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, hecho público el pasado mes de noviembre.
El Marco Estratégico se divide en seis bloques que van desde los procesos administrativos hasta la atención a las víctimas de discriminación. Según el balance de Migraciones, el ámbito ligado a los procedimientos de obtención de la residencia se han identificado mejorías. Sus datos sostienen que “se han multiplicado por 400% desde 2013 el número de autorizaciones por arraigo”, la vía extraordinaria para obtener una autorización que supone sobrevivir antes en España durante al menos dos años en situación irregular. El tiempo medio para obtener la nacionalidad española se ha reducido de 583 días en 2022, a 381 días en 2023, apunta el informe.
