Un informe suscrito por el Instituto Armado pone el foco en el sellado con tierra contaminada que se acometió en el depósito de Los Blancos en 2017. Ahora, los metales pesados recalan de forma «continua», además, en varias fincas agrícolas cercanas
Ecologistas en Acción denuncia al Gobierno de Murcia en el juzgado por el sellado del depósito minero de El Lirio
“El arrastre de partículas de alto contenido metálico originadas en el vertedero de Los Blancos supone una contribución continua tanto a la contaminación de los terrenos agrícolas por los que discurren las aguas de escorrentía, así como al lecho de la rambla de Ponce y, finalmente, a los sedimentos marinos del Mar Menor”. Son las conclusiones del informe pericial aportado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena como parte de la causa abierta contra las mercantiles Portmán Golf y Tragsa por un presunto delito contra el medio ambiente tras el sellado del vertedero minero de Los Blancos, en la diputación cartagenera de Llano del Beal.
El escrito firmado por la UCOMA, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, evidencia que el depósito de Los Blancos, que fue autorizado como vertedero de “estériles mineros inertes” por el Gobierno regional hace más de dos décadas y fue cubierto en 2017 con una tierra vegetal que supera “los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para algunos metales como el cadmio, el zinc y el plomo”, es un foco constante de toxicidad que, en episodios de lluvia, es arrastrada sin remedio hacia los campos de cultivo cercanos y hacia la propia laguna salada.
“Dado su carácter torrencial y su concentración en periodos cortos de tiempo, las precipitaciones ejercen una gran fuerza erosiva sobre el suelo”, recoge el escrito. “La erosión hídrica puede arrastrar materiales contaminantes de tal forma que exista un riesgo sobre el medio natural en un área de hasta cinco kilómetros desde la fuente de escorrentía”, continúa.
Varios agentes del Seprona tomaron durante varios días, en 2022, muestras representativas de las fincas agrícolas ubicadas debajo del mismo vertedero de Los Blancos. En ellas se ha cultivado, en los últimos años, de manera periódica, y bajo el beneplácito de la Administración murciana, hortaliza con sello ecológico.
Los resultados de los análisis, recopilados ahora en el informe, son demoledores. “Se encontró la superación de los NGR de metales pesados en todos los puntos de muestreo coincidentes con la línea de escorrentía”, afirma la Guardia Civil. Asimismo, el Instituto Armado constata que se están generando “focos de concentración de estos metales en las zonas donde el agua se estanca”. “Estas partículas metálicas son susceptibles de ser arrastradas fácilmente durante episodios de lluvias intensas, con destino final probable el Mar Menor”, incide.
El plomo concentrado en una de las explotaciones agrarias llega hasta los 12.750 miligramos por kilogramo (mg/kg). Otros terrenos de cultivo presentan baremos de 4.700 o 3020 mg/kg del mismo metal. El nivel de referencia de plomo para declarar un suelo contaminado en la Región de Murcia está situado, según un estudio de la propia Comunidad Autónoma basándose en el Real Decreto 09/2005, en 43 mg/kg.
El Seprona ya avisó en 2022
La UCOMA advierte que dichos terrenos no son aptos para actividades agrícolas y señala, además, que consumir productos cultivados ahí podría “comprometer la salud” de las personas y los animales. El documento menciona diferentes afecciones en función de la concentración y la frecuencia de exposición: desde problemas y daños gastrointestinales hasta casos de cáncer.
De forma previa a este informe, en octubre de 2022, un atestado del Seprona remitido al mismo Juzgado ya solicitó que se suspendiera cautelarmente la producción agrícola en tres de esas parcelas próximas al vertedero de Los Blancos, así como cualquier comercialización de los productos plantados y criados en ellas. Dicha suspensión fue revocada meses después, no obstante, por la Audiencia Provincial. Desde el año 2023 el juez investiga, en una pieza separada, si hay un posible delito por parte tanto de las empresas al mando de dichas explotaciones agrícolas como de la propia Comunidad Autónoma, que fue la que concedió la certificación de calidad de la hortaliza que se cultivaba entre contaminantes.
Una de las fincas agrícolas señaladas por el informe de la UCOMA. Al fondo, a lo largo de la cuenca vertiente, el Mar Menor.
La Guardia Civil considera “necesaria” la “realización de un muestreo tanto de tierra como de vegetales de la zona para determinar la concentración de metales pesados en la misma y poder concretar las afecciones producidas en el medio ambiente y la salud de las personas que hayan estado expuestas a estos episodios de contaminación continua”.
Un foco tóxico desde 2003
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Cartagena trata de esclarecer, con esta investigación, si existe una posible responsabilidad penal no solo en el sellado de los residuos mineros alojados en Los Blancos, que se llevó a cabo con una tierra contaminada y llena de escorias de la fundición del plomo, sino también en el traslado previo de esos residuos mineros a dicho vertedero que tuvo lugar hace ya más de dos décadas.
En el informe, la Guardia Civil admite el papel que juega la actuación administrativa del Gobierno de la Región de Murcia en Los Blancos para que esta situación de contaminación de fincas agrícolas y del Mar Menor se siga produciendo a día de hoy.
La cronología lo pone en evidencia. Tragsa y Gestalia, una filial de Portmán Golf, la propietaria del vertedero, trasladaron entre 2003 y 2005 los residuos mineros procedentes de la balsa Jenny, un solar que rozaba el casco urbano de la localidad de Llano del Beal, a Los Blancos. El Ejecutivo autonómico fue el promotor del traslado y tuvo la responsabilidad de su supervisión.
Aquel transporte, que costó a la Comunidad murciana y al Ministerio un total de 6,5 millones de euros, se realizó, según el mismo atestado que el Seprona aportó al Juzgado de la ciudad portuaria en 2022, de manera inadecuada. La división ambiental del Instituto Armado apuntó, concretamente, a los camiones que cargaron los estériles mineros. Estos no iban cubiertos, y la carga fue cayendo sin control a lo largo de la pista que recorrieron hasta recalar en Los Blancos. Los vehículos cubrieron más de un kilómetro de distancia. El Seprona ofreció una cifra exacta: un total de “15.980 toneladas de residuos peligrosos” se dispersaron por los caminos que conectan la balsa Jenny con el vertedero de Los Blancos bajo la responsabilidad de Tragsa y de la Consejería de Medio Ambiente. Actualmente, esos mismos residuos siguen llegando al Mar Menor y a las fincas agrícolas cada vez que llueve. Contaminan, sin que más de 20 años después se haya puesto remedio, las ramblas, los suelos, el acuífero y la propia laguna.
Fue la Comunidad Autónoma la que dio el visto bueno, en su momento, a depositar los residuos mineros procedentes de la balsa Jenny en Los Blancos. Durante más de una década, aquellos estériles depositados en el vertedero estuvieron sin sellar, a merced del aire y el agua de lluvia. La UCOMA subraya en su prueba pericial que el Gobierno murciano declaró dichos residuos “como residuos mineros inertes”, a pesar, inciden, “de que reunían los criterios para ser clasificados como peligrosos”.
Ese matiz en la clasificación del material acabó siendo clave no solo en la tardanza del sellado, sino en la manera en que este se llevó a cabo. Cuando Portmán Golf, la dueña de Los Blancos, lo acometió en 2017, lo hizo de manera deficiente. Además de verter en la cubierta vegetal una tierra contaminada, llevó a cabo “una impermeabilización”, asegura la Guardia Civil, “desprovista de revestimiento artificial con lámina impermeable, constando únicamente de materiales procesados o compactados”. Si se hubiera tratado de residuos peligrosos no habría sido posible hacerlo así y se habría sellado mucho antes.
Esta redacción ha preguntado a fuentes de la Consejería de Medio Ambiente por la situación actual de Los Blancos, por la presunta responsabilidad administrativa del Ejecutivo autonómico en la contaminación del vertedero al Mar Menor y a las fincas agrícolas colindantes, por el traslado inadecuado de los residuos mineros a dicho vertedero que tuvo lugar entre 2003 y 2005 y su posterior no clasificación como residuos peligrosos. En ningún caso ha obtenido respuesta.
Los Blancos y El Lirio
El envío por parte de la UCOMA de este informe pericial al Juzgado de Cartagena coincide con el sellado, en 2024 y también con tierra contaminada por metales pesados, del depósito minero de El Lirio que este periódico desveló el pasado 11 de febrero.
Una denuncia de Ecologistas en Acción depositada el pasado jueves en dependencias judiciales contra el Gobierno regional y la Consejería de Medio Ambiente murciana relaciona las tierras vertidas en El Lirio con las que se utilizaron en 2017 en el sellado de Los Blancos.
“El análisis comparativo entre los antecedentes del sellado del vertedero Los Blancos y la noticia sobre la restauración de El Lirio”, reza el texto de la demanda, “demuestra una clara relación entre los materiales empleados en ambas capas de sellado”. “En los dos casos se suponía que debía utilizarse una tierra vegetal de primera calidad para garantizar una correcta restauración ambiental. Sin embargo, las investigaciones y análisis han evidenciado que, en lugar de tierra vegetal, se empleó material altamente contaminado con metales pesados y residuos industriales”, sostiene la confederación ambientalista.
En El Lirio, la promotora, directora y supervisora de las obras fue la Comunidad Autónoma, y la ejecución estuvo a cargo de Tragsa. Se gastaron 6,2 millones de euros procedentes de las arcas públicas.
